El Gobierno andaluz ha anulado las contrataciones exprés de personal laboral e interino en la Administración pública, un sistema instaurado durante la primera ola de la pandemia para reforzar las plantillas más necesitadas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya suspendido su “ejecutividad” por considerar que era “contraria” a la jurisprudencia y a la Constitución. La Junta llevaba utilizando este sistema extraordinario desde el pasado verano, con sucesivas convocatorias de plazas que se abrían y cerraban en 24 horas (hasta la fecha se han hecho unas 4.000 contrataciones exprés, según datos de la Consejería de Presidencia). Así se contrataron tanto a los refuerzos sanitarios, como a los auxiliares de playa y otros puestos en la Administración que la Junta relacionaba con la reactivación económica.
El método se pactó con las organizaciones representadas en la Mesa de la Función Pública, pero su puesta en marcha no convenció a los sindicatos, que más tarde terminarían impugnando las convocatorias en los tribunales y acusando al Ejecutivo andaluz de extender este sistema “excepcional” más allá del ámbito sanitario, para puestos en la Administración “que no justificaban la misma urgencia”.
Tras el varapalo judicial, la Junta modificará la resolución del 14 de abril de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que regula el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19.
En su lugar, se empezará a aplicar “un nuevo procedimiento para la selección”, que aún no se ha definido del todo ni acordado con los sindicatos. Primero se recurrirá a las bolsas de interinos y laborales -como se venía haciendo en el sistema ordinario- y, una vez que se hayan agotado, se remitirá la selección del personal necesario al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que habilitará un procedimiento de emergencia nuevo para acotar los plazos en las contrataciones.
El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que “respetarán la decisión judicial”, y que el cambio en el sistema de selección se debe a que “la situación provocada por la pandemia se ha alargado mucho en el tiempo”. El departamento de Bendodo es el responsable directo de este tipo de contratos.
El portavoz ha recordado que el método de contratación exprés fue pactado con los sindicatos de la Función Pública y ratificado por mayoría en el Parlamento. Sin embargo, fueron las propias organizaciones las que empezaron a quejarse tras las primeras convocatorias exprés, acusando a la Junta de usar este sistema más allá del ámbito sanitario -donde se requerían fichajes urgentes- y de extenderlo a otros ámbitos de la administración no tan urgentes, saltándose los principios de concurrencia competitiva, principio de igualdad y de transparencia. Fue uno de esos sindicatos, CCOO, quien llevó el asunto a los tribunales y el que ha logrado que el Alto Tribunal andaluz paralice las convocatorias exprés, que venían realizándose desde este verano.
Cuestionado sobre si el nuevo procedimiento se ha pactado previamente con los sindicatos de la Función Pública, Bendodo ha respondido que “todo se habla y se dialoga en los márgenes de la legalidad”. “Era un sistema de contratación para situaciones excepcionales, como la pandemia. Ahora lo vamos a mejorar”, subraya. Fuentes de la Consejería de Empleo confirman que aún se está en conversaciones con los sindicatos para acordar el nuevo sistema. “Se está diseñando un procedimiento que permita la agilidad que requieren estas contrataciones para personal necesario en esta crisis”, explican estas fuentes.
El auto del TSJA afecta a una convocatoria concreta, para 278 puestos de trabajo -personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo General de Administrativos-, que se cerró a mediados de septiembre y aún siguen en vigor. En total, en esa convocatoria entraron 334 trabajadores, porque los 56 primeros fueron seleccionados de la bolsa de interinos directamente. Desde la Consejería de Presidencia aseguran que todo el personal que accedió a estos trabajos a través de una convocatoria seguirá en sus puestos hasta que expire su contrato, el próximo 31 de diciembre.
Pero los magistrados censuran el procedimiento en sí, que se ha aplicado en unas 32 convocatorias con casi 4.000 fichajes exprés hasta la fecha (3.000 vigilantes de playa a través de cinco convocatorias, una por cada provincia costera; y otros 1.000 funcionarios interinos que se incorporaron a todas las consejerías del Gobierno andaluz a través de la vía extraordinaria). Todos ellos son contratos en vigor hasta su fecha de expiración, a final de año. La Junta aclara que “ésta es la única convocatoria de los contratos por procedimiento de urgencia a cuenta de la pandemia de Covid-19, que cuenta con la ratificación en Parlamento andaluz, que ha suspendido cautelarmente el TSJA”, advierte de que aún cabe recurso de amparo, y que el gabinete jurídico lo está estudiando.
Los jueces han corroborado que la Junta no anunciaba previamente estos contratos urgentes con los que se han cubierto cientos de plazas de funcionarios interinos en plazos de 24 horas, “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”. El único criterio de selección de estas plazas, que iban desde administrativos a conservadores de museos o técnicos de pesca, era la rapidez en la presentación de la solicitud. El TSJA censura el método, que “contraría de manera radical” la jurisprudencia y la propia Constitución.
El auto suspende la convocatoria de personal funcionario interino asimilado al Cuerpo General de Administrativos, publicada el 15 de septiembre. Fueron 250 puestos administrativos, asignados exclusivamente por orden de llegada. La resolución que ahora paraliza los efectos ha sido dictada por los cinco magistrados de la sala de lo contencioso administrativo en una pieza separada de medidas cautelares, a raíz de un recurso interpuesto por CCOO, que se opuso frontalmente a este método de selección.
En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, los magistrados se dicen sorprendidos por el hecho de que la Junta de Andalucía obviara la valoración de cualquier mérito para adjudicar las plazas: “Nos llama poderosamente la atención que en la convocatoria para la selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), para trabajar presencialmente, no haya más ”mérito“ y criterio de selección que tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”.
El auto suspende la convocatoria de personal funcionario interino asimilado al Cuerpo General de Administrativos, publicada el 15 de septiembre, de la que ya informó eldiario.es/Andalucía. Fueron 250 puestos administrativos, asignados exclusivamente por orden de llegada. La resolución que ahora paraliza los efectos ha sido dictada por los cinco magistrados de la sala de lo contencioso administrativo en una pieza separada de medidas cautelares, a raíz de un recurso interpuesto por Comisiones Obreras, que se opuso frontalmente a este método de selección. Las convocatorias se realizaron por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que dirige Elías Bendodo.
En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, los magistrados se dicen sorprendidos por el hecho de que la Junta de Andalucía obviara la valoración de cualquier mérito para adjudicar las plazas: “Nos llama poderosamente la atención que en la convocatoria para la selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), para trabajar presencialmente, no haya más ”mérito“ y criterio de selección que tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”.