La sequía agudizará los problemas ambientales de Andalucía en 2018
En Alamedilla llevan unos 500 días sin agua. De los grifos de los 600 habitantes de este pueblo granadino no sale ni una gota: la sequía y la sobreexplotación ilegal de un pozo han arruinado sus reservas hídricas. En la otra punta de Andalucía, en la Sierra de Sur de Sevilla, varias poblaciones sufren cortes de agua desde verano. Son la vanguardia, las primeras víctimas de una sequía que se agudizará durante el año que comienza. Lejos de solucionarse, los problemas medioambientales se enquistan año tras año, agudizándose con fenómenos como la sequía, que será, según los pronósticos científicos, uno de los efectos más devastadores del cambio climático. Más duras, más frecuentes y más prolongadas.
Los agricultores lo tienen claro: lo peor está por llegar. Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA), su sector ha perdido más de 1.000 millones de euros por la falta de agua a lo largo de 2017, con el olivo como principal víctima. La agricultura “es víctima y verdugo de la desertificación”, en palabras del experto Jaime Martínez Valderrama, que trabaja en la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).
“La rápida expansión del olivar como consecuencia de suculentos incentivos en forma de subsidios ha transformado el monte mediterráneo andaluz de forma dramática. Los cultivos se han instalado en pendientes inverosímiles, y la obsesión productivista lleva a limpiar de matas y la más mínima brizna de hierba el suelo que separa los árboles”, nos explicaba este año en una entrevista.
La agricultura descontrolada ha llegado hasta los despachos de Bruselas. Allí dirimen si sancionan al Gobierno de España por haber permitido la sobreexplotación del acuífero de Doñana, el mismo que alimenta con sus aguas el rico ecosistema de la superficie. Según cálculos de la organización ecologista WWF, una tercera parte de los cultivos de fresas del entorno del espacio protegido son ilegales y están dejando secas las lagunas donde habitan reptiles, anfibios, aves y pequeños mamíferos.
Ultimátum de la Unesco
La tecnología barata que permite cavar pozos ilegales en cualquier sitio está suponiendo un desastre tanto en Doñana, como en cualquier lugar del mundo donde puedes hacer “un pozo de 100 metros y sacas todo el agua que hay allí”. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía 'trabajaron en equipo' en julio de 2017 para eliminar el ultimátum que le lanzó la Unesco: o atajaba las amenazas que cercaban Doñana o se verían obligados a meter el espacio protegido en su lista negra de Patrimonio Mundial en Peligro.
A finales de este nuevo año, el Gobierno tendrá que entregar un nuevo informe al organismo de Naciones Unidas. ¿Habrán solucionado para entonces la sobreexplotación del acuífero por parte de los agricultores ilegales? Una semana después de la ofensiva diplomática, un informe del Ministerio de Medio Ambiente revelaba el mal estado de la mayor parte del acuífero, su agotamiento paulatino y la incapacidad de las lluvias para frenar la sobreexplotación.
La amenaza de las llamas
El país despertó el 25 de junio con una terrible noticia: el bosque ardía a las puertas de Doñana. El incendio, que duró diez días, terminó quemando 8.500 hectáreas, la mayoría de ellas (un 80%) fueron del Parque Natural de Doñana. El espacio protegido terminó en llamas, obligando a desalojar un centro de cría de linces (murió una hembra, Homer, y el último, Fran, no fue capturado hasta un mes y medio después) y poniendo en peligro el hábitat de 35 especies amenazadas y 303 especies relevantes de animales. La foto de un camaleón muerto en el incendio, la que ilustra este reportaje, conmocionó a los amantes de la naturaleza. Su autor, un bombero forestal, lo explicaba así: “Me llamó la atención, porque le faltaba una pata y el fuego le había calcinado la espina dorsal. Se había intoxicado con el humo, desmayándose y cayendo al fuego, de manera que una parte de su cuerpo quedó enterrada en ceniza y se preservó mejor. Le hice la foto para que la gente viera lo que se pierde en un incendio”.
Mucho ha sido lo que se ha perdido este año en los bosques andaluces: más de 15.000 hectáreas han sido pasto de las llamas, siendo el peor año de la última década y quintuplicando las hectáreas que ardieron el año anterior. Más de la mitad, ardieron en el incendio de Doñana. El fuego sigue siendo, por cierto, objeto de investigación y discusión en los despachos de policías, jueces, empresarios, funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía.
Las investigaciones del caso del cártel del fuego se han saldado con nuevas revelaciones, imputaciones y golpes de efecto. La colusión de las empresas que alquilan sus helicópteros y avionetas para la lucha contra el fuego, que supuestamente manipulaban concursos públicos, ha supuesto la imputación del director general de medio natural, Javier Madrid, el subdirector del Infoca y el interventor delegado de la Consejería de Medio Ambiente, entre otros. La policía lo tiene claro: Faasa, la principal empresa de la trama andaluza del cártel, “ha burlado el control de la Administración autonómica en materia de subvenciones” que iban destinada a la forma de mecánicos y pilotos que, entre otras funciones, deben formarse para luchar contra los incendios forestales.
¿Gas en Doñana?
Si las llamas se avivan por un lado, por otro se extinguen. Al almacén de gas en Doñana le surgen nuevos adversarios, que alejan la posibilidad de que el espacio protegido termine albergando gas natural bajo su superficie. Son enemigos de peso: el Instituto Geológico Minero de España y el CSIC, dos organismos científicos del Gobierno central. El informe del CSIC, adelantado por el diario Público, es tajante: “Debido a que los cuatro proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, consideramos que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto (incluyendo los cuatro subproyectos en que se subdividió) sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar”. El defensor del Pueblo ya ha pedido explicaciones, ante la posibilidad de que aquello se convierta en un polvorín que provoque seismos, como ya ocurrió en Cataluña con el Proyecto Castor. En 2018, veremos, con suerte, qué ocurre con uno de los grandes culebrones ambientales de Andalucía.
Para culebrón largo, sin embargo, el del Algarrobico: con toda probabilidad, en 2018 tampoco veremos cómo cae el mastodonte turístico construido a pie de una playa almeriense y que, a estas alturas, se ha convertido en el símbolo y el cadáver perfecto del boom inmobiliario español, la destrucción del litoral ibérico a base de cemento y los interminables embrollos judiciales. Andalucía tampoco verá cómo termine la triple amenaza nuclear que se cierne sobre ella desde hace décadas: los fosfoyesos de Huelva que contaminan el aire con sus productos radioactivos la atmósfera de la ciudad de Huelva, los terrenos contaminados por varias bombas nucleares que se le cayeron al ejército americano en plena Guerra Fría en Palomares (Almería) o los submarinos nucleares británicos que siguen paseando por el Estrecho de Gibraltar y haciendo un alto en el camino en la pequeña colonia inglesa. ¿Pondrá el Brexit fin a esta amenaza nuclear?
No todo serán malas noticias. La trampa con 42 gramos de cocaína al histórico ecologista andaluz Juan Clavero este verano en la Sierra de Cádiz ha sacado a la luz para la opinión pública uno de los grandes conflictos ecologistas: la usurpación de caminos públicos a manos de los fincas privadas, normalmente en mano de magnates extranjeros, como el belga Marnix Galle, la familia Benjumea o el torero Orega Cano. La lupa ya está puesta sobre la invasión de los caminos públicos.
La ley de cambio climático verá por fin la luz en 2018: las empresas que contaminen más de lo previsto tendrán que compensarlo con proyectos ambientales, como reforestaciones o conservación de humedales.
No pudo ser en 2017, pero quizás, si todo sale como está previsto, lo será en 2018. La Sierra de las Nieves, el espacio protegido malagueño se transformará en el tercer parque nacional de Andalucía, convirtiendo así a la comunidad autónoma en la región con más espacios protegidos de esta categoría de la Península Ibérica. Previsto para finales de año, los milenarios pinsapares quedarán incluidos, por orden del Gobierno central, a la misma altura que otras joyas naturales de Andalucía como Doñana y Sierra Nevada.
¿Tendrá el lince ibérico nuevos fondos europeos? Lo que parece claro es que, a pesar de sus grandes amenazas (los atropellos, el furtivismo y la escasez de conejos), la especie ha esquivado su extinción y camina, lenta pero inexorablemente, hacia su salvación: en 2025, según el director del programa de recuperación, Miguel Ángel Simón, el lince podría estar ya libre de peligro. De momento, son ya más de un millar los ejemplares que campan por España. La inmensa mayoría lo hace en Andalucía.
