El Gobierno acaba de aprobar la Ley de Representatividad Agraria, que pretende regular el procedimiento para valorar la representación de las organizaciones agrarias y crear el Consejo Asesor Agrario. Este órgano -de carácter consultivo, no decisiorio- se formará a partir de la elección de representantes del sector y actuará como interlocutor con el Gobierno. Este tipo de órganos ya existen y actualmente se forman tomando como referencia la representatividad en las comunidades autónomas.
Es decir, se acaba de aprobar que se convoquen elecciones en el campo para valorar qué organizaciones agrarias son representativas del sector e incorporarlas tanto al Consejo Agroalimentario del Estado como al Comité Asesor del Estado. Hasta ahora, siguiendo la Ley de 2009, el Gobierno tenía en cuenta los procesos electorales a cámaras agrarias, en las comunidades donde se celebran estos comicios, o a todas las organizaciones en los lugares donde no se celebran esas elecciones, caso de Andalucía. Aquí, UPA, COAG y ASAJA se reparten la representación a partes iguales en cualquier proceso de consulta. Ahora será el voto individual y secreto de cada agricultor el que decida quienes son los 10 elegidos para formar parte del consejo asesor, en proporción a número de sufragios emitidos en una circunscripción.
Así, se deroga la Ley de Representatividad de 2009, con la única aportación, según las organizaciones agrarias, de un proceso electoral “innecesario” que, además, “puede generar confusión”, en palabras de Emilio Viera, responsable jurídico de ASAJA-Andalucía. En las comunidades donde se eligen las cámaras agrarias se obliga a una doble votación. Viera insiste en que ha sido Unión de Uniones, una escisión de COAG en el Levante español, la que ha presionado para impulsar una ley que no introduce cambios sustanciales, más allá del coste económico que pueda desencadenar un proceso electoral. “Si una organización es representativa pero, por lo que sea, no consigue estar en el consejo asesor ¿qué hará el Gobierno? ¿no negociará con ella?”, interroga Viera.
Esta misma postura la comparte COAG. José Luis Miguel, director técnico de esta organización, define la normativa como “un proyecto específico del Ministerio que ha peleado el anterior ministro, Arias Cañete”. Miguel insiste en que existe una ley de representatividad aprobada en 2009 que ni siquiera ha terminado de desarrollarse y que, con relación a aquella no hay cambios significativos porque la actual no “no avanza nada” en aspectos que serían relevantes como “las funciones y el trabajo de las organizaciones agrarias”.
Medio millar de votantes
Además, COAG considera que el sistema de elección que plantea la ley no asegura una mayor salud democrática. Se establece una circunscripción única y 500 votantes por mesa electoral. “En el medio rural hay que recorrer grandes distancias, lo que reducirá la participación”. Esta organización no cree que la normativa venga a limar su representación, más bien experimenta con el campo un modelo de representación “que no existe en ningún otro sector económico”.
El Ministerio, por su parte, ha vendido la normativa como un ejemplo de transparencia. Se harán elecciones en el campo cada cinco años, se instalará una mesa de consulta por provincia y mesas con carácter comarcal, cada 500 electores; fija requisitos como la profesionalidad y la dependencia económica del campo para aparecer en el censo; se establece una circunscripción única para todo el territorio, como en las elecciones europeas y lo que se busca es determinar qué asociaciones agrarias son las más representativas.
Viera insiste en que el sistema puede inducir a error, que se puede desmovilizar a los agricultores y que se de una paradoja: “que una organización sea mayoritaria en su comunidad autónoma y, sin embargo, no esté presente en el consejo asesor”. A COAG no le preocupa esta circunstancia. José Luis Miguel, director técnico, subraya que el campo español está escasamente fragmentado, de ahí que no compartan la necesidad de esta ley.
Aún así no creen que el proceso se impulse de forma automática. El Gobierno se da un plazo de 18 meses para desarrollar el reglamento que regule la consulta antes de promover el proceso electoral. Un plazo que sitúa las elecciones en el campo una vez superado el desarrollo interno de la PAC y los procesos electorales previstos en 2015. Mientras tanto, la normativa sólo introduce una novedad: el voto directo para decidir qué organizaciones son las interlocutoras válidas.
A la norma, que todos definen como un empeño personal de Cañete, se le reconoce el coste cero porque no requiere inversión alguna por parte del Gobierno, pero computa como proyecto legislativo. Es más, los costes futuros serán para las organizaciones que tendrán que dedicar recursos a la campaña electoral. De momento ya se quejan de que en los últimos meses revisarla les ha robado un tiempo muy valioso en un momento crítico: el desarrollo de la normativa interna que regulará la aplicación de la PAC en territorio nacional.