Los ladrillos ilegales de El Algarrobico disfrutan de otro verano en primera línea de playa
En primera línea de playa. Con inmejorables vistas al mar. Así veranearán un año más los ladrillos ilegales del hotel El Algarrobico. Si hubieran construido una piscina olímpica delante del hotel, la mitad estaría sumergida bajo las aguas. Así de cerca se construyó El Algarrobico.
Símbolo de la destrucción de la costa española, El Algarrobico se ha convertido también en otro icono. El de los embrollos judiciales. Más de 25 sentencias en su contra acumula ya el hotel almeriense, ante lo que el Tribunal Supremo decidió poner orden hace año y medio: la construcción era ilegal, porque se había construido sobre suelo natural no urbanizable. Estaba construido demasiado cerca de la playa y en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El Algarrobico debía ser demolido, de una vez por todas.
Año y medio después, ni una sola piedra del hotel se ha tambaleado. Tan sólo su pintura: Greenpeace volvió a dibujar sobre su fachada la 'I' de 'Hotel Ilegal', una disputa casi tan ardua como la que las organizaciones ecologistas llevan a cabo en los tribunales contra el hotel ilegal de la inmobiliaria Azata. La pregunta es: ¿Si el hotel ya se ha declarado ilegal, por qué nadie lo ha demolido ya? ¿En el tejado de quién está ahora la pelota? En Greenpeace señalan a la Junta de Andalucía.
“Lo único que tenía que hacer la Junta era conseguir una sentencia que dictara que Azata le tiene que entregar los terrenos (ya que se negó a hacerlo voluntariamente tras la sentencia del Supremo). Para conseguir eso fue al TSJA y éste le dijo que tenía que ir a la vía civil. En ese momento, la Junta en vez de ir a la vía civil, recurrió la sentencia del TSJA al Supremo. Ahí es donde no entendemos nada”, explica María José Caballero, experta en costas de Greenpeace.
Fiscal: “La voluntad es derribarlo”
Hace ya dos años, el entonces recién nombrado consejero de Medio Ambiente José Fiscal le aseguró a este diario que deseaba ver derribado el Algarrobico en su mandato. “Una vez que el embrollo legal se aclare, la voluntad es derribarlo y aprobar un plan de desarrollo sostenible para la zona, con turismo y empleo verde”, sentenció. En esos mismos términos ha venido expresándose en los últimos tiempos. “La intención inequívoca es derribar”, subrayando que no lo han hecho todavía es porque están “a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación que permita seguir la vía administrativa y comenzar la licitación de las obras de demolición”.
En Greenpeace creen que la Junta de Andalucía se contradice. “El consejero dice que hay una intención inequívoca de derruir, pero sus palabras no se corresponden con sus acciones en los tribunales. Están dilatando el proceso. La Junta debería ir ya por la vía civil y hacerse con la propiedad civil, para proceder a la demolición”.
Azata, 16 millones en tribunales
Hasta que los terrenos no vuelvan a ser de la Junta de Andalucía, el hotel no se puede derribar. Si se hiciera lo contrario, Azata podría pedir que se suspenda el expediente de demolición, ya que tiene licencia de obra y el edificio es suyo. “Podría pedir una indemnización y llevarse así mucho dinero. Azata se ha gastado hasta ahora 16 millones de euros y está pidiendo en los tribunales 70 millones de euros por las actuaciones de la administración local, andaluza y nacional”, explica José Ignacio Domínguez, el abogado de los ecologistas desde hace más de una década.
Azata le pagó en su momento a la Junta de Andalucía 2,3 millones por los terrenos. Son los tribunales los que ahora deben obligar a la empresa a recogerlo, gracias al derecho de retracto.
Tanto la administración, como los ecologistas, han cifrado en unos siete millones de euros la demolición. Tras reunirse en varias ocasiones, Junta y Gobierno acordaron que los gastos correrían de parte del gabinete de Mariano Rajoy y que el reciclaje de los escombros correspondería al de Susana Díaz. Así lo acordaron hace seis años el expresidente andaluz José Antonio Griñán y la exministra socialista Rosa Aguilar.
En definitiva, el Tribunal Supremo debe resolver ahora si la Junta de Andalucía debe acudir a la vía civil para ejercer su derecho de retracto. Tras esto, le tocará a la administración andaluza licitar la demolición y derruir, de una vez por todas un hotel que, según la Justicia, nunca se debería haber construido. El penúltimo escollo está en el tejado del Supremo.
