Ecologistas y Junta cierran filas contra la Ley de Parques Nacionales

Pese a que el borrador de la nueva Ley de Parques Nacionales era mucho más permisivo en cuanto a las actividades lúdicas, recreativas, turísticas y cinegéticas que podrían realizarse en los quince parques nacionales españoles (los espacios naturales con mayor grado de protección y exponentes principales de la riqueza y la diversidad ambiental del país), finalmente el anteproyecto de Ley se aprobó hace un mes con muchas matizaciones. Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “lo primordial en esta ley es la conservación de estos espacios, por lo que no se va a permitir ninguna actividad que menoscabe los valores medioambientales de los parques nacionales”.

No están conformes ni un buen número de comunidades autónomas ni las principales organizaciones ecologistas. La reforma cuenta con dos grandes objeciones: en relación a las competencias en cuanto a la gestión de estos espacios protegidos y a los usos y aprovechamientos permitidos en los mismos. El sector conservacionista observa muchas ambiegüedades en la redacción del anteproyecto de Ley. “La figura de Parque Nacional es muy antigua y esta reforma no soluciona los problemas tradicionales de gestión y usos de estos espacios”, explica Juan Carlos Atienza, director de SEO-Birdlife.

Una “recentralización encubierta”

Según la norma, el Estado podría intervenir en los parques si considera que la “gestión es inadecuada o ineficiente”. Lo podría hacer porque tendría la potestad de declararlo parque en emergencia “si los mecanismos de coordinación no fueran eficaces para garantizar su convervación”. Desde el Gobierno aseguran que estas medidas se ajustarán perfectamente a la sentencia del Tribunal Constitución de 2004 en la que se fija que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales es competencia de las comunidades autónomas. También en caso de catástrofes ambientales como incendios o vertidos podrá intervenir el Estado. “Está claro que los gobiernos autonómicos no recurrirán por cuestiones de protección ambiental, sino por cuestiones competenciales como ha ocurrido con otras leyes como la de Costas”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

Comunidades como Aragón, Asturias o Andalucía han criticado abiertamente el texto (sometido a información pública hasta el próximo 23 de octubre). Según la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, esto supondría una injerencia en las competencias autonómicas. La comunidad andaluza cuenta con dos parques nacionales de gran relevancia ambiental y símbolo del ecologismo andaluz: Doñana y Sierra Nevada, ambos gestionados por la Junta.

Para Serrano, “que se abra la puerta a actividades lúdico recreativas que en estos momentos están prohibidas, supondría dar marcha atrás en la protección de los mismos y en determinados consensos que hemos conseguido hasta ahora”. Serrano se pronunció al respecto en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la semana pasada en Madrid. La consejera del ramo apeló a que el Gobierno “reflexione y establezca” que este anteproyecto de ley debe ir primero al órgano de participación correspondiente, para que “allí se analice, debata y haya consenso”.

“Medias verdades” en torno a la caza

A pesar de que el ministro Cañete ha negado con rotundidad la posibilidad de autorizar la caza comercial dentro de las zonas de máxima reserva, lo cierto es que el anteproyecto de Ley permitiría ciertas actividades hasta ahora prohibidas. La caza es uno de los aspectos más controvertidos, ya que se sigue considerando una actividad incompatible con los usos de un Parque Nacional, pero se reserva la figura del control de poblaciones. Los ecologistas creen que esta opción puede ser un sumidero a través del que se permita de forma encubierta la caza en estos territorios. Organizaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en acción, WWF o Greenpeace reclaman que se especifique en el documento quién realizará ese control de poblaciones , ya que por ahora no prohíbe que lo haga un privado. “Las declaraciones de los políticos son tajantes, pero el texto no.”, sostiene Juan Carlos Atienda de SEO-Birdlife.

“El Ministerio juega con cuestiones muy técnicas. Hay una diferencia clara entre el plano jurídico y el real. La realidad es que se permitiría cazar en territorio de Parque Nacional; matar animales, aunque jurídicamente sea una actividad de control de poblaciones de determinados animales”, detalla Juan José Carmona, de WWF en Doñana. Mario Rodríguez, director de Greenpeace, afirma que “no puede haber manejo privado en las zonas de máxima protección ambiental del país”. Según Rodríguez, “la ambigüedad y la falta de concreción respecto al control de poblaciones, podría llevar a un concierto privado de esta actividad con las asociaciones de cazadores”. “Lo que hay sobre la mesa es una determinada visión de la conservación que pasa por la mercantilización de los recursos naturales. Incluso en la Ley se contempla la creación de la Marca Parque Nacional”, sostiene.

Hacia el modelo del Parque Temático

“Cañete suele comparar los grandes parques africanos con los de aquí. Y no son comparables”, explica Juan Carlos Atienza, de SEO-Birdlife. Allí tienen una superficie como la mitad de España y una presión humana muy inferior. Ellos quieren que se abra la puerta a actividades económicas para que se pueda autofinanciar un parque. Los parques son patrimonio público y no tienen por qué autofinanciarse. Eso no significa que no estemos de acuerdo con que los municipios desarrollen actividades ligadas al medio ambiente“, recalca.

La reforma del PP quiere dar mayor protagonismo a los propietarios de terrenos que forman parte de estos espacios protegidos. En el borrador, incluso, podían formar parte de los órganos de gestión de los mismos. El sector conservacionista teme desde entonces que ellos puedan ser los beneficiados de las actividades de índole empresarial. Según el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”. “Ahí se ha dado cierta marcha atrás”, explica Mario Rodríguez. “Los propietarios podrán formar parte de los órganos consultivos, pero no de los gestores; los que toman las decisiones. La parte interesada no puede decidir sobre el futuro del patrimonio natural público”, afirma tajante.

Se da además la circunstancia de que el presupuesto de este año para las ayudas socioeconómicas que hasta ahora compensaban a estos propietarios por no poder realizar estos usos en sus tierras es de cero euros. Según Carmona, de WWF, “en concreto en Doñana esto no afectaría tanto porque el área de Parque Nacional no tiene mucha población. La mayor parte del territorio está en mano de instituciones: ya sean ayuntamientos, la Junta o la Estación Biológica de Doñana (EBD). Incluso WWF cuenta con unas 3.000 has que ha cedido a la EBD”, explica.

“Tenemos miedo a las enmiendas del Senado y que comience el mercadeo de las disposiciones adicionales a demanda de las comunidades autónomas. Una quiere navegación turística, la otra vuelo sin motor... Al final se convierten en Parques Temáticos. Y lo que no tiene claro la sociedad y el propio Gobierno es qué es un Parque Nacional y qué implica su grado de protección”, concluye Atienza.