La Fiscalía ha pedido confirmar la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro de que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán sea investigado en la causa sobre los ERE supuestamente fraudulentos, por razones de conexidad, junto a Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y el todavía aforado José Antonio Viera, a pesar de que perdió su condición de senador el pasado 15 de junio.
Así se pronuncia en un informe en el que pide desestimar el recurso que la defensa de Griñán presentó contra el auto en el que el instructor del 'caso de los ERE' actuó contra él por un delito de prevaricación administrativa argumentando que en ese momento no era aforado y, por lo tanto, era la Sala de Admisión la competente para resolver sobre su continuidad o exclusión en el procedimiento.
Sin embargo, el Ministerio Público no observa “irregularidad alguna” en la resolución de Barreiro acordando seguir investigando a Griñán al “estar investido de competencia objetiva y funcional para tomar tal decisión” y porque las consideraciones del recurrente sobre la supuesta competencia de la Sala de Admisión “carecen de apoyo legal alguno”.
Según el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal del Supremo debe designar un instructor para conocer las causas contra diputados y senadores. “De la expuesta norma se colige con claridad que una vez ha sido designado el juez instructor, éste procederá con las mismas facultades que cuenta cualquier instructor en un procedimiento penal”, concluye.
El Supremo solicitó la pasada semana al Congreso de los Diputados el suplicatorio para seguir investigando al exconsejero de Empleo en Andalucía José Antonio Viera, por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos ya que no perdió la condición de aforado al integrarse en el Grupo Mixto.
La Sala de Admisión reflejó su constancia de “la efectiva renuncia a sus escaños en el Congreso de los Diputados” del expresidente andaluz Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, imputados por prevaricación administrativa. Barreiro respondió a este último que no podía recurrir la exposición razonada.