El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y representantes de Podemos Andalucía ha mantenido este viernes una reunión en la que han acordado constituir un grupo de trabajo para determinar la forma y el grado de cooperación entre el Gobierno Andaluz y la formación morada, con el propósito de tramitar una futura Ley de Caminos Públicos de Andalucía que vea la luz en esta legislatura.
Tras salir de dicha reunión, el coordinador del Grupo Parlamentario, David Moscoso, que ha estado acompañado en todo momento por el secretario de Organización de Podemos, Nacho Molina, ha querido hacer una primera valoración de esta reunión, destacando “el buen tono y las coincidencias políticas sobre la forma de abordar este asunto”.
A este respecto, ha añadido que “he apreciado buena voluntad por parte del Consejero de Medio Ambiente, y miembro del Gobierno Andaluz, para sacar adelante esta Ley”. “Ambas partes coincidimos en que la usurpación de caminos públicos es un problema ineludible en Andalucía, al que por tanto hay que darle una solución inmediata, y coincidimos en que hemos de seguir una fórmula legislativa para ello. Nosotros ponemos a disposición del Gobierno nuestro texto de Ley, y a partir de ahora nos fijamos una hoja de ruta y un plazo, no superior a dos meses, para lograr que la Ley sea una realidad en esta Legislatura”.
Moscoso ha anunciado que, “con ese objetivo, hoy se ha constituido un Grupo de Trabajo, compuesto por representantes de la Consejería de Medio Ambiente y representantes de Podemos, que se reunirán por primera vez la próxima semana, de modo que ya estamos a disposición de trabajar para no dejar pasar esta oportunidad”.
Por último, entre los primeros acuerdos que han pactado, por parte del Consejero de Medio Ambiente y los representantes de Podemos, “además de convenir en que la Ley sea una realidad en esta legislatura, están que se presente un texto consensuado al Parlamento y que cuente con la aceptación, entre otros agentes, de los colectivos sociales (como Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos), que son quienes llevan años luchando contra la usurpación de caminos públicos”.
“Nosotros entendemos que la igual que no se pueden usurpar hospitales, colegios o carreteras, tampoco han de usurparnos nuestros caminos públicos. Son un patrimonio de todos y todas las andaluzas, y la Administración ha de protegerlos, inventariarlos, registrarlos y mantenerlos, por su función e interés social”.