El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha ordenado a todos sus consejeros aplicar un recorte “fijo e invariable” del 5% del presupuesto en todos los entes instrumentales de la Administración. El mismo ajuste para todas las agencias del sector público con independencia de su tamaño y la función que desempeñen, desde la Radio Televisión Pública Andaluza, a la Agencia de Energía o un centro hospitalario que también tiene la condición de ente público. El recorte debe ejecutarse y acreditarse “de inmediato”, y el ahorro “se detraerá del capítulo de gasto corriente en lo que atañe a la compra de bienes y servicios”, confirman fuentes de la Consejería de Hacienda.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se ha reunido esta semana con el resto de miembros del Gobierno para explicarles la situación financiera que atraviesan, “haciéndoles partícipes de la necesidad de ajustar más aún el gasto superfluo. ”Se les ha pedido que no se pongan ansiosos con el poco margen de maniobra que les ofrece Presupuesto en vigor (prorrogado de 2018), prometiéndoles que el año que viene tendrán más margen de gasto“, explican fuentes del Ejecutivo andaluz. Bravo trabaja ahora con el Presupuesto en vigor y en junio espera presentar el borrador de las cuentas de 2020, las primeras que recogerán las prioridades de ingresos y gastos del nuevo Ejecutivo.
Cada consejería tiene que manejar ahora un presupuesto prorrogado y plantear sus necesidades para el año que viene. En el marco de este debate, Hacienda ha ordenado a todos los entes instrumentales de la Junta “que intenten excluir un 5% de su gasto corriente”, sin tocar la plantilla, pero limitando la compra de bienes y servicios. La decisión ha generado mayor “preocupación y rechazo” en Canal Sur, según fuentes del Ejecutivo andaluz, que tendrá que detraer esa partida de los contratos con las productoras externas que elaboran algunos de sus programas.
La idea es prescindir de servicios auxiliares y de aprovisionamiento para lograr un ahorro en el sector público de la Junta de Andalucía que aún no está calculado. Es una medida que entronca con otras decisiones del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para adelgazar el sector instrumental, el número de altos cargos y eventuales, para lograr un ahorro “simbólico”, pero que marque “otra forma de hacer política”. “La prioridad no está en el gasto corriente, sino en los servicios esenciales y en otro tipo de obligaciones de gasto, como la subida del sueldo de los funcionarios o el cumplimiento del déficit público”, sostiene desde la Consejería de Hacienda.
La Dirección General de Presupuestos de la Junta trabaja con un horizonte “inédito de tres presupuestos en un año”: las cuentas del 2018 que prorrogó el anterior Gobierno del PSOE, adaptadas a la estructura del nuevo Ejecutivo y al cierre de la contabilidad; los nuevos Presupuestos de 2019, que se presentarán en la Cámara en mayo (previsiblemente antes de las municipales del día 26), y los siguientes Presupuestos de 2020, que se empezarán a elaborar un mes después, en junio.
El calendario de Hacienda es vertiginoso, sobre todo teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2019 y 2020 tienen que pactarlos PP y Ciudadanos, y luego negociarlos con Vox, la fuerza ultraconservadora que sustenta al Gobierno de Moreno Bonilla.