La comarca gaditana de La Janda, que comprende municipios como Barbate o Conil, pasa desde hace meses por una “sequía extraordinaria”. En Burguillos (Sevilla), regar está prohibido desde el 5 de mayo, y no se podrán llenar las piscinas este verano. La pretensión de abrir unos pozos en la sierra de los Filabres (Alcóntar, Almería) genera una fuerte oposición entre quienes creen que solo busca favorecer a los regantes del Valle del Almanzora, cuyos 22 municipios ya han acordado que este año no se llenarán las piscinas.
Estas son algunas situaciones de falta de agua en Andalucía, una comunidad acostumbrada a las sequías. Hasta cuatro ha sufrido en los últimos 35 años. La Junta de Andalucía acaba de declarar de interés autonómico 17 obras destinadas a priori a garantizar que el agua llega a poblaciones que ahora mismo no la tienen asegurada.
La propuesta es ambiciosa: “Resolverán problemas de suministro para 3,6 millones de personas de 215 municipios andaluces”. Se trata de “paliar los efectos negativos producidos por la sequía y garantizar el abastecimiento humano”, según la administración. Expertos consultados por eldiario.es/Andalucía denuncian que siguen faltando planificación y modelos de gestión que garanticen la viabilidad de estas obras millonarias.
Aunque la consejera Carmen Crespo deslizó que las obras van a dar “posibilidades hidráulicas a muchas empresas de Andalucía”, la tesis oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible es que se trata de obras destinadas a “la garantía del abastecimiento humano”. “No a otros usos”, insisten.
“El problema procede de la extensión del regadío”
Varias de las zonas que se verían beneficiadas por estas obras tienen un déficit hídrico generado por la actividad agrícola: en Valle del Almanzora, las demandas de los últimos años por la falta de garantías del trasvase del Negratín han estado lideradas por los regantes, que utilizan la práctica totalidad de ese caudal; la realización de las conducciones desde la infrautilizada presa de Rules a la Costa Tropical de Granada siempre se ha vinculado a los beneficios para los cultivos de subtropicales; y desde hace años son los ganaderos de los Pedroches de Córdoba quienes vienen alertando de la carestía de agua para sus explotaciones.
Leandro del Moral, catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, pone el ejemplo del abastecimiento a la Sierra Sur de Sevilla y el norte de Málaga, ambas entre las 17 obras de interés autonómico. En esos casos, “el problema de déficit de cantidad y calidad de abastecimiento urbano procede del descontrol de la puesta en riego, de la intensificación y extensión del regadío en los últimos años. Esto hay que analizarlo. No se puede obviar la raíz del problema”.
Según Del Moral, en torno al 90% del agua se usa en Andalucía con un destino agrícola. El uso “ajeno a normativa” y la falta de mecanismos adecuados de gestión están en el origen del problema: “El factor o la causa del problema es agrario, en la mayor parte de los casos”, asegura el experto.
Por su parte, Antonio Amarillo, coordinador del área de aguas en Ecologistas en Acción, teme que en algunas de estas obras se confunda el interés general con el interés particular de algunas actividades, como la hortofrutícola, la ganadera o la minera, “que están en el origen de la falta de abastecimiento”. Y advierte contra la posibilidad de que las obras faciliten la implantación de nuevas hectáreas de regadío.
“El problema es la ausencia de gestión”
La declaración de interés autonómico habilitará a la Junta de Andalucía para ejecutar estas obras, según explica una portavoz. Ya ha anunciado su intención de redactar cuanto antes los proyectos, entre este año y 2021, y ejecutarlos antes de 2027.
“Hay que acompasar la urgencia con hacer las cosas bien. Estas obras requieren planificación, previsión, visión de conjunto, transparencia y debate con los agentes sociales, como exige la ley de aguas”, advierte Del Moral: “Nada de lo que se ha hecho en los últimos seis años tiene transparencia, participación pública, control y seguimiento. Esto apunta a que va a seguir así, con el argumento de la mayor eficiencia, eficacia y agilidad”.
Sin embargo, la autorización de algunas de las grandes obras reclamadas por los regantes, como la de Rules, corresponde al Gobierno central por ser de interés general, ya que están incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. De otras, como el trasvase de Iznájar, se ha reclamado el compromiso estatal con insistencia. El Gobierno andaluz dice ahora que está dispuesto a asumir el coste, pero que necesita autorización para un trasvase que alcanzaría los 4,9 hectómetros cúbicos anuales (4.900 millones de litros). “Nadie había puesto sobre la mesa 50 millones de euros para hacer solito las infraestructuras”, dijo Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz.
El catedrático opina que no hay un déficit de infraestructuras sino, más bien al contrario, infraestructuras infrautilizadas o inservibles: el embalse de Melonares (Sevilla), la presa de Siles (Jaén), el trasvase de Castril (Granada)… “El problema es la ausencia de gestión”, denuncia.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), comparte el análisis, y acusa a la Junta de Andalucía de actuar “a golpe de decreto”: “Estas actuaciones no han sido debatidas en el marco de la planificación hidrológica, que tiene que asegurar la participación pública activa en la toma de decisiones sobre la gestión del agua. La decisión política de apoyar estas obras no ha incorporado otros criterios sociales o ambientales”, lamenta Babiano, que advierte que antes hace falta crear o reforzar modelos de gestión participativa que “garantizarían la viabilidad de estas infraestructuras”.
El retraso en la depuración
Crespo anunció que la inversión total superará los 430 millones de euros. Los proyectos empezarán a redactarse de inmediato, con un coste de 15 millones de euros. La Junta de Andalucía pretende sufragar esta inversión con el canon del agua, algo posible porque en 2019 introdujo una modificación en la Ley de Presupuestos que permite usar la recaudación del canon, inicialmente limitada a obras para la depuración de aguas residuales, a otras obras hidráulicas.
El anuncio de estas 17 grandes inversiones a cargo del canon se produce sin que se hayan completado y en algunos casos ni se hayan iniciado algunas de las más de 300 infraestructuras de depuración declaradas de interés autonómico en 2010. En teoría, todas iban a estar listas antes de 2015, después de más de una década incumpliendo la Directiva de Aguas. En ellas estaban incluidas cuatro depuradoras (en Alhaurín el Grande, Tarifa, Coín e Isla Cristina) cuya falta le ha costado a Andalucía una multa europea por 5,5 millones de euros hasta 2019, más 2,1 millones de euros por cada semestre de retraso, tal y como informó eldiario.es/Andalucía.
El anterior Gobierno socialista fue muy lento en la ejecución de estas obras. El actual ha criticado esa ineficacia, pero no ha actualizado oficialmente los datos: desde que se produjo el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, la administración no ha actualizado el informe que verifica el grado de cumplimiento de las obras de depuración. Según el último informe de ejecución, hasta diciembre de 2018 la Junta de Andalucía había recaudado 730 millones de euros y había ejecutado inversiones en depuración por 350 millones de euros (218 con cargo al canon y 132 con cargo a fondos europeos). “Este Gobierno tiene bastantes motivos para recurrir a la herencia recibida, porque el anterior, además de no planificar, no ejecutaba”, señala Del Moral.
Amarillo admite cierto “impulso” a la depuración en los últimos meses, pero recuerda que hay obras de interés que siguen acumulando demoras. “Sigue retrasándose una vez más, la urgente puesta en marcha de las actuaciones de saneamiento y depuración que Andalucía necesita. Lo principal es avanzar en el cumplimiento de la directiva y éste desde luego no es el mejor de los caminos”, concluye Babiano.