Este jueves 19 de noviembre de 2020 se celebró otra sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía. Una jornada rutinaria de control al Gobierno andaluz que sin embargo será recordada como el día en el que el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, perdió la compostura. Las crónicas parlamentarias recogerán un altercado que sorprendió tanto a los diputados como a los periodistas encargados de seguir la actividad en la cámara andaluza.
Pero, más allá del “a tomar por culo” de Hernández a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), la situación refleja la dependencia que tiene el Gobierno bipartito de PP y Cs de Vox. Poco después de su salida del pleno, Hernández, respaldado por todos los diputados de su grupo parlamentario, afirmó que Vox se retiraba de la sesión y que no iba a participar en las votaciones de la jornada. Con esta espantada, el Ejecutivo andaluz se ha quedaba sin el respaldo de su “socio preferente”.
Y, esta vez, Vox no iba de farol. Al menos esa tarde. No se presentó a las votaciones en el Parlamento andaluz. En consecuencia, el bloque de las izquierdas (PSOE-A, Adelante Andalucía y los no adscritos) impidió que desde Andalucía se pidiera al Gobierno central la derogación de la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá'. La proposición no de ley propuesta por PP y Cs quedó varada en otro ejemplo de la debilidad del Gobierno andaluz.
Tras el anuncio de Hernández, tanto PP como Cs intentaron a lo largo de la tarde que los once diputados de Vox acudieran a las votaciones en el Parlamento andaluz. “Estamos trabajando en ello”, insistían fuentes populares, que esperaban un cambio rumbo a última hora. Desde Cs se resignaban.
Abstenciones y victorias a la izquierda
Por la mañana el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), defendió la necesidad de convalidar un decreto por el que “con carácter extraordinario y urgente” se adoptan medidas para mitigar los efectos provocados por la pandemia de la Covid-19. La aprobación del decreto, por el que gracias a la fórmula digital se agiliza la tramitación de los procesos de acceso a los puestos de trabajo de la administración, quedó en el aire sin el apoyo de Vox. Pero Marín pudo respirar. El decreto salió adelante con los apoyos de PP y Cs y las abstenciones del bloque de la izquierdas.
Que Vox no estuviera propició que se aprobaran dos mociones socialistas obligando al Gobierno de la Junta a invertir 250 millones en ayudas a hostelería y a indemnizar a las residencias de mayores con 150 millones de euros por asumir el coste de la pandemia y dar mascarillas diarias gratuitas a las personas mayores.
La desaparición de Vox de la bancada parlamentaria reveló un Gobierno frágil que sin los votos de la extrema derecha lo tiene difícil para poder aprobar sus iniciativas. Fuentes cercanas al Ejecutivo andaluz expresan que el rechazo a la derogación de Ley Celaá “no afecta” a sus planes, pero reconocen que hubiera sido “un marrón” de no haberse aprobado el decreto con las medidas frente al coronavirus.
La jornada parlamentaria evidenció la importancia de Vox en esta legislatura. De hecho, no es la primera vez que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, alude a las “tres patas” del “Gobierno del cambio”. Y el partido de Abascal juega con ello. Se escenificó en el Debate del Estado de la Comunidad Autónoma y se pudo ver recientemente en las negociaciones de las cuentas andaluzas de 2021. Al órdago en forma de enmienda a la totalidad de los presupuestos le siguió el acuerdo de última hora. Otra vez. “Sólo ha sido posible sentarnos a negociar cuando nos han reconocido, no como socio preferente sino como el único socio posible”, dijo Hernández. También lo sabe la oposición y lo utilizan. No son pocas las intervenciones en las que los socialistas acusan al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno de ser “rehén” de Vox.
El Ejecutivo andaluz necesita los votos de los once diputados de Vox. De otra manera, las cuentas no salen. Las iniciativas de la jornada del jueves, menores, no supusieron un varapalo mayor para el Gobierno bipartito, pero ¿y si vuelve a pasar? ¿Se ausentarán sus diputados nuevamente de las votaciones en la cámara andaluza? ¿Pararán su actividad parlamentaria? En este caso, ¿cuál es el escenario del Gobierno andaluz para seguir impulsando sus políticas?