El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este viernes y ha remitido al Parlamento para su tramitación el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2023, los primeros de esta legislatura, dotados con una cifra récord de 45.603,8 millones de euros, un 12,9% respecto a la cuentas prorrogadas en 2022 (5.199,6 millones más). El gasto no financiero asciende a 40.007 millones (5.751,9 millones más).
Como ocurrió con el ejercicio 2022 -con un Presupuesto prorrogado por falta de apoyos parlamentarios-, las cuentas de este año están dopadas por una cuantía abultada de fondos europeo: 5.489,4 millones de euros. En torno al 58% del aumento presupuestario deviene íntegramente de las ayudas de Bruselas -alrededor de 3.000 millones-, que la Junta destina casi en su totalidad a la inversión pública.
Estos grandes números permiten al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ofrecer cifras récord de gasto en las políticas que sostienen el Estado de Bienestar: el presupuesto más expansivo de todos será el de sanidad, que asciende a 13.800 millones de euros, un 11,7% más que el actual (1.350 millones más).
Después de la pandemia, el colapso de los centros de salud, la falta de médicos, la lista de espera para ser atendido y el retraso de operaciones y diagnósticos centró la última campaña electoral. En este presupuesto destaca la inyección que absorbe una de las patas frágiles del sistema sanitario andaluz -la Atención Primaria-, con 5.064 millones; le sigue la educación no universitaria, con 8.514 millones, un 15,3% más (1.127 millones) y los servicios sociales, con 2.720 millones, un 14% más (340 millones más).
Parte de este aumento presupuestario repercute directamente en la plantilla de funcionarios, gracias a la subida salarial pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos, que las comunidades tienen que ejecutar. El gasto del capítulo uno, para los casi 270.000 empleados públicos de la Junta, sube un 5,6%: 14.795 millones de euros, 780 millones más.
En concreto, el presupuesto para el sueldo de los sanitarios representa el 44,4% del gasto en la Consejería de Salud -350 millones de euros más respecto al ejercicio prorrogado, de los que 122,8% cubren la subida salarial pactada; en el departamento de Desarrollo Educativo, el gasto en nóminas es del 38,8%, 295 millones más que ahora, siendo 120,7 millones la parte imputable al incremento pactado en las retribuciones de los profesores.
El presidente Moreno también se ha subido el sueldo un 3,5%, el mismo porcentaje que para el resto de altos cargos de la Junta, argumentando que sus emolumentos llevaban congelados dos años, mientras que el de los funcionarios ha crecido un 8% de media.
Un 25% más de recaudación tributaria
Con estos macronúmeros, la consejera de Hacienda y Economía, Carolina España, se ha apresurado a anunciar que son las cuentas “más sociales” de la historia autonómica, “a pesar de haber bajado los impuestos”. Hace apenas un mes que Moreno anunció su sexta bajada tributaria desde que está en el poder, con una reforma fiscal encabezada por la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, que repercute en las 20.000 rentas más altas de Andalucía.
El PP ha eliminado o recortado prácticamente todos los tributos cedidos desde que está en el Gobierno andaluz, convencido de que menor impuestos equivale a mayor consumo, mayor actividad económica y, a la postre, más recaudación. La consejera ha vuelto a recordar que con esta bajada de tributos y la que se aplicó en el mandato anterior, la Junta ha renunciado a 900 millones de euros en ingresos, “que se quedan en el bolsillo de los ciudadanos”.
Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuestos para 2023 contemplan un sorprendente aumento de los ingresos tributarios del 25,8%, de unos 16.000 millones a más de 20.000: 4.280,7 millones más respecto a este ejercicio. La mayor parte de este incremento se lo reparten las dos grandes figuras impositivas: 1.800 millones por IRPF y otros 1.800 millones por IVA. Andalucía recauda más, pese a abanderar una bajada masiva de impuestos propios, porque se beneficia de una inflación disparada, que ha encarecido la bolsa de la compra, la luz, el gas y los carburantes. Ese dinero extra que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contabiliza directamente en las arcas del Gobierno de Sánchez -“se está forrando a cuenta de los ciudadanos”-, pero del que las comunidades recaudan el 50%.
Los números del Presupuesto para 2023 se basan en una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 1,9% del PIB, por debajo del pronóstico que ha usado el Gobierno en el diseño de los Presupuestos Generales, y en consonancia con el vaticinio de algunas entidades privadas, como Funcas. La Junta prevé una inflación del 4,5% -actualmente ronda el 10%- y la previsión macroeconómica apunta a la creación de 68.000 empleos más. El año pasado, con una estimación de crecimiento del 7%, se estimaron 125.000 nuevos puestos de trabajo. La última EPA ha contabilizado 133.000 empleos, con una cifra de empleo del 18%. Andalucía suma cuatro meses consecutivos de subida del desempleo.
Reformular los Next Generation
La Airef acaba de situar a esta comunidad como la segunda con mayor pérdida de ingresos previstos en 2023 como consecuencia de esa política fiscal -dejará de ingresar 206 millones de euros-, pero las transferencias a cuenta del Estado y los fondos europeos permiten a Moreno presentar unos Presupuestos expansivos y el refuerzo de las políticas que más afectan al ciudadano: sanidad, educación y política social. “57 de cada 100 euros el presupuesto van para gasto social”, dice el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que ha comparado los números de 2023 con las cuentas de 2018, último año del Gobierno socialista (11.000 millones de euros más).
Los fondos europeos consignados en estas cuentas andaluzas triplican el mejor escenario económico que ha gestionado la Junta. Éste es el pilar de los números de Moreno, que tienen la encomienda -una vez más- de transformar el modelo productivo andaluz, pero también es el flanco político por el que les atacan los socialistas.
El día antes, en la sesión de control al Gobierno, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, afeó al presidente que sólo haya ejecutado el 2,98% de los 3.200 millones de euros de los fondos europeos de recuperación Next Generation correspondientes a 2022 y 2023 -que tienen un plazo de ejecución hasta finales de 2026- y un 25% de los 1.800 millones de los fondos React, que deben ejecutarse antes de que expire 2023.
La consejera de Hacienda admitió que existen “problemas” de ejecución de los fondos que llegan de Bruselas, con unos requisitos “difíciles de cumplir”, y denunció que “no se ajustan a lo que necesita Andalucía”. “Nos gustaría que se pudiera reformular las condiciones de los Next Generation para invertir en políticas hidráulicas, tan necesarias, pero ahora no es posible”, dijo, reprochando al Gobierno central que no se haya coordinado con las comunidades para definir las prioridades de gasto.
La inversión pública vuelve a dar un salto impulsada por los fondos europeos hasta los 5.469,7 millones. Casi el 20% del gasto total lo absorberá la amortización de la deuda pública, que asciende a 4.652 millones de euros, 35,1 millones menos respecto a las cuentas actuales. El endeudamiento neto del Gobierno andaluz se reduce de 1.273 millones a 781 millones, esencialmente para cubrir el déficit del 0,3%. El sector instrumental de la Junta acapara 228 millones.
El borrador que traduce en cifras todas las políticas del Gobierno de Moreno inicia hoy una tramitación parlamentaria con menos incertidumbre que en los cuatro ejercicios anteriores, dado que el PP cuenta con una holgada mayoría absoluta para sacarlas adelante. Los tres primeros presupuestos de la pasada legislatura, del Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos, fueron aprobados gracias al apoyo de Vox. El grupo ultraderechista les retiró el favor en las últimas cuentas, que fueron prorrogadas.
Ahora Moreno se ha comprometido a buscar acuerdos con los grupos de la oposición, aunque aritméticamente no necesite sus votos, para abanderar esa “otra forma de hacer política” desde la “moderación y el diálogo”. De momento, el PP está sacando las primeras iniciativas del Ejecutivo en esta legislatura gracias a su mayoría absoluta y al respaldo incondicionado de Vox, que tiende puentes gratuitos con los populares con visos a una hipotética alianza de cara a las elecciones generales de 2023.
La estabilidad política de Moreno está garantizada, pero el propio presidente reconoce que hay “nubarrones” en el horizonte para la economía andaluza, sometida a la crisis de la sequía, la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista. Hace unos días, el presidente de la Junta enfrió por sorpresa el discurso triunfalista que había promocionado sobre Andalucía en las últimas semanas, con visitas a Madrid y Barcelona para presentar su reforma fiscal. Moreno no descarta que la economía andaluza entre en recesión si sigue sin llover, porque tanto el turismo como el sector agroalimentario dependen mucho del agua y son los dos puntales del PIB regional.