La ley contra la violencia y la discriminación al colectivo LGTBI, el PSOE y el totalitarismo invertido

El pasado mes de julio, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía registró en el Parlamento de Andalucía una ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI. Fue un trabajo coral de meses que el grupo realizó con muchos colectivos LGTBI implantados en Andalucía, después de que nos informasen de la necesidad urgente de que se elaborase una, debido a los procesos de violencia y discriminación que sufren en todos los ámbitos. Nuestro grupo, en ningún momento, hizo distingos entre los colectivos ni la militancia o tendencia política de sus integrantes.

La ley que presentamos es una ley pionera porque trata de manera conjunta e integral las diferentes identidades sexuales y de género, ya que abarca diferentes ámbitos de la realidad como la educación, la salud, el ocio, la seguridad, la universidad, la familia… Además es la primera ley que introduce un régimen sancionador para combatir actitudes de discriminación o agresión por casa de orientación sexual o identidad de género. Y, por otra parte, crea organismos que aseguren el cumplimiento y el seguimiento de lo dispuesto en la Ley. Pero lo más importante, para nuestro grupo, era mostrar la capacidad de la sociedad civil organizada para, como conocedoras reales de las situaciones que viven, participar de manera decisiva en la elaboración del cuerpo jurídico cuya influencia van a notar de manera muy directa en su vida diaria.

Hace pocos días, el PSOE presentó una ley también sobre el mismo tema que demuestra muchas cosas de la realidad política que existe hoy en Andalucía: las tendencias totalitarias que el PSOE muestra en Andalucía fruto de sus casi cuarenta años de gobierno, llegan a extremos, por un lado, muy preocupantes y, por otro, sonrojante y risible.

Los diferentes gobiernos andaluces han ido avanzando en la desmovilización de la ciudadanía promoviendo la disolución de la democracia, a la cual sólo se cita en los períodos electorales, buscando el apoyo de la gente, pero luego evitando que participen en el gobierno. Quieren una sociedad y una ciudadanía sin conciencia social ni política, que dejen el campo libre para que lo que ahora, de manera desacertada, se llama “clase política”, tenga las manos libres para que el Estado se oriente de manera más clara hacia el mercado. La precariedad laboral, la inseguridad en el mantenimiento del empleo, la falta de garantías en la consecución de los derechos…, es decir, lo que Sheldon Wolin llama totalitarismo invertido.

En palabras del propio Wolin: “los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”. No hay mejores palabras para expresar lo que ocurre hoy en España y en Andalucía con el bipartidismo dominante.

Es una maquinaria engrasada por los medios de comunicación, cada vez concentrados en menos manos y más poderosas, que censuran, manipulan, ocultan la verdad y defienden los intereses de los ricos y poderosos.

Y ese es el miedo que tiene: que la ciudadanía, los colectivos organizados, la gente normal y corriente, se tome la molestia de preocuparse por lo que les afecta y participen en política. Y más aún les molesta que exista un grupo político que muestre bien a las claras que eso es posible, que se puede colaborar entre grupos de personas y entidades diferentes que buscan objetivos comunes y que mejoran la vida de la gente.

Estas tendencias totalitarias del PSOE en Andalucía se manifiestan de múltiples maneras en el ámbito parlamentario, unas más serias, como su  control exhaustivo que se hace en la Mesa del Parlamento y en las Mesas de las Comisiones donde tienen mayoría, de las iniciativas que se plantean, gracias a ese socio dócil y sumiso que es Ciudadanos. Pero esta última muestra es, en sus formas y contenidos, además, ridícula y sonrojante, como decíamos más arriba. Un PSOE, agotado e impotente para mostrar iniciativa alguna para mejorar la vida de las andaluzas y andaluces, fundan una nueva técnica legislativa, basada en copiar, pegar y recortar (a esto ya se acostumbraron y lo hacen por inercia), las iniciativas de otros grupos de manera burda y tiene que seguir la estela que marca otro partido que se muestra mucho más eficaz y sensible en el conocimiento de las necesidades y demandas de la sociedad que nos envuelve.

El pasado mes de julio, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía registró en el Parlamento de Andalucía una ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI. Fue un trabajo coral de meses que el grupo realizó con muchos colectivos LGTBI implantados en Andalucía, después de que nos informasen de la necesidad urgente de que se elaborase una, debido a los procesos de violencia y discriminación que sufren en todos los ámbitos. Nuestro grupo, en ningún momento, hizo distingos entre los colectivos ni la militancia o tendencia política de sus integrantes.

La ley que presentamos es una ley pionera porque trata de manera conjunta e integral las diferentes identidades sexuales y de género, ya que abarca diferentes ámbitos de la realidad como la educación, la salud, el ocio, la seguridad, la universidad, la familia… Además es la primera ley que introduce un régimen sancionador para combatir actitudes de discriminación o agresión por casa de orientación sexual o identidad de género. Y, por otra parte, crea organismos que aseguren el cumplimiento y el seguimiento de lo dispuesto en la Ley. Pero lo más importante, para nuestro grupo, era mostrar la capacidad de la sociedad civil organizada para, como conocedoras reales de las situaciones que viven, participar de manera decisiva en la elaboración del cuerpo jurídico cuya influencia van a notar de manera muy directa en su vida diaria.