El 18 de noviembre de 2020, durante la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el Parlamento de Andalucía expulsó a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía, la coalición de izquierdas que ella misma presidía. Les acusaban de “tránsfugas”, porque días atrás habían abandonado Podemos -uno de los partidos que fundó Adelante- para seguir al frente del grupo parlamentario desde otra formación: Anticapitalistas. Los nueve parlamentarios se vieron despojados de sopetón de todos los recursos de su grupo, menguada su capacidad legislativa y política, tras convertirse en diputados no adscritos.
Tres años después, y ya en otra legislatura, el Tribunal Constitucional (TC) ha enmendado la plana al Parlamento andaluz -no es la primera vez que lo hace- anulando aquella expulsión y ordenando subsanar un destrozo político que ya no tiene remedio. Teresa Rodríguez y sus compañeros denunciaron a los miembros de la Mesa -órgano de dirección de la Cámara- por vulneración de sus derechos fundamentales de representación política.
El fallo no tendrá consecuencias prácticas, porque aquella legislatura terminó, hoy ninguno de los diputados expulsados -salvo José Ignacio García- forma parte ya de la actual composición del Parlamento, ni el Adelante Andalucía actual -grupo mixto de dos parlamentarios- es el mismo que se cercenó en 2020.
La sentencia del TC “no restituye el daño político, pero sí el moral”, dicen los afectados. La política gaditana, que dejó su acta de diputada el año pasado para regresar a la docencia, ha ganado este martes el relato que sus antiguos compañeros de partido le negaron cuando fue expulsada del grupo que lideraba, repudiada como “tránsfuga” y “traidora”.
El fallo del Constitucional saca los colores a todos los partidos políticos de la Cámara que, en su momento, aparcaron sus enormes diferencias ideológicas para firmar juntos en un papel la expulsión de Teresa Rodríguez: PSOE, Vox, IU -en nombre de la mitad de Adelante que denunció a la otra mitad- y Ciudadanos (el PP se abstuvo).
La solicitud de expulsión partió de una nueva ejecutiva de Podemos Andalucía, afín a Pablo Iglesias, que tomó el control de esta agrupación cuando Rodríguez dimitió como secretaria general y abandonó a los morados. La gaditana había sido cofundadora y referente nacional de Podemos, fue la primera líder regional en Andalucía, y tras muchos forcejeos con Iglesias por lograr una autonomía política que nunca tuvo, dimitió para regresar a las filas de su anterior formación -Anticapitalistas- y refundar Adelante Andalucía, ya sin el contrapeso de Podemos e IU.
Era una guerra intestina más de las izquierdas andaluzas que contó, esta vez, con la connivencia explícita de los socialistas, los comunistas, las derechas y la ultraderecha (estos últimos vieron la oportunidad de fomentar una división del bloque progresista en beneficio electoral propio). Adelante Andalucía tenía 17 diputados entonces y se quedó con seis: nueve expulsados y otras dos parlamentarias que abandonaron el núcleo por su propio pie para unirse al frente damnificado.
Teresa Rodríguez fue expulsada de su grupo en virtud de la reforma del Pacto Nacional Antitransfuguismo de 1998, firmado en el Congreso unas semanas antes a iniciativa de Ciudadanos, y que luego sería integrada en una reforma exprés del reglamento del Parlamento andaluz para enmarcar a posteriori la expulsión de los nueve diputados de Adelante. Los afectados sostienen que esta modificación “ad hoc” de la normativa interna de la Cámara andaluza sirvió a sus ex compañeros de grupo para quedarse con todos los recursos de funcionamiento, que ascendieron a dos millones de euros en la legislatura.
La nueva definición de tránsfuga recogida en el pacto nacional atribuye esta consideración al que se aparta del “criterio político” de su formación y se vuelve incómodo para sus jefes. Se estrenó con la política gaditana en aquella reforma ad hoc, según denunciaron luego los afectados. Los letrados del Parlamento andaluz, en un informe, ya se preguntaban por los límites constitucionales entre lo que se consideran discrepancias internas dentro de una formación política, dentro de los márgenes del pluralismo, y la nueva definición de tránsfuga.
Las dudas jurídicas sobre su expulsión existieron desde el minuto uno. Rodríguez y los otros ocho diputados de Adelante Andalucía fueron apartados de su grupo por decisión de la Mesa el 28 de octubre de 2020, posteriormente restituidos en sus escaños el 5 de noviembre, y nuevamente expulsados el 18 de noviembre, esta vez de forma definitiva.
Hubo un tenso debate a puerta cerrada, que eldiario.es transcribió meses después tras tener acceso a las actas secretas de las reuniones del órgano rector de la Cámara: “No existen precedentes en este Parlamento ni tampoco una práctica sólida en otras Asambleas legislativas ni una posición indubitada en la doctrina”, llegó a advertir el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, a los portavoces de PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Vox que iban a perpetrar la expulsión.
En ese debate interno, a puerta cerrada, ya se advirtió de la posibilidad de que aquella operación terminase enmendada por el Tribunal Constitucional, dañando la imagen del propio Parlamento andaluz. El letrado mayor pidió a sus señorías más “tiempo y pruebas antes de tomar la decisión”: “Tratándose de una decisión que afecta a los derechos e intereses de los nueve diputados” expulsados de su grupo por tránsfugas, “puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución”.
“Antes de adoptar su decisión”, avisó Marrero, la Mesa del Parlamento debería “reconocer a los diputados afectados el derecho a ser oídos, otorgándoles el correspondiente trámite de audiencia”, puesto que la decisión afecta “al núcleo de la función representativa parlamentaria”.
El letrado mayor insistió en “el escaso tiempo de que dispone la Mesa para adoptar una decisión compleja”, advirtió de que la celeridad con la que se pretendía actuar “no permite aportar una solución segura y asentada” e insistió en demorar de nuevo la decisión a adoptar por la Mesa “a fin de que el asunto pueda ser analizado jurídicamente de modo adecuado y con el tiempo suficiente”.
Los dos diputados de Ciudadanos en el órgano rector de la Cámara avalaron este criterio, que no fue escuchado por la mayoría de sus miembros. En esa reunión se estaba estrenando el Pacto Antitransfuguismo firmado semanas atrás en el Congreso, extensible a los parlamentos autonómicos, pero los parlamentarios andaluces de Ciudadanos creían que era “precipitado” aplicarlo en el caso de Teresa Rodríguez y sus compañeros “sin las necesarias garantías jurídicas”.
Finalmente lo hicieron porque la dirección nacional de su partido, entonces comandada por Inés Arrimadas, lo ordenó. El vicepresidente tercero de la Cámara andaluza, Julio Díaz (Cs), terminaría exigiendo que se recogiese en acta su enfado y disconformidad con la expulsión de los nueve diputados , dejando constancia por escrito de que tenía que votar a favor “por una directriz política de la dirección nacional de su partido” que “no comparte”.
La dimisión de Teresa Rodríguez como líder de Podemos Andalucía, junto a toda su cúpula, dejó a los morados sin representación en el Parlamento andaluz. La nueva ejecutiva, afín a Pablo Iglesias, se sirvió entonces de la mano de una veterana dirigente de IU y diputada de Adelante, Inmaculada Nieto. En ese momento, Nieto ocupaba la portavocía del grupo mientras Rodríguez disfrutaba del permiso de maternidad, lo cual le permitió registrar la solicitud de expulsión en nombre de la nueva dirección regional de Podemos.
El escrito se presentó encriptado y con el sello de confidencial, impidiendo que los afectados conociesen su contenido hasta el mismo momento de la votación: “Existe una carpeta específica, denominada 'Asuntos no incluidos en el Sumario de la Mesa”, recoge una de las actas. En ausencia de los promotores, la solicitud fue defendida enérgicamente ante el órgano rector de la Cámara por el PSOE, y finalmente salió aprobada con los dos votos socialistas, los dos miembros de Ciudadanos (a regañadientes) y el portavoz de Vox (el PP se abstuvo).
La Mesa del Parlamento que ejecutó la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados estaba encabezada por Marta Bosquet, dirigente de Ciudadanos que presidió la Cámara en la pasada legislatura, y que hoy forma parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Esta foto fija del partido naranja, sumido ya entonces en una severa crisis interna, es más fácil de interpretar hoy, ya desaparecido del Parlamento andaluz y con todos sus dirigentes integrados en el Ejecutivo en solitario del PP (empezando por su líder y candidato, Juan Marín).
La gran valedora de la reforma del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso fue Inés Arrimadas, meses antes de unas elecciones en Cataluña que se adivinaba ya como un derrumbe imparable del proyecto nacional de Ciudadanos. Los naranjas iban a desangrarse primero en los territorios que cogobernaban con el PP y el núcleo duro de Arrimadas se apresuró para impulsar un cortafuegos que frenase la huida de cargos públicos y dirigentes de su partido a las filas populares.
Verónica Pérez, entonces líder del PSOE de Sevilla, era la secretaria primera, y fue quien defendió la operación de Podemos e IU contra la gaditana, dado que la única representante de Adelante en el órgano de dirección, la diputada Maribel Mora, rechazaba la expulsión y era afín a Rodríguez. “No hay que olvidar el carácter político de este órgano”, le espetó Pérez a su compañero de Ciudadanos, que insistía en pedir “un informe técnico” a los servicios jurídicos de la Cámara antes de consumar la expulsión.
Hubo cinco votos a favor de cercenar el grupo parlamentario Adelante y enviar a nueve diputados al rincón: presidenta [Marta Bosquet; Ciudadanos], vicepresidenta segunda [Teresa Jiménez; PSOE], vicepresidente tercero [Julio Díaz; Ciudadanos], secretaria primera [Verónica Pérez; PSOE] y secretario tercero [Manuel Gavira; Vox] y dos abstenciones (vicepresidenta primera [Esperanza Oña; PP] y secretario segundo [Manuel Andrés González; PP]. Adelante sólo tenía voz, no voto en la Mesa, de modo que Mora sólo hizo constar su “pronunciamiento en contra”.
La expulsión de Teresa Rodríguez perpetrada por Podemos e IU fue el punto álgido de la división de izquierdas, que habían concurrido juntas en las elecciones andaluzas anteriores sin el resultado esperado. Podemos e IU tenían más escaños por separado (20) de los que lograron juntos en la primera versión de Adelante.
La semilla de la discordia hizo que concurrieran enfrentados en los pasados comicios, con Podemos e IU en una nueva confluencia llena de susceptibilidades y luchas intestinas (Por Andalucía, amadrinada por Yolanda Díaz, y que quedó reducida a los cinco parlamentarios actuales) y la nueva versión de Adelante Andalucía, pseudonacionalista y andalucista, que logró resistir con dos diputadas y conformarse en grupo mixto.
Teresa Rodríguez era una de ellas, hasta que dejó su escaño hará un año. El hiperliderazgo que le permitió salvar su marca política en las andaluzas, resistiendo en el Parlamento, no funcionó ni en las municipales de mayo ni en las generales de junio, en las que volvió a concurrir como número dos de una lista que sólo se presentó por Cádiz, su provincia natal. Logró apenas 9.000 votos, un 1,4% del escrutinio de la provincia. En una entrevista preelectoral con este periódico, Rodríguez avanzó lo que esperaba del recurso interpuesto ante el Constitucional: “¿Para qué sirve eso ya ahora? Está bien que te dé la razón ahora, pero verdaderamente es una pena que el Constitucional funcione tan lento para unas cosas y tan rápido para otras”.
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