Muface, un privilegio de algunos funcionarios que no se debe mantener

Ante todo debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la universidad de Sevilla. Pero, dicho esto, leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40% en la prima que debe pagar el gobierno.

Loa funcionarios públicos que están en Muface y que han elegido la opción de ser atendidos por la medicina privada exigen que se respeten sus derechos, que el gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas aunque ello signifique un robo de los público. Amenazan con movilizaciones si no se mantiene el convenio, si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada. Los sindicatos de funcionarios, todos que yo sepa, apoyan estas exigencias. Esto es defendido por CSIF, pero también por UGT y CCOO. No hay diferencia esencial en este tema entre unos sindicatos y otros lo cual es paradójico al menos.

 Los datos de la primera propuesta del gobierno fueron: alza del 17,11% (del 16,5% el primer año y del 0,62% el segundo). Esto pareció insuficiente a las aseguradoras y el concierto quedó desierto en un primer momento. Ante estas exigencias y el temor de una huelga de funcionarios el gobierno ha subido la prima a un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. En estos últimos días del año 2024 todavía no sabemos si las aseguradoras privadas aceptarán esas condiciones o exigirán una subida aún mayor de la prima. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a abonar casi 1.000 millones más que con el convenio vigente. El Gobierno ha echado el resto para intentar salvar el concierto de Muface y garantizar así la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. 

El futuro de este peculiar sistema de provisión médica ha causado un importante conflicto dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar y dirigido por Mónica García, elaboró un informe en el que defendía que era “viable y razonable” que todos los funcionarios fueran atendidos por la sanidad pública. En cambio, desde las filas socialistas, con un enfoque ideológico distinto, siempre han defendido que el sistema se mantendría tal y como estaba hasta ahora. Dentro del gobierno el PSOE ha impuesto su visión: parece que habrá nuevo concierto de MUFACE aunque esto signifique trasvasar 1000 millones más a la opción concertada con la privada. Sumar ha defendido muy débilmente la opción de que todos los funcionarios se sean atendidos por la sanidad pública, pero se ha plegado a la visión socialista.

Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes

Pero, debemos preguntarnos: ¿por qué existe todavía Muface? ¿Por qué los trabajadores públicos tienen mas derechos, más privilegios, que el resto de los trabajadores? Este sistema de aseguramiento privado con fondos públicos supone un privilegio en la medida que permite al colectivo de funcionarios sortear las listas de espera de la sanidad pública, aunque cada vez lo es menos porque también la privada se está masificando y sufre la presión que supone el envejecimiento de la población.

Es un privilegio que viene de muy lejos. Muface fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado por el franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora. En los años 70 aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los servidores públicos pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. Quedaron al margen los funcionarios de Defensa y de Justicia, que tienen sus propias mutualidades en régimen muy parecido. El sistema Muface permite que cada año los beneficiarios puedan elegir entre continuar en la mutualidad o pasar al Sistema Público de Salud. El 76% elige la primera opción. El sistema se mantiene en la actualidad y, cada año, los profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, pueden escoger si quieren atención sanitaria pública o concertada.

La polémica sobre Muface manifiesta que aún perduran anomalías estructurales herederas del franquismo y de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. Una anomalía es el caso de la vivienda, que se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado, donde las políticas públicas no se deben aplicar lo que deriva en la creciente especulación actual. Otra anomalía, es la educación concertada difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los defensores de esos modelos creen que tienen derecho a tener un seguro médico privado o una colegio concertado pero pagado con dinero público.

Creemos que debe abordarse una transición para integrar de forma paulatina a los funcionarios públicos en el régimen general de la seguridad social. Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes. Si se destinan a la seguridad social, en otros recursos, los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. El colapso de la sanidad pública puede ocurrir, ya se está intentando por el gobierno de la Junta de Andalucía, si derivan recursos públicos al sistema privado.

Pero el debate sobre Muface es más profundo porque Muface, aunque es lo más importante, no solo ofrece la posibilidad de elegir la atención médica pública o privada. También ofrece otras prestaciones de las que tampoco disfrutan el resto de los trabajadores. Desde mi punto de vista la pregunta relevante es si queremos mantener un modelo como Muface que da unos privilegios a un conjunto de trabajadores públicos frente al resto de trabajadores. Para mi la respuesta debe ser no. Y debe ser no fundamentalmente por razones de justicia y equidad. Los trabajadores públicos globalmente constituyen la parte privilegiada de la sociedad por sus salarios, la estabilidad de su empleo, la falta en muchos casos de evaluación de su rendimiento, etc. No es un buen mensaje para el resto de la sociedad mantener los privilegios de los ya privilegiados. Un gobierno progresista no debería hacerlo.

Ante todo debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la universidad de Sevilla. Pero, dicho esto, leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40% en la prima que debe pagar el gobierno.