Cambiar de nombre para privatizar mejor

En el nuevo organigrama del Gobierno de la Junta de Andalucía, Educación estrena nombre y pasa a llamarse Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dentro de la cual está la Dirección General de Planificación y Centros, a la que le han añadido un nuevo apellido: Enseñanza Concertada. No se trata de un ataque de creatividad veraniega, sino de la proclamación, vía nomenclátor, de los planes para el futuro de la educación en Andalucía del PP, tras su mayoría absoluta.

Que la consejería sea de “desarrollo educativo”, de manos de un partido y una opción ideológica que identifica desarrollo con lo que llaman “iniciativa privada”, es decir privatización y enriquecimiento empresarial, da algunas pistas. Que además la Formación Profesional aparezca en la propia denominación de la consejería, separadamente del resto de enseñanzas –¡como si la FP no fuera educación!– teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de las empresas dedicadas a este sector en la última legislatura, no deja ya lugar a muchas dudas.

Por si fueran pocas las pistas que ofrece el cambio de denominación de la consejería, su Dirección General de Planificación y Centros incluye ahora específicamente en su título a la enseñanza concertada. Cambia el nombre, pero no su responsable: José María Ayerbe está al frente de esta dirección general desde antes del gobierno de PP-Ciudadanos, se mantuvo con Imbroda (fundador de MEDAC, empresa dedicada a la FP que bajo su mandato multiplicó su valor por tres, ¡menuda casualidad!) y continúa ahora con el Gobierno de la mayoría absoluta del PP.

A lo largo de estos años, Ayerbe ha sido el responsable directo de la aplicación del infame Decreto 21/2020, el decreto de escolarización de Andalucía. Este decreto obliga a los colegios e institutos públicos a llegar al número máximo de matrículas permitidas por la ley para conservar una clase. Para que un colegio mantenga una clase, deben matricularse 25 niños y niñas, ni uno menos, pues en caso contrario la unidad escolar será suprimida y el alumnado desplazado a otros centros. Esta práctica ha provocado la supresión de 1.181 clases públicas solo en la anterior legislatura.

El director general ahora lleva a gala en el título de su cargo lo que hasta ahora hacía con cierto disimulo: el impulso a la enseñanza privada como apuesta confesa del Gobierno andaluz, en detrimento de la educación pública

El mismo decreto, aplicado con mano de hierro por Ayerbe, destina recursos de educación especial solo a determinados centros, obligando a las niñas y niños con necesidades especiales a desplazarse a los mismos, en lugar de destinar recursos allí donde este alumnado lo necesita. Pero la gran novedad del decreto de escolarización vigente fue la extensión de las zonas de influencia de los centros concertados que pasó a abarcar localidades enteras, garantizando que todas las zonas de escolarización incluyeran, al menos, un centro privado sostenido con fondos públicos.

Lo primero que hizo Ayerbe cuando lo nombraron director general, tanto en 2017 como en 2019, fue reunirse con la patronal de la enseñanza concertada católica. No sabemos lo que se planteó en esas reuniones, pero sí conocemos las consecuencias: 1.181 clases menos en la red de centros públicos y el mayor presupuesto de la historia para la enseñanza concertada en Andalucía, 879 millones de euros. Por supuesto, los responsables políticos de todo ello son el Gobierno de la Junta y quienes lo sostienen, pero quien ha aplicado el plan ha sido José María Ayerbe, que ahora lleva a gala en el título de su cargo lo que hasta ahora hacía con cierto disimulo: el impulso a la enseñanza privada como apuesta confesa del Gobierno andaluz, en detrimento de la educación pública.

Cambian la denominación de la consejería que debía ser de Educación y de sus direcciones generales. Continúan y se intensifican las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz. Se mantienen también muchos de sus responsables. Quienes, desde dentro, defendemos la educación pública ya sabíamos a qué nos enfrentamos, ahora ya lo sabe todo el mundo. Toca pelear.

En el nuevo organigrama del Gobierno de la Junta de Andalucía, Educación estrena nombre y pasa a llamarse Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dentro de la cual está la Dirección General de Planificación y Centros, a la que le han añadido un nuevo apellido: Enseñanza Concertada. No se trata de un ataque de creatividad veraniega, sino de la proclamación, vía nomenclátor, de los planes para el futuro de la educación en Andalucía del PP, tras su mayoría absoluta.

Que la consejería sea de “desarrollo educativo”, de manos de un partido y una opción ideológica que identifica desarrollo con lo que llaman “iniciativa privada”, es decir privatización y enriquecimiento empresarial, da algunas pistas. Que además la Formación Profesional aparezca en la propia denominación de la consejería, separadamente del resto de enseñanzas –¡como si la FP no fuera educación!– teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de las empresas dedicadas a este sector en la última legislatura, no deja ya lugar a muchas dudas.