Escasos 15 minutos ha durado la comparececnia como imputado ante el juez del exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que dimitía hace ahora un año por el escándalo de las facturas falsas como presunto método de financiación ilícita del sindicato y que ahora se las ve con la justicia. Se ha acogido “por ahora” a su derecho constitucional a no prestar declaración pero le ha dado tiempo a proclamar ante el juez su inocencia en el marco del posible fraude en las subvenciones recibidas por el sindicato que se está investigando.
La defensa Fernández Sevilla había solicitado previamente al juzgado que pospusiera su citación judicial, argumentando que a la causa debe incorporarse aún un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hace especial hincapié en el análisis del software informático utilizado por UGT-A. En su escrito, rechazado por el juzgado, ofrecía su “total colaboración con la instrucción judicial para el esclarecimiento de los hechos investigados”. Su abogado afirmaba que, en cualquier caso, quería dejar constancia “de su inocencia, rechazando los reproches acusatorios” que contenía la providencia judicial en la que se daba cuenta de su imputación.
Tanto como Manuel Pastrana como Fernández Sevilla han mostrado su intención de declarar en el juzgado pero no lo han hecho ni el primero, por enfermedad, ni el segundo, porque todavía se está analizando determinada documentación incautada en el registro de la sede de UGT-A en diciembre pasado y no ha sido aún puesta a disposición del juzgado. El abogado de Fernández Sevilla ha dicho a los medios tras la comparencia que su cliente ha optado por no hablar “por el derecho a un proceso con todas las garantías”. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, dice en cualquier caso que la actuación del antiguo máximo dirigente del sindicato “se ha ajustado en todo momento a la legalidad”.
El letrado ha añadido ante la prensa que Fernández Sevilla “quiere declarar” pero que espera a que se una la documentación mencionada al procedimiento. Dicho atestado no estaría disponible hasta dentro de dos meses, según las previsiones de la defensa. Ninguna de las partes personadas en la causa ha solicitado medidas cautelares contra Fernández Sevilla, que no ha querido comentar nada ante los medios y que ha quedado en libertad provisional.