La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular realizó una de las reformas más duras del Código Penal de nuestra historia. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón reintrodujo la cadena perpetua: una medida que, como recuerda en un excelente artículo Xabier Etxebarria, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en 1928, casi al final de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso no es nada extraño que haya sido el propio Ruiz-Gallardón quien haya afirmado desde la Fundación FAES que «se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología». La campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular para pedir la no derogación de la cadena perpetua a través de mociones en todos los Ayuntamientos del Estado le da la razón al exministro de Justicia: se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología.
En el mismo año en que se realizó la reforma del Código Penal desde APDHA lanzamos la campaña #NoALaPerpetua a la que ya se han sumado más de cien colectivos. Dentro de esta, una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo ha sido oponernos en todos los Ayuntamientos de Andalucía a las mociones presentadas por el Partido Popular. Lo hemos hecho interviniendo en el mismo Pleno, como ha sido el caso de Córdoba, donde se aprobó una moción para pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando la participación directa no ha sido posible hemos remitido nuestro argumentario a todas las agrupaciones municipales.
En Cádiz se ha conseguido que en los Ayuntamientos de la capital de la provincia, San Fernando, Chiclana, Barbate, Bornos, Medina y Conil se hayan derogado las mociones del grupo popular. Lo mismo ha ocurrido en Sevilla. También en Huelva. En Atarfe y Granada tampoco se aprobó la propuesta del Partido Popular, aunque en este último consistorio se llegó a votar hasta en dos ocasiones debido a la abstención de una concejala de la agrupación Vamos Granada. Incluso el Parlamento andaluz ha mostrado su rechazo.
La campaña emprendida por el Partido Popular, que ha aprovechado la indignación generada por el caso de Diana Quer, es el símbolo de un retroceso jurídico y social al que Ciudadanos no ha tardado en sumarse. A pesar de la oposición mostrada no sólo por la sociedad civil, sino también por más de 60 catedráticos de Derecho penal de todo el Estado, el partido de Mariano Rajoy ha propuesto ampliar a ocho supuestos la aplicación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, a Ciudadanos aún no le es suficiente. Lo han dicho con claridad sus representantes políticos: desean el “cumplimiento íntegro de las penas”, es decir, una prisión permanente... no revisable. Gonzalo Boye lo cuenta en este mismo periódico: las penas siempre se cumplen íntegramente.
Por otra parte, no hemos de olvidar que el posicionamiento mayoritario adoptado desde el ámbito jurídico para oponerse a la prisión permanente revisable está motivado por el principio de reinserción social del artículo 25 de la Constitución, o por la prohibición del uso de la tortura y el castigo mediante penas inhumanas o degradantes recogido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, entre otros tratados. En este punto, recordamos las palabras de Julián Ríos Martín, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, en el documental “No a la perpetua” en las que pone de manifiesto la ausencia de justificación jurídica de esta medida: “No sirve para nada. Es inútil. Las penas sirven en tanto en cuanto son proporcionadas, ajustadas, permiten un horizonte de libertad y se dotan de medios materiales y profesionales técnicos para intentar trabajar sobre el cultivo de las conductas delictivas que tienen que ver con cuestiones educativas, pobreza… En definitiva, solamente sirve un derecho penal y sirve una pena en la medida que hay medidas de justicia social fuera para prevenir”.
Sin embargo, hemos visto durante estos días un rechazo ascendente y continuo a la posible derogación de esta figura punitiva por parte de la ciudadanía, encabezada por familiares de víctimas de gravísimos y mediáticos crímenes. Este posicionamiento se ha dado por un aprovechamiento populista del Partido Popular que, nada más lejos de la realidad, ha situado a esta institución como el instrumento clave de la seguridad y la salvaguarda de la ciudadanía.
Numerosos estudios, estadísticas y datos procedentes de organismos e instituciones oficiales, tanto nacionales como comunitarias, revelan que nuestro país no tiene un problema con la ausencia de punitivismo; más bien al contrario. Aun siendo uno de los Estados con el índice más bajo de criminalidad, portamos uno de los más altos en población presa. Aunque la ciudadanía piense que tenemos un sistema laxo, tenemos uno de los índices más altos de rigor punitivo, así como de cumplimiento de las penas.
Con ello, insistimos una vez más en la importancia de la cuestión reinsertadora, pues nuestro sistema penal se fundamenta no como un instrumento retributivo de los crímenes, sino como un instrumento de ordenación de la sociedad; un instrumento que garantice la unión entre el sujeto y la sociedad por medio de la reinserción. Por todo ello, desde APDHA, decimos no a la perpetua.
Francisco Miguel Fernández Caparrós y José Antonio Imbernón Paniagua,
Área de cárceles de APDHA
En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular realizó una de las reformas más duras del Código Penal de nuestra historia. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón reintrodujo la cadena perpetua: una medida que, como recuerda en un excelente artículo Xabier Etxebarria, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en 1928, casi al final de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso no es nada extraño que haya sido el propio Ruiz-Gallardón quien haya afirmado desde la Fundación FAES que «se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología». La campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular para pedir la no derogación de la cadena perpetua a través de mociones en todos los Ayuntamientos del Estado le da la razón al exministro de Justicia: se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología.
En el mismo año en que se realizó la reforma del Código Penal desde APDHA lanzamos la campaña #NoALaPerpetua a la que ya se han sumado más de cien colectivos. Dentro de esta, una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo ha sido oponernos en todos los Ayuntamientos de Andalucía a las mociones presentadas por el Partido Popular. Lo hemos hecho interviniendo en el mismo Pleno, como ha sido el caso de Córdoba, donde se aprobó una moción para pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando la participación directa no ha sido posible hemos remitido nuestro argumentario a todas las agrupaciones municipales.