25N: combatir una lacra que discrimina, duele y mata

La pandemia sin precedentes que estamos viviendo ha generado una crisis sanitaria que ha impactado en lo laboral, en lo económico y en lo social, y ha recrudecido una lacra contra la que llevamos luchando muchos años: las violencias machistas. Y lo ha hecho por una doble vía, de un lado, porque son ellas quienes sufren en mayor medida la temporalidad y la parcialidad laboral y quienes se están viendo relegadas al hogar en mayor porcentaje que los hombres; y de otro, porque la extrema derecha está condicionando gravemente las políticas en algunos gobiernos autonómicos y han logrado el recorte de recursos públicos destinados a la prevención, protección y atención a las mujeres víctimas.

La lucha contra las violencias machistas y por la igualdad viene de muy atrás. Es un camino pleno de obstáculos en el que cada avance legislativo ha tenido como objetivo final erradicar las violencias que se ejercen contra las mujeres. Por ello, y en coherencia a nuestra lucha, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que, ahora más que nunca, redoble esfuerzos y ratifique los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo recogidos en el Convenio 190, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y en el 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En Andalucía, que en etapas anteriores fue vanguardia en políticas y legislación en materia de igualdad llegando a reconocer como víctimas a las mujeres que sufren violencia en el ámbito laboral, se ha desbaratado parte del camino avanzado desde el cambio de Gobierno de la Junta de Andalucía. El apoyo de la ultraderecha al Gobierno autonómico ha generado cierto cuestionamiento de la existencia de la violencia psicológica, económica, sexual y laboral por razón de género contra las mujeres y dificulta la erradicación de la forma más cruenta de violencia: los asesinatos, que en 2020 les ha costado la vida a 9 mujeres y a 2 menores en Andalucía. Por tanto, frente a posiciones negacionistas de la extrema derecha y de la derecha extrema, toca seguir reclamando el cumplimiento efectivo de la ‘Ley de medidas de prevención y protección contra las violencias de género’. Es fundamental entender que para que los avances legislativos, los planes y las políticas sean eficaces en la erradicación de esta lacra es imprescindible dotarlos presupuestariamente. Sin dinero suficiente no es posible ayudar a las víctimas, ni reforzar la atención inmediata, ni fortalecer los servicios públicos necesitamos.

En el plano laboral, nuestra acción sindical se esfuerza cada día para incluir protocolos eficaces de actuación en las empresas contra acoso sexual y por razón de sexo; para implementar más formación y sensibilización y el cumplimiento de los planes de igualdad; y mejorar la atención jurídica a las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo. Pero también exigimos un mayor compromiso empresarial en la elaboración de protocolos contra el acoso, la negociación de los Planes de Igualdad y la aplicación de los derechos de las víctimas de violencia de género. Que el número de contratos bonificados para víctimas de violencia de género sea de 100 en toda Andalucía es preocupante porque significa que esta medida no ofrece cobertura a las mujeres que la necesitan. Asimismo, es indignante que 8 de cada 10 contratos sean temporales y a jornada parcial. La precariedad laboral no es una solución para salir de la violencia de género.

La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019), elaborada por las funcionarias de la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género, perteneciente a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tendrían que llevar a una profunda reflexión colectiva sobre qué país queremos construir, pues en España, 1 de cada 2 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de su vida.

El sindicato siempre ha tenido claro que lograr un mundo de trabajo libre de discriminaciones contra las mujeres, con los mismos derechos laborales y alcanzando la igualdad salarial, son un imprescindible para lograr el empoderamiento de las mujeres y la ruptura con el círculo de la violencia a la que son sometidas. No en vano, entre los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas se sitúa en el centro del desarrollo sostenible la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Por todo ello, CCOO-A llama a la participación en las manifestaciones y actos convocados con motivo del 25 de noviembre, ‘Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres’, así como al minuto de silencio por las víctimas, que este año tendrá que desarrollarse bajo siguiendo recomendaciones concretas en materia de prevención por el contexto de pandemia COVID-19. La pandemia y sus consecuencias hacen más necesaria que nunca que las organizaciones sindicales y la sociedad exprese de manera taxativa un profundo rechazo a las violencias contra las mujeres y exija la puesta en marcha de medidas eficaces que acaben con esta lacra que discrimina, duele y mata.

ALZA LA VOZ CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

La pandemia sin precedentes que estamos viviendo ha generado una crisis sanitaria que ha impactado en lo laboral, en lo económico y en lo social, y ha recrudecido una lacra contra la que llevamos luchando muchos años: las violencias machistas. Y lo ha hecho por una doble vía, de un lado, porque son ellas quienes sufren en mayor medida la temporalidad y la parcialidad laboral y quienes se están viendo relegadas al hogar en mayor porcentaje que los hombres; y de otro, porque la extrema derecha está condicionando gravemente las políticas en algunos gobiernos autonómicos y han logrado el recorte de recursos públicos destinados a la prevención, protección y atención a las mujeres víctimas.

La lucha contra las violencias machistas y por la igualdad viene de muy atrás. Es un camino pleno de obstáculos en el que cada avance legislativo ha tenido como objetivo final erradicar las violencias que se ejercen contra las mujeres. Por ello, y en coherencia a nuestra lucha, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que, ahora más que nunca, redoble esfuerzos y ratifique los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo recogidos en el Convenio 190, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y en el 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.