El Gobierno de Juan Manuel Moreno reactivó la contratación ordinaria con clínicas privadas previa a la pandemia en diciembre de 2021 pero, en paralelo, siguió prorrogando los contratos a dedo hasta la actualidad argumentando que volver a los “procedimientos de contratación normalizados ordinarios” era “imposible”.
A día de hoy, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) paga dos sistemas de contratación simultáneos para derivar a pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas a clínicas privadas: la vía de emergencia -sin publicidad ni concurrencia competitiva- se ha prorrogado cuatro veces desde enero de 2021 hasta junio de 2023, incrementando un presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta los 243 millones; y la contratación ordinaria, reactivada por el SAS a través del Hospital Regional de Málaga, con una licitación en abierto y la adjudicación meses después de otros 10 millones a las mismas clínicas que ya estaban contratadas a dedo por la Consejería de Salud.
“Imposible hacerlo por vía ordinaria”
La duplicidad de estas fórmulas de contratación -ordinaria y de emergencia- contradice la justificación que usó el SAS para prorrogar hasta la actualidad las adjudicaciones a dedo con hospitales privados, a saber: la presión asistencial en la sanidad pública derivada de la pandemia de Covid-19 y la “imposibilidad de formalizar la contratación de los servicios complementarios por el procedimiento ordinario antes del 1 de enero de 2022”.
El Hospital Universitario Regional de Málaga aprobó una resolución para la contratación de servicios sanitarios a clínicas privadas por la vía ordinaria y en abierto “por un valor estimado de 30 millones de euros”, según recoge el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía. La resolución está fechada el 9 de diciembre de 2021, tres semanas antes de la primera prórroga de los contratos de emergencia autorizados por el SAS.
Esa prórroga, de 31 de diciembre, amplió el presupuesto del Acuerdo de Emergencia con clínicas privadas de los 70 millones iniciales hasta los 125,7 millones, argumentando que era “imposible el haberlo realizado por la vía ordinaria de urgencia o bien un contrato simplificado o contrato menor”. “Las perspectivas de mercado no aseguran la prestación que pudieran ofrecer los distintos proveedores ni son factibles procedimientos de contratación normalizados ordinarios”, concluía aquella la resolución de prórroga, que reproduciría el mismo argumento seis meses más tarde.
Competencias delegadas en las provincias
El mes pasado, el Gobierno de Moreno anunció para el próximo junio la cancelación de la contratación de emergencia, un día después de que elDiario.es Andalucía publicara que llevaba dos años estirando este procedimiento excepcional amparándose en las condiciones “excepcionales e imprevisibles” de la pandemia, y en un marco legal estatal derogado en mayo de 2021.
La Junta ha defendido que la contratación a dedo hasta el día de hoy sigue siendo “necesaria” porque el atasco que ha provocado la pandemia en las pruebas y operaciones quirúrgicas pendientes de realizar es considerable. El SAS ha descartado durante dos años volver al procedimiento ordinario de contratación, porque considera “inasumible” poder cumplir así con el decreto de garantía de plazos para atender a un paciente en un tiempo máximo reglado.
La consejera de Salud, Catalina García, ha explicado que la vuelta a la contratación ordinaria el próximo junio implicará también “un cambio de modelo a un nuevo sistema centralizado que modifique la contratación de emergencia”, que no dependa tanto, como ahora de la autonomía de las provincias.
La Dirección Gerencia del SAS es quien dictó las cuatro resoluciones de prórrogas de los contratos a dedo, pero también es quien delega las competencias en materia de contratación administrativa a las plataformas logísticas sanitarias de las provincias. Mientras los servicios centrales defendían que el sistema normalizado era inviable aún, dado el atasco provocado por la pandemia, Málaga sí consideró factible sacar una convocatoria pública para contratar la derivación de operaciones quirúrgicas y pruebas de diagnóstico con empresas privadas a través de un concurso ordinario, abierto y mediante presentación electrónica de ofertas.
Lo hizo el 9 de diciembre de 2021, cuando los contratos de emergencia aún no habían finalizado y estaban a punto de prorrogarse. Dos meses antes, el Gobierno de Moreno había rescindido el contrato de 8.000 sanitarios de refuerzo -de los 20.000 reclutados- fichados con fondos del Estado para contener el avance del virus en el peor momento de la crisis. En ese momento, la pandemia estaba en descenso y todas las comunidades habían empezado a replegar efectivos sanitarios.
47 millones por la vía de emergencia; 10 millones por vía ordinaria
A la convocatoria ordinaria del Hospital Regional se presentaron algunas de las clínicas privadas que ya se estaban beneficiando de la adjudicación a dedo del SAS, que en ese momento alcanzaban los 31,8 millones de euros en la provincia de Málaga [46,9 millones en contratos y adendas hasta diciembre de 2022].
La descripción de los servicios sanitarios contratados que aparece en el pliego de condiciones técnicas, colgado en el Portal de Transparencia de la Consejería de Salud, coincide en su literalidad con los especificados en los contratos de emergencia: las mismas empresas estaban prestando los mismos servicios contratados por dos vías, con condiciones y precios distintos. En el pliego de cláusulas administrativas se fija un montante máximo, “incluidas prórrogas y modificaciones”, de 30 millones de euros “por un periodo de 12 meses prorrogables otros 12 meses”.
El hospital de Málaga adjudica finalmente el contrato ordinario por diez millones de euros el 17 de agosto de 2022, dos meses después de la segunda prórroga de los contratos a dedo. Esta nueva prórroga, aprobada en una resolución del 21 de junio, vuelve a “justificar la necesidad imperiosa” de ampliar la contratación a dedo con clínicas privadas por “la sobrecarga de la red pública derivada de la pandemia”, y repite la misma argumentación “Se propone la utilización de la vía de emergencia para prorrogar el actual contrato (...) porque ”las posibilidades de obtener los servicios objeto del contrato [por vía ordinaria] son manifiestamente insuficientes, pues los plazos que se manejan en el mejor de los casos son de 100 días hasta la firma del contrato, por lo que es imposible el haber realizado por la vía ordinaria de urgencia“, reza la resolución del SAS.
Desde agosto de 2022 hasta la actualidad, al menos en la provincia de Málaga, existe una prestación de servicios sanitarios contratada por la vía ordinaria y otra por la vía de emergencia que beneficia doblemente a las mismas clínicas privadas. Este periódico ha preguntado a la actual gerencia del hospital por duplicidad en sus contratos sin obtener ninguna respuesta.
Las tres empresas beneficiarias de la adjudicación abierta del Hospital Regional son Inverbupe, S.L (Hospital Chip) por 7,8 millones; Vithas Sanidad Málaga Internacional S.L. (Hospital de Benalmádena Xanit SL), por 1,5 millones; y Clínica Nuestra Señora del Pilar S.A., por 629.328 euros. Tanto la aprobación como la adjudicación de este expediente están firmados por la entonces gerente del hospital, María del Mar Vázquez, que dimitió el pasado febrero alegando “motivos personales”.
13 millones en seis lotes, uno anulado y otro desierto
El contrato ordinario, al que ha tenido acceso este periódico, se subdivide en seis lotes, pero terminan adjudicándose cuatro (uno es declarado nulo y otro queda desierto). En paralelo, las tres clínicas privadas adjudicatarias de Málaga se han repartido también varios millones a través de los contratos a dedo firmados con el SAS en mayo de 2021. El hospital no aclara a este periódico a cuánto asciende el montante de las tres empresas por este concepto. En el perfil del contratante del SAS, sólo la firma Vithas se embolsó 14,4 millones de euros en contratos de emergencia y adendas hasta diciembre de 2022.
El precio de las pruebas y de los procesos quirúrgicos derivados que estableció el Hospital de Málaga al concertar con las clínicas privadas se rige por la orden de tarificación de 1998, recientemente actualizada por el Gobierno de Moreno con la polémica orden que concierta por primera vez la Atención Primaria con la sanidad privada.
Las dudas sobre la vigencia de los contratos a dedo con la sanidad privada han tensionado al Gobierno de Moreno, zarandeado estos días por los sindicatos del sector y por toda la oposición. PSOE, Por Andalucía y Vox llevan este miércoles al Pleno del Parlamento sendas preguntas a la consejera de Hacienda, Carolina España, sobre la directriz que su departamento remitió a Salud en junio de 2021 advirtiéndole de que el uso de los contratos de emergencia debían tener un carácter “residual”, una vez que el Gobierno central acababa de derogar el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, que permitió a las comunidades extender este procedimiento.
A pesar de esa advertencia, el SAS siguió ampliando el presupuesto del Acuerdo de Emergencia durante más de dos años, amparándose en la saturación de la sanidad pública, los efectos arrastrados de la pandemia y los “acontecimientos imprevisibles” derivados del Covid-19, argumentos que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz avalaron en dos informes hasta junio de 2023. Los grupos de izquierdas han anunciado que llevarán la documentación de estos contratos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, convencidos de que están en “fraude de ley” y que se trata del “primer caso de corrupción destapado de la etapa de Moreno”.