Con el adelanto electoral el pasado junio decayeron una decena de iniciativas legislativas que ya habían empezado su tramitación parlamentaria, entre ellas, la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para indultar regadíos ilegales en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, prometió entonces que todas las leyes que habían quedado paralizadas serían reenviadas al Parlamento en el primer periodo de sesiones, pero ahora su Gobierno con mayoría absoluta ha enfriado el calendario de la polémica ley de regadíos apelando al “grave problema de sequía”.
Andalucía, como el resto del país, se enfrenta a un año de sequía acuciante que pone en riesgo el sector agroalimentario de la comunidad -que representa el 12% del PIB regional- y el sector servicio, otro motor de la economía regional muy dependiente del agua. La reserva de los pantanos está en mínimos históricos, pero la situación ya era crítica antes de las elecciones de junio.
De hecho, así lo atestiguaron los agentes sociales que fueron convocados por el Parlamento al final de la legislatura pasada para debatir la proposición de ley sobre la ampliación de cultivos próxima a Doñana. “No se pueden ampliar regadíos donde no hay agua. No tiene sentido hablar de trasvases de ríos donde no hay agua”, sentenció el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, con un discurso durísimo. “Es desleal, frívola, irresponsable e inconsciente”, advirtió a sus autores.
La medida, lanzada por los partidos que sustentaban el Gobierno andaluz [PP, Ciudadanos y Vox] poco antes de las elecciones del 19 de junio, motivó el rechazo rotundo tanto del Ejecutivo central y las asociaciones ecologistas como de la Comisión Europea y la Unesco, que advirtieron por escrito a España de posibles sanciones millonarias en caso de que ésta prosperase. Toda la documentación contraria a la norma que defendía Moreno hablaba, entonces, del grave problema de sequía que sufría Andalucía, España y Europa en su conjunto, con especial incidencia para los acuíferos de Doñana.
Sin embargo, es ahora cuando la sequía ha irrumpido con toda su gravedad en el discurso y la agenda del presidente Moreno, que pone el acento en la falta de infraestructuras hidráulicas que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE andaluz, en cambio, aprieta a la Junta para que ejecute las obras hidráulicas de su competencia, declaradas de interés autonómico por el Consejo de Gobierno en 2021, y pendientes de su ejecución desde entonces.
Gabinete de crisis y grupo de trabajo
El Gobierno andaluz y la oposición se han conminado a negociar una estrategia común en el Parlamento sobre el problema de la sequía, tratando de evitar la confrontación partidista, pero la proximidad de las elecciones municipales y generales hace tropezar ese propósito cada día. La Junta tiene competencias sobre un tercio de las infraestructuras hidráulicas de la comunidad, mientras que el Gobierno central es responsable del 67% de las cuencas andaluzas.
El impacto entre el problema del agua y la propuesta de indultar regadíos junto a Doñana parece inevitable. El asunto va a aflorar más allá del discurso y las buenas palabras una vez que Vox ha decidido volver a registrar la proposición de ley que firmó hace menos de un año con el PP, y que llegó al Parlamento con sus votos, los de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Vox tiene más diputados ahora que en el mandato anterior [14 escaños] y, por tanto, su cupo de iniciativas en el Pleno le permitiría rescatar aquella proposición de ley con o sin la firma de los populares.
Fuentes del grupo parlamentario ultraconservador confirman a este periódico que el compromiso político es recuperar aquella iniciativa cuanto antes, aunque por ahora no está cerrada la fecha para llevarla a registro en los próximos plenos. Para el grupo de extrema derecha sigue siendo “una prioridad, aunque para Moreno ya no lo sea desde que ganó las elecciones”.
Vox ya inquirió directamente sobre los acuíferos de Doñana y la propuesta de ampliar la zona de cultivo a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el pleno del pasado miércoles, el primero del primer periodo de sesiones de esta legislatura. El diputado Rafael Segovia le preguntó directamente si pensaban recuperar aquella iniciativa, bien en forma de proyecto de ley -presentado por el propio Gobierno- bien con la misma fórmula de proposición de ley (a través de los grupos parlamentarios).
En la pasada legislatura optaron por promover la iniciativa desde los grupos que sostenían al Gobierno, y no directamente desde el Ejecutivo, evitando así la obligación de pedir un informe al Consejo de Participación de Doñana, que habría sido demoledor con la propuesta, a juzgar por el discurso que Delibes dejó en el Parlamento en la ronda de consultas a los agentes sociales. La oposición de izquierdas se lo reprochó así. Moreno, en cambio, argumentó que eligieron esa vía para que la tramitación fuera más participativa y contara con las aportaciones del resto de formaciones políticas y los agentes sociales.
El miércoles, Crespo se mostró esquiva y evitó responder a la pregunta del diputado de Vox. En su lugar, desvió el debate hacia las infraestructuras hidráulicas que dependen del Gobierno central: el túnel de San Silvestre y los trasvases del río Tinto, Piedras y Odiel para abastecer de agua en superficie a los agricultores que defienden la medida, evitando así que sigan esquilmando ilegalmente el acuífero de Doñana.
La consejera de Agricultura suscribió el discurso de Vox en defensa de los intereses de los agricultores de la fresa, aunque en el Parlamento ya quedó constancia de la división que esta propuesta provocaba en el sector, con llamadas de alerta de aquellos que riegan con permisos y acorde a la legalidad. Fuentes del Ejecutivo andaluz y del PP regional confirman a este periódico que la proposición de ley “está parada” y que “no está en la agenda inmediata”, porque “la situación de sequía es grave y ahora hay que poner el énfasis en una estrategia global en materia de agua”.
El tema de la sequía fue protagonista del primer cara a cara de la legislatura entre Moreno y el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, que ha impulsado la creación de un grupo de trabajo para abordar este asunto desde la lealtad institucional, y sin “buscar la confrontación sistemática con el Gobierno central”. El Pleno del Parlamento acordó el jueves crear en el seno de la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ese grupo de trabajo propuesto por los socialistas.
Horas antes, el presidente andaluz había informado a la Cámara de la constitución de un “gabinete de crisis de lucha contra la sequía” en el seno de su Gobierno, y alertó de que si no llueve en otoño, la situación económica de Andalucía puede agravarse aún más, porque “tiene una fuerte dependencia del sector alimentario y del sector servicio, y ambos consumen muchos recursos hídricos”.
“Si no llueve este otoño, tendremos un grandísimo problema entre nuestros agricultores, ganaderos y consumidores, y ralentizará aún más la economía andaluza”, dijo Moreno, orillando la propuesta de ampliar la zona regable en el entorno de Doñana, y enfocando el debate hacia la necesidad de acelerar la puesta en marcha de desaladoras y otras infraestructuras que ayuden a reutilizar el agua que ya consumimos.
El Parlamento aprobó el jueves la proposición no de ley del del PP, gracias a su mayoría absoluta, que reclama al Gobierno un nuevo decreto de sequía que incluya medidas potentes y de ejecución inminente, con una dotación económica acorde a las actuales circunstancias, y que tenga a Andalucía como uno de los principales territorios más perjudicados por la sequía. La iniciativa contó con apoyos parciales de los grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía. El grupo socialista y Vox rechazaron el punto relativo a que el Gobierno apruebe un nuevo decreto de sequía.
Una iniciativa en precampaña electoral
La proposición de ley que abre la puerta a la regularización de más de 1.400 hectáreas que utilizan de manera ilegal agua de Doñana para sus cultivos, principalmente frutos rojos, se registró en el Parlamento el pasado enero por partida doble: el mismo texto firmado por PP y Ciudadanos por un lado y por PP y Vox por otro [los naranjas no querían estampar su rúbrica junto a la ultraderecha, aunque durante el mandato lo hicieron en varios acuerdos presupuestarios].