En 2005, España sorprendió al mundo siendo el tercer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue un pequeño cambio en el código civil, apenas una frase con un potente valor jurídico y un inmenso valor simbólico, con el que nuestro país abrió una senda por la que han seguido otras leyes y disposiciones que han permitido avanzar en la conquista y consolidación de los derechos de la población LGBTI+, todas bajo gobiernos socialistas, en solitario o en coalición.
Estos avances jurídicos también han propiciado la inclusión social de la diversidad sexual y genérica: distintos estudios han confirmado que España es uno de los países con más población favorable a que las personas LGTBI+ gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. No es de extrañar que se haya convertido en un referente mundial en esta materia y que haga ya décadas que la celebración del Orgullo en nuestro país haya dejado de ser del “colectivo” para pasar a ser asumida por una gran mayoría social.
Sin embargo, este sentir social tan mayoritario de apoyo a la causa LGTBI+ puede llevar asociados dos tipos de riesgo. El primero de ellos deriva de asumir que todo está conseguido y la desmovilización consiguiente de recursos. La realidad es que los datos de un estudio internacional han reflejado que en España, en los últimos años, se han incrementado un 130% los discursos de odio LGTBI-fóbico. Estos discursos crean el caldo de cultivo que justifica y legitima los delitos de odio: un informe del Ministerio del Interior evidencia que también se han incrementado las agresiones contra personas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género, y una encuesta reciente demuestra que una de la cada dos personas del colectivo las ha sufrido en el último año. Por tanto, queda mucho por hacer.
El segundo riesgo es la instrumentalización de la causa LGTBI+ que pueden hacer instituciones públicas o empresas privadas. Se denomina con el término inglés pinkwashing al uso de la bandera arcoiris u otros símbolos históricos del movimiento LGTBI+ para obtener beneficios económicos o reputacionales, sin desarrollar ninguna medida que mejore realmente las condiciones de vida de ese colectivo. Este fenómeno es muy observable en las campañas en torno a la celebración del Orgullo de grandes cadenas alimentarias o textiles, o en las de algunas administraciones.
Permítasenos ahora mirar la realidad de Sevilla y su administración local e intentar ejemplificar estos procesos. Nuestra ciudad había venido siendo referente durante años en el ámbito de la inclusión y defensa de los derechos LGTBI+, pero mucho nos tememos que esta situación está cambiando. Una mirada a lo que ha ocurrido en la ciudad desde la anterior celebración del Orgullo nos ha hecho ponernos en alerta por lo que suponen de evidencias de LGTBI-fobia:
El sentir social tan mayoritario de apoyo a la causa LGTBI+ puede llevar asociados dos tipos de riesgo. El primero deriva de asumir que todo está conseguido. El segundo riesgo es la instrumentalización de la causa LGTBI+ que pueden hacer instituciones públicas o empresas privadas
En estas circunstancias, cualquier Gobierno municipal estaría preocupado por la situación y pondría en marcha estrategias para revertirla. Analicemos qué ha hecho el gobierno del Partido Popular en Sevilla en materia de extensión y consolidación de los derechos LGTBI+ a lo largo de este primer año de mandato:
En síntesis, el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla está envolviéndose en la bandera arcoiris sin haber mostrado apuesta alguna por la extensión y consolidación de los derechos de la población LGTBI+, en un ejemplo de pinkwashing de manual. Esta ausencia de compromiso real no sólo es una burla al colectivo, sino que también puede incrementar los riesgos para esta población, ya que su acción (o inacción) de gobierno está llevando a la reducción de los recursos preventivos de la LGTBI-fobia en las escuelas, a la falta de dispositivos de atención a la población o la ausencia de formación de los empleados municipales. Por tanto, necesitamos menos banderas y más compromiso con la causa de los derechos LGTBI+ que, no lo olvidemos, son derechos humanos.
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