La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Quizás a muchas personas, la semana pasada, les haya pasado lo mismo que a mí: han tenido problemas para dormir y para levantarse de la cama por la mañana. ¿La “caló”? Tal vez. Pero en mi caso ha sido más la indignación por un nuevo paso en la progresiva destrucción del estado de derecho, de esa “orgullosa” democracia occidental que me enseñaron en la Facultad de Derecho.
Las élites mundiales (y nacionales) y sus gobiernos siguen con su plan suicida de desmantelamiento del limitado Estado del Bienestar que teníamos. Ante los continuos recortes sociales provocados por la estafa económica (también llamada crisis), la sociedad (también llamada “los radicales antisistema”) ha salido a la calle para mostrar su repulsa. En Grecia, la respuesta ha sido una pregunta, consultar al pueblo si quiere seguir pagando los desmanes de sus élites y sus corruptos gobiernos. Una auténtica afrenta a la “democracia”, un desafío “populista”.
“Ojo, que las urnas son peligrosas”, decía nuestra ministra de agricultura. La respuesta verdaderamente democrática, de un “país serio” (Rajoy dixit), es reprimir, atemorizar a las personas que protesten ante las políticas de austeridad y profundizar en la marginación de determinados colectivos sociales. A estos objetivos se dirige la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la reforma del Código penal. Las urnas son peligrosas para la democracia y la seguridad ciudadana se “protege” recortando los derechos y libertades públicas.
Se dice que las reformas parten de una demanda social, por la terrible inseguridad ciudadana que padecemos en España y para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, parece que a las personas corrientes nos preocupan más el paro, la corrupción, los problemas económicos, los partidos políticos y el gobierno, los problemas sociales, la educación o la calidad del empleo. Nuestro estado tiene los índices de criminalidad más bajos de la UE y sufrimos uno de los aparatos represivos más duros, con largas penas de prisión y una alta tasa de población penitenciaria. Y los derechos fundamentales no se garantizan recortando las posibilidades de su ejercicio ni sancionando sus manifestaciones públicas; ni siquiera un supuesto “uso excesivo” de un derecho fundamental debiera justificar su restricción cuando esto pueda desalentar el ejercicio legítimo del mismo en el futuro.
La ley mordaza refuerza enormemente el principio de autoridad, dando valor probatorio a las declaraciones y actas de la policía y usando conceptos indeterminados que permitirán una gran discrecionalidad en la aplicación. Se legalizan la “listas negras” de activistas en poder de la policía, las identificaciones preventivas y la retención en comisaría hasta 6 horas o las “devoluciones en caliente” de las personas inmigrantes. Y se aplaza el control judicial, sancionando con un procedimiento donde la Administración es juez y parte. Y es que este gobierno no sólo desconfía de la ciudadanía sino también de sus jueces pues, a veces, éstos se vuelven locos y deciden tener en cuenta los principios constitucionales y aplicar unas mínimas garantías formales.
Parece que el hijo del subinspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona durante el franquismo (también llamado Ministro del Interior) quiere volver a su tierna infancia y poder contar las batallitas que le contaba su padre. Si el 15M acampa en la calle, creamos una infracción para esto. Si se rodea el Congreso, otra infracción. Si se trata de parar pacíficamente un desahucio, otra. Si no se obedecen las órdenes de la policía o no se colabora con ellas o les faltamos al respeto (es que estos radicales son unos maleducados), pues más multas. Si intentamos informar o probar con imágenes o datos, la actuación de las fuerzas de seguridad, multa también para ti. Si protestamos ocupando nuestro lugar de trabajo o una oficina bancaria o de la Administración, otra más. Que los medios sacan otro nuevo caso de corrupción y salimos a la calle a protestar de forma espontánea, ¿dimite Rajoy?, no, mejor una multa.
Además, para los casos en que las autoridades no quieran recaudar dinero sino usar el instrumento más duro, el sistema penal, pues también se han realizado cambios en esta norma. Así ocurre, por ejemplo, con la incitación o la difusión pública de mensajes que refuercen la idea de producir altercados, es decir, las convocatorias por las redes sociales o los mensajes en una manifestación que la autoridad entienda que han provocado que luego ocurra algo que la autoridad entienda que es negativo para lo que la autoridad entienda que es la paz pública. Más peligroso aún es la excesiva amplitud del concepto de terrorismo y el exagerado adelanto de la frontera para punir, de manera que por la posesión de escritos o la visita a determinadas páginas de internet ya puedes ser un peligroso terrorista.
El otro pilar de estas reformas es la persecución y criminalización de colectivos marginalizados o molestos: consumo de drogas y alcohol, transporte para este consumo, prostitución, personas extranjeras. Dos ejemplos en el Código penal: delitos contra la propiedad de pequeña entidad, antes considerados faltas y sancionados con penas de 1 mes de multa, ahora, con la eliminación de las faltas y el juego de determinadas agravantes, podrían sufir hasta 5 años de prisión. El “top manta”, hasta dos años de prisión. Eso sí, eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social o defraudar a Hacienda sólo es delito si supera los 50 mil o los 120 mil euros respectivamente.
En definitiva, no nos encontramos ante unas leyes para proteger la seguridad ciudadana, sino contra la seguridad de la mayoría de las personas, debido al recorte de derechos y libertades que supone. El objetivo no manifiesto de la ley es el control de la disidencia política, la represión de la protesta social y la criminalización de determinados sectores sociales ya marginados por el sistema socio-económico vigente.
Quizás a muchas personas, la semana pasada, les haya pasado lo mismo que a mí: han tenido problemas para dormir y para levantarse de la cama por la mañana. ¿La “caló”? Tal vez. Pero en mi caso ha sido más la indignación por un nuevo paso en la progresiva destrucción del estado de derecho, de esa “orgullosa” democracia occidental que me enseñaron en la Facultad de Derecho.
Las élites mundiales (y nacionales) y sus gobiernos siguen con su plan suicida de desmantelamiento del limitado Estado del Bienestar que teníamos. Ante los continuos recortes sociales provocados por la estafa económica (también llamada crisis), la sociedad (también llamada “los radicales antisistema”) ha salido a la calle para mostrar su repulsa. En Grecia, la respuesta ha sido una pregunta, consultar al pueblo si quiere seguir pagando los desmanes de sus élites y sus corruptos gobiernos. Una auténtica afrenta a la “democracia”, un desafío “populista”.