El Día Internacional contra la Trata de Personas se evoca cada 23 de septiembre. A instancias del primer legislador socialista de América Latina, Alfredo Palacios, fue promulgada en 1913 en Argentina la Ley 9.143, la primera contra la explotación sexual. Justo hoy se cumplen cien años de aquella fecha histórica. Pero el problema no está, ni mucho menos, erradicado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 4,5 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, son víctimas cada año de la trata con fines de explotación sexual. No es una cuestión lejana. “A los españoles no les importa consumir trata. Hay que concienciar a la sociedad”.
Lo dice una voz muy autorizada en la materia. Amparo Díaz lleva más de 20 años luchando especialmente contra las víctimas de abusos sexuales y de violencia de género. Desde hace tres, coordina el turno de oficio contra la trata del Colegio de Abogados de Sevilla, que se ocupa de prestar asistencia jurídica gratuita a aquellas mujeres, generalmente extranjeras, obligadas a ejercer la prostitución. “Somos unos de los países que más consumen y eso nos convierte en cómplice de este tipo de delitos”. España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y tercero del mundo, según APRAMP (Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida). Más que por una política represiva, Díaz aboga por “desincentivar la demanda”.
Con tal fin se ha reunido este lunes en la capital hispalense una mesa de trabajo presidida por el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el decano de los letrados sevillanos, José Joaquín Gallardo, quienes han puesto de manifiesto la necesidad de coordinar las actuaciones policiales, judiciales y sociales para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de mujeres obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad, privándolas de los derechos más básicos y de su libertad.
Enfoque humanitario
“Hay motivos para pensar que se trata de una situación grave”, explica Díaz, quien apuesta por “cambiar el pie” y dar un enfoque “más humanitario” y de concienciación al problema ya que, según ha explicado, el grupo mayoritario de víctimas en Andalucía es el de rumanas que, desde 2007, no tiene problemas de extranjería con lo cual el enfoque basado en extranjería se queda corto. Es un tipo de delito en el que “se pisotean todos los derechos humanos”, según apostilla José Joaquín Gallardo, quien también destaca la necesidad de potenciar las políticas preventivas ante una delincuencia de tan alto nivel. “Son mujeres que vienen de una situación de vulnerabilidad absoluta”, denuncia Amparo Díaz.
La popuesta de los abogados sevillanos a la Junta de Andalucía es ampliar el turno específico al resto de provincias y ofrecer un número de teléfono para denuncias anónimas. La importancia de la colaboración ciudadana también se ha puesto de relieve en esta jornada. Es otro de los problemas de la trata de seres humanos, el miedo y la inseguridad a la hora de denunciar por parte de las víctimas. “Tenemos que acercarnos más a las mujeres y saber dónde no estamos protegiendo suficientemente” al objeto de “optimizar las técnicas de investigación”, apunta María José Segarra, quien percibe un incremento en esta figura delictiva aunque sin poder ofrecer datos al respecto a nivel regional.
Desde la Junta, el consejero opina igualmente que la represión conlleva de algún modo el mantenimiento de la situación, apostando por una “mejor prevención”. A De Llera se le ha preguntado por las campañas contra la prostitución por parte de algunos ayuntamientos tras la aprobación de ordenanzas municipales en ese sentido, como la actual del Ayuntamiento de Sevilla ('Game Over, la prostitución no es diversión, es violencia'). A su juicio, este tipo de mensajes suponen “una opción” pero “no todo está en la represión”, insistiendo en que las leyes penales protegen a las víctimas de trata pero “hay que abundar en los medios de prevención” y coordinar la labor de las instituciones.