El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro expresó durante el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández varios reproches al contenido general de las respuestas de los aforados en la causa por los ERE fraudulento. El magistrado señaló que no cree que si el convenio que facilitó las ayudas socio-aborales era considerado una solución para toda Andalucía no se hablara de este documento “con naturalidad” en Consejos de Gobierno o “consejillos” preparatorios.
El magistrado señaló en el interrogatorio: “Algo malo tendrá ese convenio cuando se sientan aquí los propios imputados y dicen no, no, yo el convenio no llegué a conocerlo, yo no supe del convenio etcétera”. Ante la insistencia de Jorge Barreiro, según la transcripción de la declaración, el exconsejero Antonio Fernández llega a señalar que este asunto “fue pacífico durante diez años en Andalucía”, pues era conocido por todos y nadie lo impugnó. En ningún momento de este diálogo se citan a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La cosa cambió, según admitió Fernández, cuando él ingresó en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya. “Pienso yo, libremente, que los demás que conocían el tema les puede entrar perfectamente el miedo y guardar en un cajón aquello que se conocía”. Según Fernández, entre los responsables de la Junta se hablaba “de los problemas, no del procedimiento”.
“Pues eso es una incógnita que desde luego no me ha resuelto ustedes con arreglo a las máximas experiencias elementales”, le respondió el magistrado, haciendo el símil con un “enfermo gravísimo” a quien se le encuentra medicina.
“A partir de ahí solamente hablan ustedes de la consecuencia de la enfermedad y no hablan de la medicina que encontraron. Eso es una incoherencia lógica que cualquier persona o ciudadano medio, como decimos los juristas, no entiende francamente bien”, agregó el juez.
Otra cuestión que al magistrado le parece contradictoria es que el sistema que se implantó, y que reducía los controles, disparara el gasto de forma “tan errática”, lo que llevó a la alarma a la Intervención General de Andalucía.
Al término de su intervención, el magistrado llega a espetar al exconsejero Fernández que sus respuestas no resultan “convincentes” y se o ponen de forma “muy clara” a datos objetivos que obran en la causa.
Por su parte, en su declaración ante el instructor, los catedráticos de Derecho Financiero Miguel Ángel Martínez y Juan Zornoza, autores del informe pericial de parte presentado por Griñán, han respaldado el uso de las transferencias de financiación al considerarlo un sistema “legítimo”.
En el acta de su declaración, hecha pública este lunes, los dos peritos, que comparecieron juntos ante el juez señalan su sorpresa por la “la insistencia en decir una y otra vez en decir que las transferencias de financiación son un mecanismo ilegal”.
“No alcanzo a ver cómo puede ser ilegal un mecanismo que la ley establece para transferir fondos de un órgano de la administración a otra entidad instrumental de esa administración”, resume uno de ellos.
Los peritos también recuerdan que los grupos parlamentarios tuvieron conocimiento de la naturaleza de las ayudas y del régimen de concesión y han ahondado en esa idea aseverando que el Parlamento instó al Gobierno a articular un plan de ayudas sociolaborales. “El Parlamento lógicamente conoció esas trasferencias de financiación y por su puesto su destino”, declarararon.