La Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado este domingo de que un informe del Consejo de Estado, a petición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas”, y “advierte que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Fátima Báñez por falta de competencia”.
Su comparecencia había sido prevista a petición del grupo parlamentario del PSOE-A que pretende demostrar que el sistema seguido por la Junta de Andalucía para otorgar las subvenciones es el mismo que se aplica por parte del Gobierno de España, y en otras comunidades autónomas, si bien la citación de responsables de éstas fue rechazada por el resto de miembros de la comisión de investigación y sólo consensuaron la presencia de Fátima Báñez.
Desde la presidencia de la comisión de investigación, que ostenta el diputado de C's Julio Díaz, ha confirmado que la esperan “a la hora que estaba citada” para comparecer en dicho espacio. Fuentes cercanas a la presidencia han confirmado a Europa Press que el informe “pertenece a un órgano asesor y no es ni mucho menos vinculante”. En esa línea, defienden que “el Parlamento de Andalucía es perfectamente competente para citar a la ministra y a quien estime oportuno que pueda arrojar luz a la comisión de investigación”.
Según el dictamen, “esa presencia vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias”, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota en la que detalla que, en su dictamen número 193/2006, que “recoge una doctrina consolidada desde 1986, el Consejo de Estado afirma que el Parlamento de Andalucía es incompetente para requerir la presencia de un ministro tanto por razón del sujeto como del objeto” de la misma.
Este dictamen se conoce la víspera del día en que la comisión de investigación, constituida en el Parlamento de Andalucía para buscar posibles responsabilidades políticas en el fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy, tenga prevista la comparecencia, entre otros, de la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social. En concreto, este lunes 16 de mayo a las 18.00 horas.
El dictamen insiste en que el “el control del Gobierno de la Nación corresponde a las Cortes Generales, tal y como recoge el artículo 108 de la Constitución Española, al prever que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.
Igualmente, “tras constatar falta de competencia del Parlamento de Andalucía para requerir la comparecencia de la ministra, el Consejo de Estado, considera que es preciso destacar que, aun cuando el periodo investigado se extiende a lo largo de 14 años, se incluye en la lista de comparecientes a quien ha venido ostentando esta magistratura durante los últimos cuatro años pero no, sin embargo, a quienes ocuparon dicha cartera durante la década precedente, ni tampoco a otros órganos superiores o directivos de dicho ministerio”.
En la misma líne, el documento detalla que “el ámbito autonómico al que se ciñeron tales subvenciones y el carácter también autonómico de los órganos que las otorgaron, unido a las distribución constitucional de competencias existente en la materia, son datos que conducen a pensar que la Administración General del Estado se mantuvo -en principio y en ausencia de evidencias que pudieran indicar otra cosa- al margen del proceso de concesión”.
Desde el Gobierno de España apuntan también que el Consejo de Estado recoge en su dictamen “una doctrina consolidada que se remonta a 1986, con la solicitud de comparecencia de los directores de los Medios de Comunicación del Estado en el Parlamento de Canarias”. Y agrega: “Esta doctrina se ha venido aplicando desde entonces a más de media decena de casos” y cita, entre otros, la comisión de investigación del Prestige, constituida por el Parlamento de Galicia; la solicitud de comparecencia del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el Gobierno de Valencia; los requerimientos dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en esta misma institución; o la solicitud de comparecencia del Gobierno de España y del exgobernador del Banco de España en el Parlamento de Extremadura.