La familia de un camionero de Sevilla fallecido por cáncer preso en Tánger estudia una denuncia ante la ONU

El mensaje desesperado de su familia para su repatriación urgente no tuvo efecto y el camionero de un pueblo de Sevilla enfermo de cáncer de esófago mientras cumplía pena de cárcel en Tánger (Marruecos) falleció el pasado 3 de diciembre. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que desde julio de 2021 venía mostrando su preocupación por la situación del transportista, prepara junto a la familia una denuncia ante el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas ante los infructuosos intentos con el Gobierno de España, incluso ante la Casa Real, para que intercediera ante las autoridades marroquíes ante el empeoramiento en su salud. El objetivo de la familia y de l APDHA durante este año y medio había sido, sin éxito, impulsar los trámites necesarios que le permitieran ser trasladado a España y recibir el tratamiento médico necesario que venía recibiendo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Comarcal de La Merced (Osuna), cerca de su familia. Dos días antes de su muerte, Juan Manuel recibió en el hospital la visita de su mujer y sus tres hijos, al último de los cuales no había llegado a ver ya que nació después de su encarcelamiento.

Después de que la APDHA pusiera la muerte del camionero en conocimiento del Defensor del Pueblo de España, que mantenía una queja abierta en torno a caso, la institución dirigida por Ángel Gabilondo había comunicado hacía unas semanas a la familia que, de acuerdo con la información facilitada por los servicios consulares españoles en Tánger, la familia del fallecido informó en su momento sobre la contratación de un seguro con cobertura para traslados y repatriación, si fuese necesario dado el delicado estado de salud en el que se encontraba. Asimismo, una adjunta al Defensor informó de que la funeraria sita en Tánger se había puesto en contacto con el seguro contratado por la familia para iniciar dichos trámites, obteniendo en primera instancia respuesta negativa de la compañía de seguros dado que la cobertura para repatriación del cuerpo no estaría incluida.

La familia, junto a APDHA, ha estado negociando estas circunstancias con la compañía de seguros. La organización había informado previamente al Defensor de que se había registrado solicitud de traslado de los restos mortales del transportista ante el Consulado de España en Tánger y que, ante la negativa de asumir los costes del traslado por parte de la aseguradora, la familia había pedido que fuera el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se hiciera cargo de estos. Finalmente no fue necesario y la aseguradora asumió los costes, siendo enterrado durante las pasadas navidades en tierras españolas. Isabel, la hermana del fallecido, quiere agradecer a través de elDiario.es Andalucía la labor de APDHA antes y después de la muerte de Juan Manuel, tanto en su esfuerzo por trasladarle para morir cerca de los suyos como en las gestiones desarrolladas para su repatriación y entierro en Lantejuela.

El camionero estuvo privado de libertad en Tánger desde el 4 de julio de 2021 condenado por tráfico de estupefacientes. “Haced algo, que me voy a morir aquí”, le trasladó a su hermana Isabel en una conversación después del pasado verano. Según dijeron fuentes del Ministerio de Justicia el pasado octubre, el magistrado de enlace en Rabat había adelantado una copia de la solicitud de esta persona, que manifestó a un empleado del Consulado General de España en Tánger, que le visitó el pasado 13 de septiembre, su inquietud en querer ser trasladado a una prisión española. “Una vez autorice el Gobierno español, será el Gobierno de Marruecos el que deba, por su parte, autorizar el traslado. Cuando ellos también lo autoricen se podría materializar el traslado a través de los servicios policiales. Por nuestra parte, rapidez máxima”, añadieron las fuentes ministeriales.

Dificultades de acceso y asistencia sanitaria

Su hermana considera que lo vivido por Juan Manuel ha sido “una auténtica tortura” por el trato recibido, principalmente en el hospital. “Él quería que se supiera lo que le estaban haciendo pasar. Me decía que no había hecho nada para que le hicieran eso, que solo había sido su mala cabeza lo que le había llevado a la cárcel, pero que le estaban dejando que se muriera. Y al final le han dejado morir en las peores condiciones, porque ya no le daban ni agua, ni comida, ni lo limpiaban. Su mujer tuvo que pagarle 50 euros a un policía para que le comprara pañales y agua. Solo le quedaba uno el día antes de morir, cuando hablé con él”, relata Isabel, quien lamenta la “desinformación” hacia la familia en cuanto al proceso vivido y que, con la denuncia pública de su caso y de su muerte, confía en “que otra persona no pase por eso”, por lo que apoya que lleve el asunto ante las Naciones Unidas.

APDHA había mostrado su preocupación por la situación del transportista puesto que, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Delegación General de la Administración Penitenciaria y Reinserción del Reino de Marruecos, las quejas acerca de las dificultades de acceso y asistencia sanitaria, tanto primaria como hospitalaria, ocupan el segundo lugar en cuanto al total del número de reclamaciones interpuestas por personas privadas de libertad en centros penitenciarios marroquíes.

Por eso APDHA pedía su indulto o, subsidiariamente, su traslado para cumplir la sentencia en un centro penitenciario español, y así se lo hizo saber al Defensor del Pueblo Español y a la Oficina Consular en Tánger (Marruecos). La familia del transportista incidía en esa cuestión, según le trasladaba el afectado que, pese a su bajada de peso en los últimos meses (47 kilogramos en una de sus últimas conversaciones), ponía en duda el tratamiento recibido. “Las últimas veces que hablamos estaba bastante peor”, trasladaba en octubre la familia.

Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, en noviembre de 2021 eran 777 los ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero (93 mujeres y 684 hombres). Son los países de la Unión Europea, con Francia y Alemania a la cabeza, los que albergan un mayor número de españoles en esta situación. Fuera de territorio europeo, Marruecos con 78 internos y Perú con 24, son los dos países más destacados.

El transportista fue detenido en el Puerto de Tánger-Med a primeros de julio de 2021 con 850 kilos de hachís rumbo a la península ibérica, según informó entonces la Dirección General de Seguridad Nacional. Tras un juicio, fue condenado a cuatro años de cárcel, de los que cumplió finalmente uno y medio hasta su muerte. Tenía esposa y tres hijos, el último nacido en Osuna (Sevilla) apenas dos meses después de su encarcelamiento y al que conoció en su penúltimo día de vida.