La jueza Mercedes Alaya también ha arrancado hoy el nuevo curso. El ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Diz-Lois, ha salido de su despacho imputado en el caso de los ERE por cuatro delitos (prevaricación, malversación, societario y no promover la persecución de delitos). Diz-Lois se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar porque su defensa entiende que la causa aún no está madura y no ha considerado recomendable prestar declaración ante la jueza.
Se trata de un funcionario de la Junta que trabajó en la Consejería de Empleo como jefe de servicio y posteriormente fue designado director económico de IDEA, la agencia de la Administración que abonaba las ayudas sociolaborales que se investigan. Actualmente, según fuentes del caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elabora un completo informe sobre el funcionamiento de dicha agencia que aún no se ha habría incorporado a la causa, razón por la que la defensa del imputado ha optado por esperar a las conclusiones del mismo para establecer una estrategia más concreta.
Otras fuentes han añadido que podría estar próximo un auto de la jueza Alaya en el que, tras la declaración del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez el pasado mes de julio, se inhibiría en favor de un tribunal superior (el TSJA o el Supremo), si finalmente decidiera imputar en la causa a personas aforadas como el ya expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ahora senador, o la también ya ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que seguirá como diputada autonómica, a los que se habría referido concretamente el ex interventor general en su declaración judicial.
Se traspasaría, según las fuentes, tan sólo la parte de la causa referida a los aforados que pudiese imputar Alaya, a fin de que pueda continuar con el resto de la instrucción, ya avanzada, si así lo entendiera el tribunal que se hiciera cargo de dichas actuaciones. Precisamente hoy, la Sala de Gobierno del TSJA está tomando conocimiento en su reunión en Granada del informe que remitiera a finales de julio en relación al desarrollo y estado en el que se encuentra la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investiga, entre ellas también el caso Mercasevilla y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis.
El auto de imputación de Diz-Lois, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, señala que Diz-Lois realizaba el seguimiento de los pagos en la etapa de Francisco Javier Guerrero en la Consejería de Empleo antes de la llegada en junio de 2005 de Ramón Díaz, ex diputado del PSOE en el Parlamento y que deberá acudir a declarar al juzgado en esta misma causa el próximo 9 de octubre. Por ello, debía conocer que la concesión de subvenciones sociolaborales que investiga Alaya “no se hacían mediante créditos ordenados y suficientes, sino ílicitamente mediante transferencias de financiación” y que pretendía el “flagrante incumplimiento de la normativa en materia de subveciones”. Las conclusiones de Alaya se basan en un correo electrónico que el 5 de junio de 2008 le envía a Ramón Díaz, según detalla en el auto.
La jueza explica que el inculpado “participaría en los desfases millonarios que se producían cada ejercicio económico por la ausencia de cobertura presupuestaria en la Dirección General de Trabajo”. A primeros de mayo de 2008, Diz-Lois pasó a ser director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA y “sería uno de los promotores del mantenimiento del sistema” como “conocedor y consentidor del incumplimiento de los filtros establecidos”.
En este sentido, entre septiembre y octubre de 2008 el imputado habría participado en reuniones en las que se “prorrogaría tácitamente” el convenio marco de 2001 y continuar con el uso del sistema de las transferencias, “pagando ayudas ya concedidas o nuevas ayudas”. Desde IDEA “habría colaborado activamente para que la Consejería de Empleo pudiera conceder arbitrariamente subvenciones” y “contribuiría dentro de sus funciones directivas a falsear el presupuesto” en el ejercicio 2009.
Asimismo, Diz-lois, según la jueza, consignaría “falsamente una partida de gastos” en la cuantía “suficiente para cuadrar el resultado económico de la empresa” y “para justificar presupuestariamente el crédito de la Consejería de Empleo d elas transferencias de financiación”. El 13 de enero de 2009, Diz-Lois fue nombrado secretario general de IDEA hasta su cese defintivo el 9 de febrero de 2010.
El lerado de la Junta ha aportado hoy un interrogatorio de nueve preguntas por escrito, centradas principalmente en el desempeño de las funciones del imputado en su etapa como funcionario en la Dirección de Trabajo, mientras que el Ministerio Fiscal no ha pedido ningún tipo de medidas cautelares sobre el imputado. El PP ha solicitado que se dicten las medidas que considere oportunas la jueza y UGT se ha adherido a lo pedido por Junta y Fiscalía.
El juzgado ha incorporado también hoy 16 tomos relativos a las actuaciones practicadas en las semanas previas al periodo estival, entre ellas las declaraciones de algunos imputados o diversos informes de la Guardia Civil durante el actual desarrollo de la investigación.