El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos va a recurrir el archivo del caso Avales, una investigación sobre corrupción que salpicaba a varios altos cargos del anterior Ejecutivo socialista, y que fue caballo de batalla de los populares cuando estaban en la oposición. El gabinete jurídico de la Junta, personada en la causa, defendió hace unas semanas el archivo, al no constatar indicios delictivos contra los principales acusados, pero su posición entró en conflicto directo con el criterio del PP, que también ejerce como acusación particular. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha resuelto este martes ese conflicto confirmando que la Junta va a recurrir el archivo de la jueza María Núñez Bolaños porque considera que se ha provocado “un quebranto económico de 140 millones a las arcas públicas”. “El portavoz del Gobierno soy yo, por tanto ya puede decir el gabinete jurídico lo que sea...”, subraya el portavoz.
El Caso Avales ha sido un caballo de batalla del PP en la oposición para denunciar la corrupción en el seno del anterior Gobierno del PSOE, al que acusaban de conceder préstamos millonarios desde la agencia IDEA a empresas afines a su ideología. Ha servido de azote a los populares hasta hace nada, incluso ya dentro del Gobierno andaluz, el presidente Juan Manuel Moreno incluía esta causa en la lista de investigaciones abiertas contra el Ejecutivo anterior por supuestos casos de corrupción. El archivo del caso viene precedido de polémica: los servicios jurídicos de la Junta, que está personada como acusación particular, apoyaron esa propuesta que habían hecho las defensas; mientras el PP, también personado, mantenía la acusación por los mismos delitos.
IDEA también era objeto de una macrocausa judicial que investigaba a sus antiguos gerentes y responsables políticos por supuesta malversación y prevaricación y, por ello, ha sido un permanente pozo de denuncias y acusaciones de corrupción y clientelismo por parte de los populares, cuando éstos eran oposición y los socialistas gobernaban. Esa macrocausa acaba de ser archivada por la jueza instructora, María Núñez Bolaños, sin constatar indicios delictivos contra ninguno de los ex dirigentes socialistas imputados.