Imputado el alcalde de Torremolinos por presunta prevaricación urbanística
El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández (PP), ha sido imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, entre otros, y declarará ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad el próximo 5 de marzo. El procedimiento había sido archivado por este órgano judicial y fue reabierto en junio del año pasado por orden de la Audiencia Provincial de Málaga, que ordenó continuar investigando los hechos denunciados. En la causa se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la venta de terrenos integrados en el plan parcial Campo de Golf de la ciudad de la Costa del Sol. Según el escrito de denuncia, la transmisión irregular de esos terrenos habría supuesto un perjuicio patrimonial para el consistorio de más de 15 millones de euros.
Los hechos datan del año 2005 y actuaciones posteriores de reparcelación del año 2008, según recoge la resolución de la Audiencia Provincial, emitida el 28 de junio. El juzgado de instrucción investiga la venta directa y, por tanto, sin concurso público, del 10% del aprovechamiento urbanístico en el sector R.1.10 del Plan Parcial de Ordenación del municipio. Según la denuncia interpuesta en su día, la superficie vendida asciende a 12.886 metros cuadrados, todo el suelo del que era propietario el Ayuntamiento en el sector.
En la denuncia se considera que la venta, que se formalizó el 4 de enero de 2005, debió realizarse mediante concurso público, por tratarse de un bien patrimonial municipal. Según el denunciante, el precio de la venta fue de 653,08 euros el metro cuadrado; en 2008, el proyecto de reparcelación definitivo aprobado por el Ayuntamiento estableció que el precio es de 1.679,85 euros. “La pérdida para las arcas municipales es de 15,347 millones de euros”, asegura la representación jurídica de la acusación.
Fuentes del Consistorio aseguran que “todo se hizo de acuerdo con la Ley, con los preceptivos Informes de los Técnicos Municipales, que son los que por Ley deben hacer las valoraciones de los terrenos”, y sugieren que se fue más allá de lo legalmente prescrito: “Se hizo algo inusual, como fue ratificar la valoración mediante la tasación de dichos terrenos por una de las dos empresas más solventes de España en esta materia, Tasaciones Hipotecarias S.A.”.
Venta autorizada por el alcalde, según la denuncia
La denuncia explica que las tres sociedades mercantiles que adquirieron la parcela (Promociones y Proyectos Inmobiliarios Mijas, S.A., la Leala Norte, S.L. y P.Q. Suquined S. L.) vendieron el mismo día 3.500 metros cuadrados a Construcciones Reyal S.A.U. (actualmente Reyal Urbis, hoy en concurso de acreedores). Siempre según este documento, la venta inicial (del Ayuntamiento a las tres adquirentes) se fraccionó en dos contratos (por 3.094 metros cuadrados y por 9.672 metros cuadrados), lo que sirvió, explica el abogado del denunciante, para “modificar el órgano competente para la contratación”: en lugar de por el Pleno, fue autorizada por el alcalde.
Los contratos fueron ratificados por el Pleno en marzo y en mayo de 2005, pero ya en abril (un mes antes de la autorización del Pleno de la segunda venta) se elevó a escritura pública el contrato de cesión de suelo entre las compradoras originales y Reyal Urbis, incorporando una certificación del Pleno datada en marzo. Esto da pie a que los denunciantes interpreten que o bien se incorporó una certificación falsa, o bien la escritura pública es falsa. Por eso, el juzgado también ha ordenado a la notaría que remita una copia de la escritura pública. Según la denuncia, Luis Miguel Salguero Gómez era representante de dos de las empresas compradoras, presidente de la Junta de Compensación del sector y trabajador de la notaría en la que se formalizó la escritura pública.
Pedro Fernández es alcalde de Torremolinos desde 1995. En 2011 revalidó la mayoría absoluta y desde entonces gobierna con el apoyo de 17 de los 25 concejales. El juez le cita a declarar “en calidad de imputado” mediante una providencia fechada el 18 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Fuentes del ayuntamiento insisten en que la denuncia ya fue archivada en dos ocasiones: el 21 de diciembre de 2011 por la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, y el 24 de abril de 2012 por el Juzgado que ahora cita a declarar al alcalde.
Sin embargo, la Audiencia ordenó el 28 de junio de 2013 la reapertura las diligencias. Se investigarán, por tanto, la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental, “sin perjuicio de una ulterior concreción, a la vista de los posibles escritos de acusación, por otros tipos penales (blanqueo, etc)”, según dispone la resolución de la Audiencia Provincial. La decisión de archivar la causa, adoptada por el juzgado de instrucción, había sido apoyada por la Fiscalía, que se opuso (mediante informes de 10 de octubre de 2012 y de 2 de marzo de 2013) a la reapertura del procedimiento.
