El embrollo legal de la coalición Por Andalucía pone en riesgo la financiación pública de su campaña electoral

Los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía no sólo se disputan el mismo espacio político, sino algo tan prosaico como el dinero con el que van a afrontar sus campañas en las elecciones del 19 de junio; el tiempo que van a ocupar en la cobertura de campaña en los medios de comunicación públicos y hasta el puesto en los debates televisados entre candidatos (todo ello controlado por la Junta Electoral Andaluza).

A pesar de los continuos llamamientos al pacto de no agresión entre las izquierdas, Podemos, IU y la coalición que encabeza Teresa Rodríguez –Adelante Andalucía– están abocados a pelear por la financiación y por la visibilidad que compartían hace sólo tres años, cuando formaban parte del mismo proyecto y concurrieron juntos a las elecciones de 2018.

El pasado lunes, la Junta Electoral de Andalucía dictó una instrucción para fijar el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido y cada coalición en las elecciones del 19J: un máximo de 3,8 millones de euros para todos. Las formaciones que actualmente tienen representación en el Parlamento podrán repartirse esa cantidad en concepto de anticipo de las subvenciones electorales para financiar sus campañas.

Una compleja ecuación

La asignación que le corresponde a cada uno depende de una compleja ecuación, pero el límite de lo que cada partido puede pedir como anticipo al Parlamento lo establece, entre otras cosas, el resultado que obtuvieron en las últimas elecciones andaluzas, el 2 de diciembre de 2018: computa tanto el número de votos como el número de diputados por provincia.

El PSOE, que hace tres años logró 33 escaños, es el que más dinero puede pedir; y Vox, con 12, el que menos. Depende de cada partido la decisión de apurar al máximo el anticipo que le corresponde o de pedir menos, porque tras el 19J tendrán que devolver lo adelantado con las subvenciones que hayan conseguido en función del nuevo resultado en las urnas. Si sacan menos escaños de lo previsto en campaña, la deuda a devolver será mayor.

En 2018, Podemos e IU se presentaron juntos en la coalición Adelante Andalucía, que implosionó a mitad de legislatura por las cuitas internas, con la expulsión de Teresa Rodríguez y otros 10 diputados, acusados de “tránsfugas”, y el cambio de nombre del grupo parlamentario, que pasó a llamarse Unidas Podemos. Adelante Andalucía vuelve a competir en los comicios del 19J con la misma candidata –Rodríguez–, pero integrada por partidos distintos.

Podemos e IU ya no forman parte de esa coalición, sin embargo, son deudores del resultado electoral que logró en 2018. En consecuencia, van a reclamar a la Junta Electoral el anticipo del dinero correspondiente –17 diputados y 584.000 votos– para sufragar su próxima campaña, esta vez, bajo una nueva alianza llamada Por Andalucía.

El anticipo de subvenciones de 2018 para Adelante Andalucía ascendió a 432.929,93 euros, según el informe de la Cámara de Cuentas de aquel año. Sería el presupuesto límite estimado que están manejando Podemos e IU para esta campaña, aunque aquel se hizo sobre un resultado mucho más óptimo que el que auguran las encuestas a las izquierdas este año [20 escaños entre Podemos e IU en las elecciones del año 2015]. “Para la determinación del anticipo correspondiente a Adelante Andalucía se han adicionado los adelantos de IU (313.078,90 euros) y de Podemos (119.851,03 euros)”, reza el informe de la Cámara de Cuentas de 2018.

Debate en RTVE y Canal Sur

Esos fondos, previsiblemente, también los va a pelear Teresa Rodríguez en nombre de Adelante Andalucía. La gaditana ha registrado la marca como coalición para las andaluzas, y no como partido político –que también tiene en el registro del Ministerio de Interior–, porque sus asesores jurídicos creen que así podrá reivindicar a la Junta Electoral derechos adquiridos por la coalición de 2018.

No tanto por el dinero, “que es más arriesgado, porque si no sale un buen resultado, puede causar una deuda grave”, sino por tener espacio propio en la cobertura mediática de la campaña en las radios y televisiones públicas de Andalucía. Tanto RTVE como Canal Sur ya han invitado a los principales partidos al debate entre candidatos, incluida Teresa Rodríguez. El equipo de la gaditana hará una campaña de bajo coste, apoyada en aportaciones de simpatizantes (no superiores a 10.000 euros por persona, según la LOREG).

Es la Junta Electoral Andaluza, formada por cuatro juristas y tres profesores de Derecho Constitucional, la que se enfrentará en los próximos días a este embrollo sin precedentes. Ellos deben decidir si el anticipo electoral le corresponde a la coalición Adelante, registrada por Rodríguez, o a los socios fundadores de aquella confluencia, Podemos e IU, que ahora militan en otra.

La exclusión de Podemos

Pero el croquis es aún más complicado con el accidentado nacimiento de la marca Por Andalucía: Podemos e IU son nuevamente aliados en estas elecciones, pero la complicada negociación ha hecho que la nueva confluencia de izquierdas tenga mermadas sus posibilidades de acceder al anticipo de las subvenciones para sufragar la campaña. IU es parte legal de la coalición, inscrita ante la Junta Electoral la noche del viernes, tres minutos antes de que expirara el plazo legal. Pero Podemos no. Los morados apuraron hasta el final la negociación para lograr más contrapartidas en el reparto de cargos, candidaturas y fondos, y se quedaron fuera del registro.

No está nada claro que Podemos, sin ser parte legal de la nueva confluencia, pueda reclamar el dinero que le corresponde en función del resultado que obtuvo en 2018 como miembro fundador de Adelante Andalucía. Entonces estaban juntos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Ahora, Podemos e IU tienen un acuerdo político, pero los morados no forman parte jurídica de la confluencia.

Los seis partidos de izquierdas que conforman Por Andalucía –IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde– se han presentado públicamente este miércoles en Sevilla, arropando a su candidata, la diputada de IU Inmaculada Nieto. Juntos han lanzado el mensaje de que “el consenso político es irreversible” y se han lanzado a la precampaña mientras, en paralelo, los asesores jurídicos de los seis partidos tratan de resolver los flecos sueltos, que son relevantes: el encaje legal de Podemos y Alianza Verde dentro de la coalición, el reparto de la financiación, el reparto de las candidaturas en las ocho provincias –que deben registrarse antes del 16 de mayo– y el reparto de los cargos en el Parlamento y en los órganos de extracción parlamentaria.

Una vía para financiar el grupo parlamentario

El principal escollo ahora es el escenario preelectoral, esto es, cómo abordar la campaña, con qué dinero. En este debate están sólo los socios mayoritarios –Podemos e IU– que son los que asumirán más gastos, porque son los únicos con acceso al anticipo de las subvenciones. En el acuerdo privado al que llegaron in extremis el pasado viernes resolvieron financiar la campaña al 50%, ¿pero el 50% de cuánto? ¿Cuánto dinero pueden pedir al Parlamento? ¿Puede IU pedir el máximo que le correspondería a Adelante Andalucía por haber formado parte de esta coalición en 2018?

¿Puede Podemos reclamar ese dinero sin ser miembro legal de Por Andalucía? ¿Bastaría con que sus diputados figuren en sus listas como independientes? La Junta Electoral de Andalucía tiene un sudoku complicado por resolver. Puede otorgar a la coalición Por Andalucía el anticipo proporcional a los 17 diputados que logró Adelante –una cuantía máxima que rondaría los 500.000 euros–, o puede darle sólo lo correspondiente a los seis escaños de IU (los que quedaron en el grupo tras la expulsión de los 11 diputados originariamente de Podemos, incluida la propia Teresa Rodríguez), perdiendo el 64,7% de las subvenciones electorales previstas para la campaña.

Los socios están estudiando ahora la mejor fórmula que llevarán ante la Junta Electoral. Y la decisión de esta influirá en los siguientes escenarios de la negociación, los postelectorales, que también pasan por el dinero: el Parlamento tiene muy tasados y controlados los fondos que entrega a los partidos políticos. Podemos, en tanto no es miembro legal de la coalición, no tiene acceso directo a los recursos parlamentarios, porque de hacerlo podría ser impugnado por el Tribunal de Cuentas.

Una de las fórmulas que se baraja para sortear ese escollo es la que ya usó Podemos Andalucía en 2015, cuando entró por primera vez al Parlamento andaluz con 15 diputados. Podemos Andalucía, como partido, no tenía CIF propio –dependía de la formación estatal– y para manejar sus fondos con independencia y agilidad registró un CIF en nombre del grupo parlamentario Podemos Andalucía. La nueva coalición podría hacer lo mismo, centralizar en el grupo todos los fondos que le correspondan y luego repartirlos en función de sus acuerdos políticos, siempre en el marco de la ley: contratar a los asesores y asignarlos a los diputados de Podemos, de IU, de Más País...

Decidir de forma mancomunada cómo gastar en actividades, reuniones, viajes de trabajo... Pero costear la sede de cada partido sería más complicado. Podemos Andalucía abrió su propia sede en Sevilla con fondos del Parlamento, pero oficialmente constaba como la sede del grupo parlamentario, no del partido. Con la fórmula de un CIF en nombre del grupo parlamentario la formación morada tendría más margen de maniobra y capacidad de decisión, pero siempre limitada. Por ejemplo, no podría usar los fondos del grupo Por Andalucía para mantener una sede de Podemos. Sería, en ese caso, la sede de toda la coalición y con acceso a todos sus integrantes.