Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que forman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano han denunciado ante la Fiscalía Provincial de Jaén presuntos “delitos de odio racial o étnico” y “discriminación” por “los hechos de antigitanismo” ocurridos en Castellar en agosto.
En una nota, la referida entidad ha explicado que el 19 de agosto tuvo lugar una “riña vecinal”, que, días después y tras un juicio rápido, se saldó con la condena de seis personas por daños materiales y lesiones. “A esos hechos le siguieron manifestaciones vecinales no autorizadas, convocadas a través de teléfonos móviles y redes sociales, pidiendo que las familias gitanas se marcharan del pueblo, profiriendo insultos y amenazas dirigidos expresamente a las personas gitanas”, ha indicado.
Según ha añadido, las familias “abandonaron sus viviendas y posteriormente una de ellas regresó”, a lo que ha sumado que “la vivienda de una familia gitana fue incendiada y algunos de los miembros se sintieron acosados por los vecinos”. En su opinión, son “claros hechos de antigitanismo, que atentan contra los derechos fundamentales”, por lo que va a “actuar con contundencia conforme a las herramientas” del Estado de Derecho ante cualquier hecho de antigitanismo.
De este modo, uno de los primeros pasos respeto a los sucesos de Castellar ha sido la presentación de una denuncia ante la Fiscalía provincial de delitos de odio y discriminación con fecha 3 de septiembre. “Consideramos que este tipo de actos podrían ser constitutivos de delitos de odio racial o étnico ya que, según la directiva europea sobre víctimas de delitos, las circunstancias indican que se identifica a las víctimas de estos ataques o linchamientos por su pertenencia étnica”, ha precisado.
Además, el consejo reclama a las autoridades públicas todos los medios para evitar este tipo de hechos, “frecuentemente cortados por un mismo patrón, en los que grupos de vecinos atacan o persiguen a las familias gitanas o queman sus viviendas tras la convocatoria de manifestaciones no autorizadas”. Y es que, según ha agregado, actuaciones en las que “se toman la justicia por su mano no está justificado en ningún caso, ya que solo corresponde a la Policía y a la justicia actuar ante alguna sospecha de delito”.
Al hilo, ha reiterado su “preocupación por la persecución que las personas gitanas están padeciendo en su conjunto al asociarse a toda la comunidad con conductas que alteran la convivencia o delictivas, punto en el que ha incidido en que en un estado de derecho ”la responsabilidad es individual“ y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad los que ”actúen contra personas concretas ante situaciones concretas“.
“Pedimos por ello a todas las organizaciones públicas y privadas y al conjunto de la sociedad su solidaridad con las víctimas de estos ataques y, en general, que en la promoción de la defensa de los derechos humanos de las personas, también apoyen inequívocamente el respeto a los derechos humanos de las personas gitanas”, ha concluido.