La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la sesión de informes finales del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al préstamo participativo de 300.000 euros concedido por la entidad a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.
Este juicio se dirige contra el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, --ya condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y a dos años y tres meses de prisión por la pieza de personal--; la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, --condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el “procedimiento específico” mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias--; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.
Tras las diferentes sesiones en torno al préstamo participativo de 300.000 euros concedido por Invercaria a la empresa jiennense Fumapa, pese a la supuesta “inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda” y después de que los empresarios presentasen sólo “dos folios manuscritos y un inventario”, según la Fiscalía Anticorrupción, el representante del Ministerio Público ha insistido en que Pérez-Sauquillo y los restantes miembros del consejo de administración de Invercaria aprobaron el citado préstamo con una documentación “insuficiente e inconcreta”.
El citado préstamo, según la Fiscalía, habría sido concedido “sin expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis (de Invercaria) ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director de la compañía”, ni mediar “plan de negocios ni análisis de inversión”.
El fiscal ha mencionado expresamente el testimonio del que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, acusado en otras piezas relativas a la gestión de la entidad; que respecto a Fumapa apreciaba en un informe “un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada”, pero subordinando tal dictamen a “la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa”.
Según la Fiscalía, ninguno de tales aspectos fueron cumplidos, toda vez que el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo defendía en su comparecencia como acusado que dicho préstamo contaba con “una propuesta de inversión, resumen ejecutivo, plan de negocio y toda la documentación necesaria”, si bien se trata de documentos “no encontrados”, recordando su querella contra Cantos por la presunta manipulación y desaparición de documentación interna de Invercaria.
En paralelo, calificaba de “documentito” el mencionado informe de Cristóbal Cantos sobre el proyecto de inversión en Fumapa, pues según su versión, Cantos aportó dicho documento sin que él se lo requiriese porque la operación ya contaba con “toda la documentación completa” que requería. “No era necesario”, aseguraba Pérez-Sauquillo mientras Cantos ratificaba su informe y aseveraba que el mismo “bloqueaba” como tal la solicitud de inversión.
Al respecto, el fiscal ha expuesto que la versión de Cantos “coincide punto por punto con los posicionamientos del inspector de la Policía Judicial encargado de la investigación del asunto y con el pronunciamiento de los administradores concursales de Fumapa, destacando la idea de que cuando en 2008 Invercaria accedió al préstamo participativo solicitado por dicha empresa, la misma estaba ”en quiebra técnica“.
A tal efecto, recordemos que según la Fiscalía, Fumapa y Fumafra no habrían dedicado el dinero recibido a ninguna inversión industrial, sino “al pago de acreedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria”.
A juicio del fiscal del caso, Pérez-Sauquillo “soslayó toda aplicación del plan director” que regía el funcionamiento de Invercaria y de “cualquier análisis” técnico, avisando de que la mencionada entidad de capital de riesgo operaba “prácticamente” como un “sistema de subvenciones y ayudas encubiertas”.
Respecto al resto de miembros del consejo de administración, el fiscal ha señalado que habrían incurrido en “una dejación de funciones consciente y deliberada” al haber apoyado la concesión del citado préstamo participativo sin que pesase suficiente documentación para ello. “Nadie actuó para que se aportará la documentación que Fumapa estaba obligada a entregar”, ha aseverado, reprochando a estos acusados su “indolencia”.
Inicialmente, la Fiscalía reclamaba seis años de cárcel, diez años de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta para Pérez Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos; así como dos años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial y cinco años de inhabilitación absoluta para los empresarios encausados como supuestos inductores del delito perpetrado.
Empero, la Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones provisionales retirando la acusación contra Francisco Gutiérrez Cañizares, cuya participación en los hechos se limitaría a la de “partícipe a título lucrativo”; reduciendo además la petición de pena respecto a Fulgencio Canales a un año y medio de cárcel y dos años de inhabilitación especial.
Así, el fiscal ha mantenido sus peticiones de pena respecto al resto de acusados, es decir Pérez-Sauquillo y los demás miembros del consejo de administración, adhiriéndose la acusación popular que ejerce el PP al informe del Ministerio Público y solicitando los mismos aspectos respecto a los directivos de Fumapa.
El abogado del PP andaluz, en ese sentido, ha recalcado que el préstamo participativo fue concedido cuando Fumapa y Fumafra estaban “en causa de disolución”, sin “plan de negocio” ni análisis de la operación, aspecto para el cual ha esgrimido el testimonio de Cantos, entre otros.
La representación de la agencia IDEA, de su lado, sí ha defendido que los responsables de Fumapa incurren a su entender en una “autoría” de los hechos, avisando de que el destino de unos fondos públicos asignados a un proyecto de naturaleza industrial “no puede ser pagar deudas” a terceros o con la Seguridad Social, como habría sucedido en este caso “sin trámite” alguno por parte de los directivos encausados.