El “repugnante” caso Faffe, como lo ha llamado Susana Díaz, trata del gasto de fondos públicos de su Gobierno en varios prostíbulos andaluces. Pero no ha ocurrido en esta legislatura ni en la anterior. El primer caso que salió a la luz tuvo lugar hace ocho años, en marzo de 2010, y luego han aflorado más gastos de un ex directivo de la Junta en otros cuatro puticlubs de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. Es un tema antiguo que ha recobrado fuerte actualidad, porque se está juzgando ahora en los tribunales, y porque el PP andaluz lo ha convertido en su principal herramienta política para atizar a Susana Díaz a las puertas de las elecciones del 2 de diciembre.
Una empresa pública bajo sospecha
Todo este turbio asunto gira en torno a la Faffe, una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que es objeto de otra investigación por presuntas irregularidades en los contratos de formación. La Faffe -Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo- era un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se han detectado los gastos irregulares en los prostíbulos.
La Faffe quedó extinguida en 2011 y su personal se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En 2016, Susana Díaz ordenó paralizar las políticas activas de empleo, cuando salieron a la luz las primeras irregularidades en la contratación a empresas de cursos de formación a parados. El tema concreto de los fondos públicos en varios club de alterne es una pieza separada de dicha investigación pilotada por la jueza María Núñez Bolaños, que también instruyó el caso del fraude de los ERE en su fase final.
Los hechos, entre 2004 y 2010
Los primeros hechos que se denuncian públicamente ocurrieron el 22 de marzo de 2010. Ese día, Fernando Villén, ex director de la Faffe, usó una tarjeta MasterCard asociada a dicha empresa pública en el prostíbulo Don Angelo, de Sevilla, el mismo en el que el PP andaluz ha citado a la prensa esta semana para arrancar su precampaña electoral. Desde esa tarjeta de crédito se realizaron 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros.
En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Sin embargo, los pagos de aquel día no constaban en la contabilidad de la tarjeta de Villén porque fueron anulados a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne. Alguien -la Guardia Civil desconoce quién fue- se encargó de volver al prostíbulo y abonar la factura en efectivo, antes de que se cargase en la tarjeta. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados.
Hay una coincidencia inquietante. Esta “juerga o bacanal”, como la describe el PP, tuvo lugar el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de ser destituido el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe (Fernández también es uno de los principales imputados por prevaricación y malversación en el caso ERE).
Junta y PP, personados como acusación
El Gobierno de Susana Díaz está personado como acusación particular, aunque su política hasta ahora ha consistido en no revelar datos reservados del sumario, acogiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su lugar lo ha hecho, con creces, el PP andaluz, que también está personado en la causa, y que ha encontrado en este asunto el mejor vehículo para recuperar la iniciativa política que le había arrebatado Ciudadanos como adalid de la regeneración democrática. “Estamos gastando dinero del partido en destapar la corrupción en Andalucía”, dice, solemne, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.
Los populares fueron los primeros en airear los datos de la tarjeta de Villén. Luego la Consejería de Empleo inició una investigación interna sobre la MasterCard y, al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable (Unicaja). Así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en un club de alterne entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. La documentación se puso en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta que, el pasado 1 de junio, la remitió a la magistrada.
Un mes después, la Junta encontró una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy día La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado reiteradamente los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero su titular, el consejero Javier Carnero, asegura que el banco le niega dicha información. Carnero ha comparecido hasta en cinco ocasiones en el Parlamento para dar explicaciones sobre este caso, aunque se ha negado a aportar los datos que le reclama la oposición, argumentando que es información reservada del sumario.
El consejero sí explicó en la Cámara que, más allá de esos 15.000 euros, su departamento había detectado otro movimiento sospechoso en la contabilidad de esta segunda tarjeta: devoluciones por un importe de 23.000 euros entre los años 2004 y 2008, que la Junta entiende eran para “compensar” el gasto que hizo Villén en “temas personales” con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su trabajo. La Junta admite que “desconoce” el uso que se hizo de esos 23.000 euros de fondos públicos, que luego fueron repuestos.
En el sumario de la investigación aparecen las declaraciones, como testigo, del dueño del prostíbulo, que señalan directamente a Villén. El PP pretendía citar al proxeneta y a algunas prostitutas a la comisión de investigación en el Parlamento, que ya no se celebrará porque la Cámara quedó disuelta después de que Susana Díaz adelantase las elecciones al próximo 2 de diciembre.
La campaña de Juanma Moreno
El PP andaluz tiene acceso al sumario y es de su mano de quien han surgido los nuevos datos que redimensionan el “escándalo”, mucho más allá de lo que la Consejería de Empleo había revelado a partir de su investigación interna. Según la Guardia Civil, no hubo sólo dos tarjetas de crédito de la Faffe usadas en prostíbulos, sino tres. Y el gasto no es sólo de 15.000 euros, sino de 32.000.
En este tema, el PP siempre ha ido políticamente por delante del Gobierno andaluz y del resto de grupos de la oposición. Los populares fueron quienes solicitaron una comisión de investigación sobre la Faffe en el Parlamento, que fue respaldada por todos los grupos, incluido el PSOE. Y su presidente, Juanma Moreno, fue quien, minutos antes de que Díaz anunciase el adelanto electoral, se plantó con su equipo a las puertas de un prostíbulo (ya cerrado) de Sevilla y difundió un informe de la Guardia Civil que eleva a 32.000 euros el gasto público de la Junta en clubs de alterne.
La presidenta andaluza y candidata a la reelección se ha desligado del asunto, porque no formaba parte del Ejecutivo cuando los hechos ocurrieron, pero también ha dejado claro que el suceso le parece “repugnante, deleznable y asqueroso” y que su gabinete se personó como acusación en la causa judicial desde el principio.
De hecho, este jueves, a petición de la Junta, la juez Núñez Bolaños volverá a tomar declaración al ex director de la Faffe y titular de las tres tarjetas que se usaron en los cinco prostíbulos. Fernando Villén fue un alto cargo del Gobierno andaluz y ocupaba una posición relevante dentro del PSOE regional en los años que se investigan. Ya declaró ante la jueza el pasado 16 de febrero a petición de la Junta, y después de que la Consejería de Empleo detectase hechos supuestamente delictivos en la gestión de las cuentas de la Faffe, como malversación y apropiación indebida.
El informe de la Guardia Civil
Núñez Bolaños pidió a la Guardia Civil un informe tanto de los movimientos bancarios de las cuentas como de los correos electrónicos de 66 responsables de esta entidad desde 2009 hasta su disolución en 2016. La Benemérita entregó ese informe el viernes pasado y tres días después el presidente del PP andaluz se lo cedió a la prensa ante las puertas del prostíbulo Don Angelo (hoy en ruinas). “Aquí se han hecho las grandes bacanales con dinero público. Éste es un edificio en ruinas como el Gobierno andaluz”, remachó. Y así arrancó su primer acto de precampaña electoral.
El informe de la Guardia Civil denuncia que entre finales de 2004 y mediados de 2010, Villén usó tres de las seis tarjetas de crédito en su poder vinculadas a la empresa pública para pagar “12 juergas o bacanales”, en palabras del PP, en los prostíbulos Don Angelo y Club Top Show (Sevilla); Sala Deluxe y La Casita (Córdoba) y Bahía Dos (Chiclana, Cádiz). La UCO confirma que hubo 43 cargos con estas tarjetas en estos clubs de alterne, y un otro gasto “en efectivo” de 306 euros. En total, se usaron 31.969 euros de dinero público en prostíbulos, y la Guardia Civil no puede acreditar que se devolviera. Aunque la contabilidad de las tarjetas recoge la devolución de estos gastos, “dicha devolución se apunta, pero el dinero no aparece”.
La Faffe dispuso de 13 cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard. La Guardia Civil ha rastreado el uso de más de 80.000 euros en “gastos personales” de Villén y su hermano (también empleado de la empresa pública), la mayoría en peajes de autovía, comilonas en grandes restaurantes y otros “gastos sin justificar”. No obstante, el informe subraya que “el mayor gasto” con estas tarjetas de crédito se ha localizado en los cinco prostíbulos.
El adelanto electoral
El PP denuncia que el informe de la Guardia Civil pone en tela de juicio la gestión de todo el fondo de formación -828 millones de euros-, en un claro paralelismo con otras causas judiciales, como el caso ERE (que actualmente siente en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán) o el de los cursos de formación a parados, que ha sido archivado en la mayoría de los juzgados.
Lo que se sabía hasta entonces ya era suficientemente grave como para zarandear al Gobierno de Díaz, que en las últimas semanas ha tenido que responder en el Parlamento a durísimas preguntas de la oposición. Con este caso, el PP no sólo cuestiona el uso irregular de fondos públicos por parte de la Junta -con reminiscencias al fraude de los ERE-, también recupera la corrupción como vehículo motor de la campaña electoral, como ya hiciera Javier Arenas en 2012.
El lema más beligerante de los populares es el que acusa a Susana Díaz de formar parte de un Gobierno que “ha utilizado el dinero de los andaluces en alcohol y prostitutas”, de “conocerlo y ocultarlo todo”. Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder del PP nacional, Pablo Casado, ha mezclado todos los casos de corrupción que salpican a la Junta, redondeando de forma disparatada en mil millones de euros el supuesto gasto de fondos públicos en “mariscadas, cocaína, juergas y prostitutas”, un órdago tremendo que le ha lanzado a la cara al presidente Pedro Sánchez. “Andalucía no aguanta más fiestas del PSOE. Póngase por una vez de acuerdo con Susana Díaz y convoque elecciones ya”, le ha dicho. Y así parece que será toda la campaña electoral en Andalucía.