Es más eficaz hacer cumplir las leyes de igualdad, que aprobar unas nuevas

Desde que entró en vigor la Ley de Igualdad Salarial el 14 de abril de 2021, los asesoramientos de UGT a empresas, aquí en Andalucía, se han incrementado exponencialmente. Esa Ley estatal obliga a las empresas a tener un registro retributivo, una auditoría de salarios, una Valoración de Puestos de Trabajo y, lo que no se cumple casi nunca, el derecho a la información a los delegados y a las personas trabajadoras de cuánto perciben los que realizan su misma labor.

Pero cuando realmente se produjo el incremento de solicitudes de asesoramiento, hasta un 500%, fue antes, con el Real Decreto Ley 6/2019 que estableció la obligatoriedad en las empresas de más de 50 trabajadores de tener planes de igualdad. UGT atiende con sus medios propios, técnicos y técnicas cuyos salarios los pagan las cuotas de los afiliados, pero para hacer cumplir las normas harían falta muchos más empleados públicos: especialistas en igualdad, inspectores, y un acuerdo de participación institucional con los agentes sociales, que permita hacer efectiva esa estructura jurídica.

El Pacto Andaluz por la Igualdad de Género concluyó en la Ley andaluza 9/2018 para la promoción de la igualdad de género. Una norma positiva si pudiera aplicarse, porque en los Presupuestos de la Junta de 2023 no cuenta con ninguna partida presupuestaria

Igual ocurre con las normativas en Andalucía. El Pacto Andaluz por la Igualdad de Género concluyó en la Ley andaluza 9/2018 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Una norma muy positiva, si pudiera aplicarse, porque en los Presupuestos de la Junta de 2023 no cuenta con ninguna partida presupuestaria.

Bienvenida sea la Ley de Paridad, impulsada por el Gobierno central que, por cierto, adelantó el Consejo de la UE en una directiva a finales de 2022, y que será de obligado cumplimiento en 2026, pero hoy en día, lo más importante, es hacer que se cumplan las normas ya existentes.

Este 8 de marzo, UGT quiere poner el acento en la necesidad de tomar medidas para que los cambios económicos, tecnológicos y sociales, no aumenten todavía más las desigualdades que sufre la mujer. La ONU celebra este año el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género”. Un mensaje, en línea con la concienciación que el sindicato viene desarrollando en los últimos años, para alertar contra esta nueva forma de desigualdad. Desde UGT Andalucía llevamos años defendiendo que las jóvenes estudien profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas).

Los avances en digitalización demuestran que cualquier evolución tecnológica exige una mirada de género. Basta con analizar la discriminación que suponen las nuevas formas de contratación o de promoción en las empresas, utilizando sistemas logarítmicos.

De no ser así, los progresos tecnológicos, no solo no ayudarán a la igualdad de oportunidades, sino que acabarán perjudicando a las mujeres, y perpetuando estereotipos discriminatorios.

El lema del manifiesto conjunto, este año, es “8M, Igualdad o Conflicto, Unidas ganamos todas”; desde el que exigimos la igualdad efectiva en las empresas de mujeres y hombres, que puede conseguirse con la estructura jurídica ya existente, si se aplica con efectividad; bienvenida sea la nueva Ley de Paridad, pero lo importante es que las leyes, que ya hay, se apliquen: las leyes de igualdad; la orden de igualdad salarial; los planes de igualdad en empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y que se suban los salarios, a todas y a todos.

La Reforma Laboral ha mejorado las condiciones de muchos trabajadores, pero especialmente de las trabajadoras, que partían de situaciones peores, sobre todo en el tipo de contrato, temporales, y con reducción de jornada forzosa

La subida del SMI a 1.080 euros también ha sido un paso fundamental para reducir la brecha de género, aunque no veremos sus efectos con datos reales hasta dentro de dos años. De hecho, el informe de brecha que presentamos en UGT hace dos semanas, en referencia a los datos de 2020, concluye que la pandemia evitó que la brecha siguiera disminuyendo, en Andalucía, a pesar de la subida del SMI, debido a la mayor implicación de las mujeres trabajadoras en los cuidados familiares y del hogar. En Andalucía, subió en medio punto, hasta el 21,3%, mientras que en España bajó hasta el 18,7%. Las mujeres cobramos 5.200 euros menos, de media, que los hombres.

La Reforma Laboral ha mejorado las condiciones de muchos trabajadores, pero especialmente de las trabajadoras, que partían de situaciones peores, sobre todo en el tipo de contrato, temporales, y con reducción de jornada forzosa.

Desde UGT reivindicamos medidas laborales muy concretas que ayudarían mucho a la igualdad efectiva en las empresas. Por ejemplo, que se estableciera una delegada de igualdad, que vigilara por el cumplimiento de las normas. La jornada de 32 horas semanales, también ayudaría a la conciliación laboral y familiar de mujeres y hombres, y sería un incentivo a la igualdad de oportunidades.

UGT es un sindicato feminista, implicado en la lucha por la igualdad, y este 8M nos manifestaremos por la mañana, junto a CCOO, en las principales ciudades de Andalucía y de España, y por la tarde apoyaremos las manifestaciones organizadas por los movimientos feministas.

Desde que entró en vigor la Ley de Igualdad Salarial el 14 de abril de 2021, los asesoramientos de UGT a empresas, aquí en Andalucía, se han incrementado exponencialmente. Esa Ley estatal obliga a las empresas a tener un registro retributivo, una auditoría de salarios, una Valoración de Puestos de Trabajo y, lo que no se cumple casi nunca, el derecho a la información a los delegados y a las personas trabajadoras de cuánto perciben los que realizan su misma labor.

Pero cuando realmente se produjo el incremento de solicitudes de asesoramiento, hasta un 500%, fue antes, con el Real Decreto Ley 6/2019 que estableció la obligatoriedad en las empresas de más de 50 trabajadores de tener planes de igualdad. UGT atiende con sus medios propios, técnicos y técnicas cuyos salarios los pagan las cuotas de los afiliados, pero para hacer cumplir las normas harían falta muchos más empleados públicos: especialistas en igualdad, inspectores, y un acuerdo de participación institucional con los agentes sociales, que permita hacer efectiva esa estructura jurídica.