La elección directa de los alcaldes: un debate de hace más de 10 años y con opiniones cambiantes

El debate sobre la elección directa de los alcaldes no es nuevo. Sólo ha cambiado el escenario, y por consiguiente, la postura que han mantenido los dos partidos mayoritarios en torno a esta fórmula: no tienen problema en decir hoy lo contrario a lo que mantenían hace unos años. Estos días, el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto de nuevo la discusión -de manera muy ambigua y sin una propuesta sobre la mesa- pero a este debate le preceden dos documentos que en su día presentó el PSOE y que incluso dio a conocer entre los principales afectados: los munícipes a través de las federaciones de municipios y provincias.

El primero que hizo una propuesta firme fue el añorado consejero de Gobernación de Andalucía, Alfonso Perales, que la lanzó en 1998 -un año antes de las elecciones municipales de 1999 pese a que ahora se le achaque a los populares que lo han hecho ante la cercanía de las previstas en 2015- y llegó a incluirla en el documento Propuestas para el desarrollo de la cooperación municipal en la comunidad autónoma de Andalucía, presentado en 2001 (ecuador de mandato). En uno de los paquetes de medidas se incluían las propuestas de apoyo a la gobernabilidad local con dos puntos: pacto sobre transfuguismo y elección directa del alcalde. En concreto, el documento proponía “a través del Parlamento de Andalucía, aprobar una iniciativa que inste a las Cortes Generales a una modificación del régimen electoral municipal a fin de regular la elección directa del alcalde como medida de apoyo a la gobernabilidad local y de garantía de la participación política en la esfera local”.

Esta iniciativa nunca llegó a aprobarse, pese a que presentó el documento en un pleno del Parlamento de Andalucía ese año. Fue en una comparecencia para informar sobre la aplicación del Pacto Local en Andalucía a petición del PP-A. Alfonso Perales planteó en su intervención una serie de propuestas que ya había discutido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que habían quedado recogidas en el mencionado documento. Reconocía entonces que era una propuesta suya, la de la “fórmula para abordar, con los partidos, la elección directa del alcalde”, y admitía que era “controvertida” y “no compartida por otras formaciones”.

Sin embargo, abogaba por “abrir el debate en Andalucía sobre la mejora de las fórmulas de representación política”, tal y como figura en el acta acta de dicho pleno. También precisaba que si no había consenso no tenía sentido. Se remitía a fórmulas como la italiana o francesa como casos de éxito con aumento de la participación del electorado y otras menos fructíferas, como la portuguesa, todas ellas de elección directa. La propuesta se había presentado a la FAMP en 1998, con 21 medidas para potenciar el papel de las administraciones locales. Un año después, en 1999, la defendería incluso en el Congreso de los Diputados.

Entonces la propuesta no fue bien acogida por el PP, que veía detrás el afán del PSOE por no perder su dominio en los municipios, cuando todavía controlaba capitales de provincia en Andalucía y arrasaba en el resto de municipios de la región, pero ya se barruntaba un cambio de tendencia. Tampoco la recibió de buen grado IU. Su entonces coordinador regional Diego Valderas, ahora consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales en Andalucía, hablaba de que se rompía el consenso constitucional y se ponía en peligro el sistema proporcional donde se garantizaba “la pluralidad”. Entonces el PSOE e IU no eran socios como ahora del Gobierno de Andalucía, pero sí tenían un acuerdo de gobernabilidad para pactar en los consistorios.

Finalmente, el PSOE terminaría incluyendo la propuesta en sus programas electorales para las municipales de 2003 y las generales de 2004, hasta que en 2005, con Jordi Sevilla de ministro de Administraciones Públicas, se metió en el conocido como Libro blanco para la reforma local, donde también se abogaba por un sistema de segunda vuelta para la elección directa de alcaldes, en aquellos supuestos de consistorios en los que no se alcancen mayorías absolutas en la primera. Se defendía que era el sistema más común y “dominante” citándose como ejemplos Francia, Grecia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Bélgica… Previamente, en comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, prometía que el desarrollo de la autonomía local que se estaba perfilando “no era segunda descentralización, sino el establecimiento de un auténtico y genuino gobierno local, que permita la toma de decisiones en un marco esencialmente político”.

Cuestión de oportunidad política

Cuando el PP ha venido a plantear la cuestión ahora, a 10 meses de las próximas municipales, no sólo ha dado un giro en su postura hasta el momento, sino que se ha encontrado con que el PSOE no está por la labor. No es que se oponga abiertamente -no llega la contradicción hasta ese extremo- sino que, sobre todo, no le gustan las formas ni los tiempos. “No es posible hacerlo sin acuerdo y no es posible hacerlo a pocos meses de las municipales”, ha dicho el todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En términos parecidos se ha expresado la secretaria general del PSOE-A y referente en su partido, Susana Díaz, para quien la reforma electoral que lo haga posible “tiene que ser de una mayoría del arco parlamentario y no puede ser fruto de la voluntad política de un gobierno, adoptada en un campamento de verano del PP, y que a la vuelta del verano plantee el rodillo en el Congreso de los Diputados”.

¿Qué ha cambiado entre el momento en que lo proponía el PSOE y cuando lo propone el PP? Básicamente que a los que ahora les interesa más es a los populares, que ven que sus resultados en 2015 podrían hacerles perder algunas alcaldías importantes en función de pactos con IU -que sí ha mantenido la misma postura contraria siempre- y formaciones de nuevo cuño y sobre todo de izquierdas -Podemos, Equo, Partido X...- que pueden ser llave de gobierno. De hecho, en su postura en contra, los socialistas han insistido en que lo que hay detrás del anuncio del PP es el “miedo a perder muchas mayorías absolutas”. Otra cosa es que los dos partidos mayoritarios son los que pueden tener más interés en que esta fórmula termine saliendo adelante como garantía de supervivencia de un bipartidismo enfrentado cada vez a más riesgos. Y que, como decía Alfonso Perales, esta medida que defendía para “devolver la soberanía a los electores” terminará estableciéndose “antes o después”.