No habían pasado ni 24 horas de su liberación por parte del Frente Polisario cuando fue devuelta de nuevo a su familia biológica. Maloma Morales, mayor de edad y nacionalizada española desde el año pasado, permanecía retenida contra su voluntad por su propia familia biológica desde el pasado 12 de diciembre, cuando una operación policial puso fin a su secuestro a las nueve de la noche del pasado jueves.
Maloma fue llevada desde el Sáhara Occidental hasta los campamentos de Tinduf (Argelia), donde las autoridades saharauis la volvieron a entregar a a miembros de su familia biológica. Eran las seis de la tarde y Maloma se veía privada, de nuevo y en menos de un día, del derecho a decidir dónde y con quién quería estar.
Su familia española, que la adoptó en 2014 cuando ya era mayor de edad, desmiente que en la tarde del viernes, Maloma, de 22 años y residente en Mairena del Aljarafe, se pusiera en contacto con ellos desde los campamentos de Tinduf para comunicarles su decisión de quedarse allí, tal y como ha llegado a afirmar el Frente Polisario.
“Nosotros no hemos hablado en ningún momento con Maloma. Es indignante, porque nadie le ha puesto un teléfono para que hable con nosotros”, asegura Ismael Arregui, pareja de hecho de la joven desde hace más de tres años.
A la tensión vivida durante estos cuatro meses de secuestro, se une ahora la incertidumbre sobre su paradero actual. “Espero que, si sigue en los campamentos, la mantengan a salvo”, abunda Arregui. El gobierno español y las autoridades saharauis negocian desde el sábado una salida a esta nueva crisis política.
Mientras tanto, la polémica por el caso Maloma ha abierto un cisma en el movimiento prosaharaui. Mientras unos acusan a la familia adoptiva de “incumplir” con los compromisos de acogida (contacto con la familia biológica y arraigo), otros prefieren permanecer en silencio para no dañar su imagen y compromiso con el Frente Polisario, que desde hace más de 40 años lucha por la emancipación del pueblo saharaui.
Acogida autorizada por la Delegación Saharaui
Un certificado de la Delegación Saharaui de Andalucía, avalado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, autorizaba en el año 2005, cuando Maloma contaba con 12 años, su acogida por parte de José Morales y Carmen de Matos, que se convirtieron, cuando ella cumplió la mayoría de edad, en sus padres adoptivos.
Según le ha afirmado José Morales a eldiario.es Andalucía, “ella era mayor de edad cuando decidió ser nuestra hija. Lo decidió después de que lleváramos diez años arreglando papeles. Se nos está acusando de tenerla secuestrada o de no arreglar sus papeles”.
Acusado por miembros del movimiento de acogida saharaui de no mantener el arraigo de Maloma mientras se encontraba bajo su tutela, Morales señalaba que no solo “se comunicaba con su familia casi todas las semanas”, sino que la llevaba él mismo en coche a ver a primas suyas que se encontraban en Extremadura o Valencia. “Hemos hecho todo para que mantenga el contacto con sus raíces y su pueblo, pero cuando ha sido mayor, ha tomado su decisión (de ser adoptada) y eso es algo que no están respetando”.
Aunque el Frente Polisario tacha la situación de “guerra entre familias”, no se trata de un caso aislado, sino de un problema que afecta a más de un centenar de mujeres mayores de edad que, tras visitar a sus familias, son retenidas contra su voluntad en el Sáhara, según fuentes que investigan esta situación de violación de los derechos humanos.
Human Rights Watch, entre otras organizaciones, presiona a Naciones Unidas y al Frente Polisario para que se libere no solo a Maloma, que cuenta con nacionalidad española, sino a Darya Embarek Selma (26 años) y a Nadjiba Mohamed Kacem (24).
Human Rights Watch: “Privación ilegal de la libertad”
Según Sarah Leah Whitson, responsable de la organización en Oriente Medio y el Norte de África, “retener a un adulto contra su voluntad equivale a privación ilegal de la libertad, independientemente de si los captores son familiares que sienten un profundo afecto por esa persona. El Polisario debería asegurar que estas mujeres puedan ejercer su libertad de circulación y que los actos pasados y futuros de privación ilegal de la libertad sean castigados como delitos”.
Human Righs Watch recuerda que “las tres mujeres se cuentan entre las miles de saharauis que, durante su infancia en los campamentos de refugiados, participaron en programas de verano en España y convivieron con familias españolas. Algunos de estos niños estrecharon vínculos con sus familias de acogida y optaron por permanecer en España al alcanzar la mayoría de edad. Morales adoptó la ciudadanía española y tiene allí una pareja de hecho, mientras que las otras dos mujeres obtuvieron la residencia legal”.