Ecologistas: “El concurso de Aznalcóllar ha sido una chapuza”
“Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”. Ese el cóctel de presuntas ilegalidades que la magistrada de instrucción Patricia Fernández investiga en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La concesión ha quedado paralizada por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ante la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra empresa que optaba a la adjudicación.
Ecologistas en Acción tacha de “chapuza” el concurso público por el que la Junta de Andalucía ha concedido la explotación de los recursos mineros al consorcio formado por Minorbis y Grupo México, responsable en 2014 de un vertido de 40 millones de litros de ácidos y metales pesados en el río Sonora (México). Lola Yllescas, responsable de la organización ecologista, recuerda que denunciaron ante la Consejería de Economía, responsable de minas, que no se cumplían los requisitos ambientales mínimos para explotar la mina y se alegra de que “la jueza nos dé la razón, pero lamentamos y censuramos la actitud de la Junta, que no nos ha hecho ni caso. Funcionan de espaldas a los ciudadanos”.
La Junta insistía, en el pliego de condiciones de reapertura de la mina, que la adjudicataria tendría que “cumplir los estándares más elevados de protección y seguridad ambiental”, pero Ecologistas en Acción denunciaba que el plan de restauración solo tenía un peso del 30% en la puntuación total del concurso. Además, en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental, Minorbis-Grupo México no llegaba ni al aprobado: tan solo 1,8 puntos de 10.
Greenpeace denunció en un documento de propuestas ambientales para esta legislatura en Andalucía que los 640 derechos mineros que la Junta ha sacado a concurso en los últimos años “se han realizado sin informes ambientales completos e independientes y sin la participación pública en la toma de decisiones”.
Falta de transparencia
Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, critica que los proyectos no se hayan hecho públicos a pesar de que su organización así lo ha solicitado en el Consejo de Participación de Doñana. Desde que se anunció la reapertura de Aznalcóllar, los ecologistas han mostrado su preocupación por que se repita un desastre como el de 1998, cuando una balsa que contenía metales pesado reventó y la contaminación llegó hasta el Parque Nacional de Doñana. La limpieza del desastre supuso un coste de 90 millones para las arcas públicas.
WWF lo considera un riesgo innecesario y apuesta por un cambio de modelo económico sostenible que genere empleo en la zona minera. “La minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona”, subraya Carmona. Aznalcóllar cuenta con un polígono de empresas del sector verde, pero el ecologista cree que se está dejando de lado la economía verde basada en actividades como las energías renovables o el turismo de naturaleza.
