El Gobierno andaluz ve “más viable” un acuerdo presupuestario con Vox que con el PSOE

La actualidad política andaluza todavía anda en chanclas. Las convocatorias de prensa de este miércoles para informar sobre los temas de actualidad en Andalucía han dejado, como en las primeras clases, un repaso a lo sucedido durante el receso veraniego. También desde los distintos partidos se ha abordado la cuestión de los próximos presupuestos autonómicos, que serían los cuartos en cuatro años de legislatura.

El Ejecutivo muestra su “voluntad” de aprobar las cuentas de 2022, pero necesita de Vox, que mantiene sus amenazas de ruptura definitiva. Este mismo lunes Santiago Abascal amagó, de nuevo, con romper “todo contacto” con el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía si no se acataban los puntos fijados en el acuerdo de investidura de enero de 2019.

En esta línea, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado que el único requisito para apoyar el presupuesto autonómico es que el Ejecutivo “cumpla lo prometido y con lo que hace a Moreno Bonilla presidente”. “La desconfianza” aumenta en este final de mandato y Gavira le devuelve la pelota a los populares. “Los presupuestos no dependen de Vox ni del PSOE sino del Gobierno de Andalucía”, ha rematado. 

El PP busca paliar la inestabilidad que Vox le otorga a su Gobierno con Ciudadanos. Su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha vuelto a valorar el trabajo de la formación de extrema derecha y está “convencido de que será una herramienta útil para impulsar la salida de la crisis económica y generar empleo”. Además ha asegurado que “es más viable un acuerdo con Vox que con el PSOE” para la aprobación de los presupuestos andaluces de 2022. Le antecede la convalidación de tres acuerdos presupuestarios en estos tres años de legislatura. 

Por su parte la portavoz adjunta de los socialistas andaluces, María Márquez, ha expresado que su formación está “dispuesta a abrir un diálogo desde ya”. Ha recalcado que la oferta del PSOE para apoyar las cuentas autonómicas es “sincera” porque “por encima de los intereses tácticos de los partidos están los andaluces”. El partido socialista abre la mano con la condición de que el texto recoja sus “líneas estratégicas” y no se fragüe un presupuesto “condicionado por los requisitos de Vox”.

De enrocarse las negociaciones, el Gobierno andaluz tiene la posibilidad de prorrogar las cuentas autonómicas como anunció el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. Esta posibilidad también es respaldada por el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, que mantuvo que “no sería mala opción cuando en 2022 va a haber elecciones”. De momento, el Ejecutivo sigue apelando al “al acuerdo, al consenso y al diálogo” para contar con el beneplácito de los diferentes grupos parlamentarios.

El debate de la luz

Con la quinta ola de retirada, el Ejecutivo ya busca la manera de impulsar la recuperación económica y social. Pero antes, la “prioridad” del Gobierno andaluz está en la salida de la crisis sanitaria de la Covid-19. La piedra de toque es la “inmunidad de grupo”, como ha resaltado el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto. Este objetivo está más cerca: 6 millones de andaluces, de los casi 8.5, ya tienen la pauta vacunal completa, es decir, un 71,6% de la población.

Si remite la emergencia sanitaria, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, puede poner sus esfuerzos en reactivar el tejido productivo y en la creación de empleo. El reto, según Nieto, pasa por atajar los recientes problemas derivados del coste energético. El PP andaluz se ha quejado de este “descontrol” que “pone en riesgo los servicios públicos y la economía de las familias y de las empresas andaluzas”. 

Por ello, el portavoz de los populares ha avanzado que su grupo llevará una iniciativa al próximo pleno, fijado para el 15 de septiembre, para el control de los costes energéticos en España. El proyecto reflejará una “simplificación de la factura para favorecer la transparencia y para que sea más fácil saber si hay abusos” a la par que se “garantiza una franja de rentabilidad de las eléctricas que sea compatible con la viabilidad de la economía familiar y la pequeña empresa”.

Al PSOE “no le vale” esta proposición ya que resta “responsabilidad” al PP. “Podría haberlo hecho antes, cuando gobernaba”, ha expresado Márquez, que ha apuntado que “el sistema no es justo y es un tema que trasciende el Gobierno de España y que se debe solucionar en Europa”.

Menos refuerzos en las aulas

El arranque político coincide con el inicio del calendario escolar. Este miércoles se han iniciado las clases en los centros de Educación Infantil en otro “curso extraordinario”, como apuntó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes. 

“Solo Madrid y Andalucía han reducido la contratación de docentes”, ha expresado la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) en la comisión de Educación, Ana Naranjo, que ha lamentado la “pérdida de 2.700 docentes”. Cabe precisar que la comparación de la confluencia con respecto a los “8.000 docentes” del año anterior es errónea ya que esa cifra incluía a los profesionales de la limpieza, a coordinadores Covid, 609 docentes de Formación Profesional y de atención al alumnado de necesidades educativas especiales y a casi un millar de docentes de refuerzo destinados a la escuela concertada. Un total de 6.419 profesores que en este año sólo llegan a 5.300 (4.600 en los centros públicos y 700 en los concertados)

Naranjo denuncia esta bajada en el número de docentes de refuerzo con respecto al curso 2020 y duda del cumplimiento de las medidas de seguridad sin los mimos y sin los “desdobles en las aulas”. UPporA ha reivindicado el “blindaje” de la educación pública que “no es una prioridad para el Gobierno andaluz”.

Precisamente la comunidad educativa ha convocado una concentración a las puertas del Parlamento andaluz este miércoles 1 de septiembre para pedir el mantenimiento de las líneas educativas, de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y de los cupos de refuerzo, entre otros ruegos.

Imbroda confirmó el número de docentes, 5.300, para los centros educativos, cifra que también ha criticado el PSOE. “No entendemos que no haya una bajada de las ratios en las aulas, que es donde está la mayoría de la población no vacunada”, ha dicho Márquez sobre esta decisión que considera “errónea”. 

Tanto PSOE como UPporA se disputan el liderazgo en la oposición. Los socialistas han iniciado el “proceso de escucha activa” con los representantes sociales, colectivos y sindicatos de Andalucía en una estrategia para tener “los oídos pegados a la calle”. El primer paso ha sido iniciar una ronda de reuniones donde los primeros contactos han sido con los sindicatos UGT y CCOO. 

Mientras, UPporA quiere consolidar su “línea de oposición rigurosa y seria” ante las políticas del Gobierno andaluz como ha insistido su portavoz parlamentaria Inmaculada Nieto, que ha afeado que el Ejecutivo autonómico mantenga la “confrontación con el Gobierno central eludiendo dar explicaciones sobre temas que son de su competencia”. En este aspecto “la educación y sanidad pública son más sangrantes”, ha dicho.