El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha expresado un mensaje de “tranquilidad” y ha anunciado que esta semana el Gobierno hablará con la Junta para “despejar dudas” y poder seguir con el proyecto minero para Aznalcóllar (Sevilla).
Montoro ha indicado a los periodistas que se ha producido un “malentendido”, en el sentido de que “el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con la actividad que pretendía realizar y la inversión promovida por la Junta de Andalucía”, pero ha dejado claro que no se trata de “ninguna iniciativa política”, sino de “un conflicto de competencias y de interpretación de esas competencias”.
“Este recurso no responde a ningún tipo de iniciativa política para frenar la apertura con todas las garantías jurídicas, legales y medioambientales, eso lo deseamos todos”, ha aseverado el ministro.
Por ello, ha anunciado que esta semana el Gobierno central “entrará en contacto con la Junta para despejar cualquier duda y que podamos seguir con el procedimiento habilitado por la Junta de Andalucía”. Ha asegurado que existe “la mejor disposición” y ha precisado que ha hablado con el presidente de la Junta de Andalucía, y ha intercambiado criterios con los consejeros puesto que “no queremos que esto sea un motivo de conflicto”.
“Debemos hacer todo lo que está en nuestra mano como administraciones para que Aznalcóllar vuelva a ser un centro de producción, creación de empleo y generación de actividad y riqueza para todos, siempre con las máximas garantías medioambientales”, ha aseverado el ministro, quien ha transmitido un mensaje de “confianza” y de “lealtad institucional”·.
Montoro por tanto ha expresado “tranquilidad y seguridad”, puesto que “el objetivo de todos debe ser la creación de empleo en torno a la mina, como conlleva el proyecto medioambiental de recuperación de la comarca”.
Considera que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer en términos de delimitación de competencias”, pero insiste en que “a partir de esta semana se van a despejar las dudas para que ningún requisito legal impida inversiones y se atraiga más actividad a Andalucía”.
Montoro ha reiterado que “lo que se ha producido es un problema de competencias, no es un problema singular para esta mina, sino de definición de competencias estatales y autonómicas referida a su interpretación”. “No puede ser en ningún caso que un conflicto de competencias impida una inversión”, ha sentenciado Montoro.