Los ex de la Junta no quieren vérselas de nuevo con Alaya en otra macrocausa. Mientras el caso de los ERE podría estar dando los últimos coletazos en los dominios de la jueza, el supuesto fraude de los cursos de formación sigue tomando forma. Alaya fue la primera en dar un titular a finales del pasado julio, atribuyendo a la Junta casi mil millones sin justificar para cursos de formación en cuatro años. Ahora la defensa del segundo exconsejero de la Junta encausado por este asunto, Ángel Ojeda, imputado hace un par de semanas por Alaya, quiere evitar que la jueza asuma el caso y se agarra a que fue un juzgado de Cádiz el que conoció primero el asunto y debe seguir siendo investigado lejos de Alaya.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz se ha inhibido finalmente este 22 de septiembre, como pedía la Fiscalía, en favor de la jueza Alaya, que ya imputó a otro exconsejero, Antonio Fernández, quien debe declarar ante ella en apenas 15 días. El abogado de Ojeda cree que “ciertamente, a día de hoy, no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismos hechos”. El juzgado gaditano asumió las diligencias de la 'Operación Óscar' en el marco de la cual fue arrestado Ojeda.
“Nada puede concluirse ni nada consta acreditado sobre los necesarios elementos que deben confluir para la adopción fundada del acuerdo de inhibición”, señala el abogado de Ojeda en el recurso de reforma presentado en Cádiz, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Entiende, por un lado, que Alaya define que la investigación se circunscribe a una actividad delitictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada para los funcionarios públicos (prevaricación y malversación).
Además, dice que que los juzgados investigan subvenciones excepcionales concedidas por la Consejería de Empleo, pero también otras concedidas a empresas suyas por el delegado de este departamento en Cádiz, según la información adelantada este martes por El País.
“Para poder afirmar con rotundidad y claridad que el objeto de ambos procesos sea el mismo, debe venir claramente definido por los respectivos órganos instructores qué subvenciones concretas y específicas investiga cada uno de los juzgados”, dice el escrito de su abogado, que va más allá y señala que “tampoco es posible constatar que sea el juzgado de Sevilla el primero que haya iniciado la investigación”.
En este sentido apunta que el “auto de pre-imputación”, como el propio letrado lo llama, “no acredita ni refiere ni ofrece datos concretos para conocer desde cuándo ha dirigido el objeto procesal de su investigación singular y específicamente contra Ángel Ojeda”. “En todo caso es Cádiz el territorio de la presunta acción delictiva investigada” y “ha sido en Cádiz donde se han impartido los cursos de formación, ”la Delegación Provincial de Cádiz quien ha controlado, fiscalizado y seguido la gestión de los fondos públicos cuando las subvenciones han sido concedidas“, señala la defensa de Ojeda como cuarto argumento para evitar que Alaya asuma el caso.