La juez María Núñez, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado al Ministerio de Trabajo que informe sobre “cualquier cantidad” que, como consecuencia de la negociación y formalización de las pólizas a las que se refieren las resoluciones relativas a la Faja Pirítica de Huelva, “haya abonado a mediadores o agentes de seguros, en su caso, por cualquier concepto”.
De este modo, y dentro de la nueva línea de investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y malversación en las ayudas del Estado a la Faja Pirítica, la instructora ha dictado una providencia, fechada el día 7 de septiembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que atiende la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción y solicita distinta documentación al Gobierno.
En un escrito presentado el 13 de julio, el Ministerio Público hace referencia a una serie de certificados emitidos en 2003 por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativos a las empresas de la Faja Pirítica, empresas relacionas en unas diligencias policiales de fecha 19 de marzo de 2015 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.
En estos certificados, según la Fiscalía, se recoge que “el importe de la ayuda correspondiente a los trabajadores de la empresa..., por el concepto de convenio especial y ayuda al plan de prejubilación, que figura en la resolución que se une al expediente y que se tramita con el número de referencia, ha sido calculado por Atlantis Asesores SA y comprobados por esta Subdirección General”.
La participación de la sociedad Atlantis
En base a ello, realiza una serie de peticiones que han sido aceptadas por la instructora, que ha pedido a la Subdirección General referida que aporte “detalle de todos los expedientes de sociedades englobadas en Faja Pirítica en los que la sociedad Atlantis ha prestado sus servicios, especificando en qué consistieron los mismos”.
Asimismo, la juez Núñez le reclama que, conforme a lo detallado anteriormente, informe sobre “los contratos base de dichos servicios, detalle de facturación y forma de pago de los mismos si les constara a dicho centro administrativo”.
De igual modo, la magistrada pide que informe sobre “cualquier cantidad que como consecuencia de la negociación y formalización de las pólizas a las que se refieren las resoluciones relativas a la Faja Pirítica haya abonado a mediadores o agentes de seguros, en su caso por cualquier concepto”.
La magistrada, en su providencia, acuerda esperar a que se reciba toda esta documentación antes de pronunciarse sobre las demás solicitudes planteadas por la Fiscalía en su escrito.
Así, Anticorrupción aseveraba que, “habiéndose limitado” la magistrada “a una mera ratificación formal de los informes elaborados” por los peritos de la Dirección General de Seguros, sería necesario que, una vez recibida toda la información anterior, “se les de traslado a los peritos para que lo incluyan dentro de la documentación que han de disponer” para elaborar sus informes relativos a la Faja Pirítica.
¿Testigos del PP?
Además, la Fiscalía solicitaba que se oficiara a la Dirección General de Seguros para que aportara relación detallada sobre los informes relativos a las pólizas de rentas y capital que son objeto de investigación y que han sido entregados a la Guardia Civil, “así como previsión de entrega de todos los informes aún no confeccionados”.
De igual modo, señalaba que, “en un importante número de los informes ya elaborados por los peritos se recoge que, a diferencia de otras pólizas financiadas por el Ministerio de Trabajo, no se recoge la estipulación de compromiso de devolución a la administración pública pagadora de las cantidades que procediera su devolución por contingencias como el fallecimiento del asegurado e incluso llegando a recoger en las pólizas que dichas cantidades se abonarían a la mediadora”.
“Considerando que se trata de una omisión, o inclusión en el segundo caso, que ha originado un menoscabo de los fondos públicos destinados al pago de la prima de la póliza”, la Fiscalía pidió que los peritos cuantificaran dichos importes por póliza, “detallando necesariamente la compañía de seguros que ha admitido dicha práctica y la mediadora”.
La Fiscalía también interesó que, a la vista de la amplia documentación analizada por los peritos, estos informaran sobre el papel desempeñado por IFA/IDEA en el proceso de negociación/adjudicación/pago/seguimiento de las pólizas objeto de investigación en la causa, y “sobre las posibles irregularidades/anomalías en el proceder de cada una de las compañías de seguros adjudicatarias de las pólizas objeto de investigación y de la contribución de dichas irregularidades/anomalías en la fijación de las denominadas sobrecomisiones y no devolución de prima en los supuestos que hubiera procedido”.
Prejubilaciones e intrusos
En la providencia, la juez también resuelve un escrito presentado por el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y rechaza la petición para que volvieran a ser citados los peritos de la Intervención General del Estado a fin de preguntarles sobre las subvenciones acordadas por la Administración a la minería metálica de Huelva.
En su escrito, la defensa de Rivera también solicitaba a la juez que citara a declarar como testigos a los exdelegados del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo y al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, pero Núñez insta a esperar el resultado de las diligencias acordadas en la providencia.
Rivera había pedido que fueran citados Zaplana, como ministro de Trabajo cuando se tramitaron los ERE de la Faja Pirítica, y Zoido, como delegado del Gobierno en Andalucía cuando se tramitaron dichos ERE, en este último caso para que ratificara “si declaró públicamente que en las pólizas formalizadas tras el proceso de prejubilaciones de las compañías mineras no hubo ningún intruso en las mismas”.
En el caso de Carmen Crespo, la defensa de Rivera había interesado su declaración para que explicara “si hubo bloqueos de la información y documentación requeridas” por la comisión de investigación sobre los ERE que se creó en el Parlamento andaluz en relación a las ayudas a las empresas englobadas en la minería metálica de Huelva o Faja Pirítica.