La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano dependiente del Gobierno central, ha enviado un requerimiento por escrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que retire del convenio suscrito con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) la obligación de ceder a la Junta el 5% de sus ingresos por la venta preferente de medicamentos genéricos.
Es una cláusula del convenio, muy discutida y recurrida ya en los tribunales por algunos farmacéuticos, que la Consejería de Salud usa para taponar el sobregasto farmacéutico que soporta tras la decisión del Gobierno de Juan Manuel Moreno de suspender la subasta pública de medicamentos, herramienta que usaba la anterior Administración socialista para abaratar dicha factura.
La CNMV exige al SAS que evite discriminar a los medicamentos de marca en la venta en farmacias de Andalucía, donde se prioriza o “promueve” la venta de genéricos -más baratos- en virtud de un convenio que, según denuncian, contraviene la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Según informó el propio organismo estatal en su boletín mensual, el requerimiento dirigido al SAS se emite como paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, si la Consejería de Salud se niega a cumplirlo.
El acuerdo que ahora pone en cuestión el regulador de la competencia fue suscrito a principios de abril por el presidente del Consejo de Farmacéuticos y la gerente del SAS. Se trata de una adenda al convenio que prevé que las farmacias “promoverán” la dispensación de genéricos “cuando se prescriban por principio activo medicamentos que dispongan” de este tipo de productos sin marca. Además, se prevé el diseño e implementación de una campaña divulgativa conjunta entre el SAS y el Cacof sobre el uso de genéricos, como ha avanzado El País.
La Consejería de Salud confirma a elDiario.es en Andalucía que han recibido el requerimiento de la CNMC, que lo está estudiando, y que aún no ha decidido si le darán cumplimiento y retirarán la adenda o si la mantendrán, abocando al SAS a un probable contencioso. “Los servicios jurídicos del SAS están estudiando el requerimiento planteado por la CNMC, y contestaremos en consecuencia. Hay un plazo de un mes”, señala una portavoz.
En el fondo de la adenda bajo el radar de la CNMC late un problema de estrecheces presupuestarias en Salud, la gran china en el zapato del Gobierno de Juan Manuel Moreno, y que guarda una relación directa con la suspensión de la subasta de fármacos, un modelo implementado por la anterior Administración socialista para abaratar el gasto farmacéutico.
Al exigir la promoción de la venta de genéricos en las farmacias, el SAS intenta reducir ese gasto por otra vía. Así, la adenda establece la obligación de los farmacéuticos de detraer un 5% de sus ingresos de la venta de genéricos, lo que redundaría en un ahorro para el SAS.
El mecanismo es el siguiente: el Cacof reduce en esa cuantía su facturación mensual al SAS, a partir de la factura correspondiente a la mensualidad de mayo. Además, los farmacéuticos también deben detraer el 10% sobre la cantidad que resulte del aumento extraordinario de las dispensaciones de genéricos del año natural, deducida la media anual del crecimiento en los años 2021-2023. Es decir, un extra por el aumento de ventas de genéricos.
Esta obligación ha revuelto a buena parte del sector farmacéutico. Un centenar de profesionales ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según adelantó Confilegal.
El Gobierno de Moreno está financiando los contratos a dedo y sin publicidad con la sanidad privada, cuya cuantía ha aumentado con 120 millones de euros más en los seis meses que van de abril a noviembre, con fondos que en buena parte se detraen del presupuesto directo para la sanidad pública.
Tal y como adelantó este periódico, 89 de los 120 millones de euros con los que se financiarán estos conciertos, con los que el SAS pretende articular su plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas (que se han disparado en el último año y medio), se obtienen de una modificación presupuestaria que anula una partida prevista en el SAS para la adquisición de productos farmacéuticos y vacunas.
El fin progresivo (y definitivo en diciembre de 2020) de las subastas de medicamentos, muy criticadas por el PP y los propios farmacéuticos en su día, supuso que el gasto farmacéutico fuese ensanchándose en el Presupuesto andaluz hasta rondar los 2.500 millones de euros anuales, casi 1.000 millones más que en 2015, cuando la subasta permitió rebajar la factura a 1.587 millones de euros.
En 2021, la Consejería de Hacienda llegó a mostrar en un informe su “especial preocupación” por este aumento disparado del gasto farmacéutico. En los Presupuestos de 2023 la cifra siguió escalando, y esta partida representaba ya casi un tercio del total del gasto sanitario. El Gobierno de Moreno obtuvo los fondos para este sobrecoste detrayéndolo de partidas de otras consejerías.
Ahora también la CNMC apunta a la adenda al convenio con los farmacéuticos. Admite que “cabe entender” que no impone la obligación de prescribir medicamentos sólo por el principio activo, pero subraya: “Si se ha hecho la prescripción por principio activo, se dará prioridad a los genéricos”.
Entiende el regulador encargado de velar por la competencia que la adenda establece condiciones que sólo se aplican a los medicamentos genéricos, de modo que los laboratorios que suministran medicamentos “de marca” “se ven sujetos a una exclusión de esas condiciones y tratamiento desigual” en favor de los genéricos en Andalucía.
“Lo cuestionable no son las reducciones acordadas, sino que éstas se limiten a un determinado tipo de medicamentos (el que se trata de propiciar), con exclusión de otro”, señala la CNMC, que quiere examinar si la diferencia de trato está o no justificada.
“Por ello, la CNMC entiende vulnerado el principio de no discriminación de los artículos 3 y 18 LGUM y ha dirigido requerimiento previo a la Dirección del Servicio Andaluz de Salud, con la finalidad de que anule las condiciones de la Adenda que implican condiciones diferentes para los medicamentos genéricos y ”de marca“, se dice en la información hecha pública por la CNMC, y contenida en la nota mensual que resume sus actuaciones para garantizar la unidad de mercado.
Los genéricos son medicamentos que, después de finalizar el periodo de exclusividad otorgado por la patente al medicamento de referencia, utilizan la misma molécula, generalmente a un precio menor. El SAS subraya que “garantizan la competencia”, disminuyen el precio y, “por tanto, [reducen] el impacto presupuestario en el gasto farmacéutico”. Otros beneficios añadidos serían el “fomento de la innovación” y su fácil identificación por el paciente.
La propia adenda justifica así la preferencia por el consumo de genéricos. “El continuo crecimiento en el gasto farmacéutico y la actual situación económica hacen necesario que los principales agentes implicados colaboren para contribuir a garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en aras a cumplir el propósito de mejorar la protección de la salud de los ciudadanos”.
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