Cuando PP, Cs y Vox registraron en el Parlamento andaluz su proposición de ley para dar una amnistía a 1.460 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana que toman el agua del Parque Nacional de manera ilegal, se insistió en que la iniciativa contaba con un gran respaldo porque salvaguarda el motor económico (el cultivo de frutos rojos) de los cinco municipios onubenses que se beneficiarán de este indulto: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. En cambio, tanto el Gobierno central como las organizaciones ecologistas y la Mesa Social del Agua avanzaron que la propuesta puede generar un conflicto social en la comarca. A día de hoy, parece que las cosas están más cerca de esta segunda versión, porque lo que ha conseguido la proposición de ley es desatar una guerra por el agua en la que los agricultores legales empiezan a moverse al percibir que esta jugada les perjudica.
El primer paso lo ha dado la asociación Puerta de Doñana de Almonte –la más importante de la comarca al aglutinar a más agricultores, más empresas y mayor volumen de facturación– con su decisión de abandonar la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Se resquebraja así el monolítico frente común que el sector ha mantenido durante años para demandar agua, y lo hace porque los agricultores de Almonte (el municipio más importante de la zona) consideran que la plataforma ha pasado a impulsar la regularización de cultivos ilegales, lo que tarde o temprano se traducirá en una mayor presión para repartir el agua que ahora ellos usan con todas las bendiciones legales.
“Los agricultores de Almonte consideran que esta plataforma, desde hace tiempo, no defiende los intereses generales de todos los regantes, sino más bien los intereses particulares de una minoría”, reza el escueto comunicado con el que Puerta de Doñana rompía la unidad imperante durante años. Y lo hace, subraya, con el apoyo del Ayuntamiento almonteño, “propietario mayoritario de las tierras” y gobernado por una coalición formada por Mesa de Convergencia (que ostenta la Alcaldía de manos de Rocío del Mar Castellano) y PSOE.
El Consistorio, por cierto, ha expresado “su apoyo incondicional” a sus agricultores y “rechaza” la regularización impulsada por PP, Cs y Vox, a los que acusa de “intentar sacar rédito electoral prometiendo a los agricultores cuestiones que son irrealizables”. El gobierno local asegura que no se opone a la revisión del Plan de la Fresa, pero recuerda que su aprobación supuso la pérdida de 900 hectáreas regables en su término municipal, “por lo que de producirse alguna regularización debería iniciarse en este municipio”. Y si al final hay regularizaciones, reivindicará que “se garantice el agua superficial a nuestros agricultores que están de forma legal por el bien de la agricultura, Doñana y la sostenibilidad ambiental”.
Estos agricultores suponen alrededor de la mitad de los que integran la plataforma y aglutinan más del 65% de la superficie agrícola regable de la demarcación del Guadalquivir dentro del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, el Plan de la Fresa, la norma aprobada en 2014 por la Junta de Andalucía que ahora quiere modificar la proposición de ley de PP, Cs y Vox con el amparo del propio Ejecutivo andaluz (PP-Cs). Cuentan también con tierras en los municipios cercanos, pero sus cultivos en Almonte son los más cercanos al corazón del Parque Nacional.
Las tensiones en la plataforma (que también concentra a ayuntamientos, sindicatos, organizaciones agrarias y entidades empresariales) han terminado por estallar cuando el foco se ha puesto no sólo en el agua, el objetivo que unió a todas las partes, sino también en el suelo. Y en esta línea va la proposición de ley: regularizar 1.460 hectáreas para que así el Gobierno andaluz les reconozca que pueden regarse… aunque el agua después la tiene que conceder otra administración, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que insiste en que no podrá atenderse esta demanda y que se está engañando a los regantes.
Tanto WWF como Ecologistas en Acción señalan que Puerta de Doñana congrega a los agricultores que mejor lo están haciendo y que más cumplen con la legalidad, de hecho hay cientos de hectáreas todavía en proceso de regularización al amparo del Plan de la Fresa. La situación ha estallado porque consideran que se premia a los que llevan años esquilmando de manera ilegal el acuífero de Doñana, y que este indulto supondrá que habrá que repartir entre más plantaciones la poca agua que ya hay. Y todo ello en un contexto de sequía, en el que las previsiones apuntan a menos permisos hidráulicos y en el que será más fácil recortarle a los que tienen su situación regularizada al tener contadores controlados por la CHG.
Así que los agricultores de Almonte han dicho hasta aquí. En paralelo, tienen abierta una discreta vía política con reuniones con todos los partidos para intentar hacerles ver el conflicto que la proposición de ley va a desatar en la comarca. En contraste, la plataforma de la que se han ido ha mantenido encuentros con los impulsores del proyecto (PP, Cs y Vox), a la vez que denunciaba el veto del PSOE a este proceso y la “amenaza” del Gobierno central de no dar agua. Y mientras el Condado empieza a convertirse en un polvorín, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), insistía en Bruselas que no se van a aumentar las hectáreas de regadío y que, en última instancia, no prevé sanción alguna de la Unión Europea porque “vamos a cumplir con la legislación”.
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