El Gobierno de Juan Manuel Moreno lleva abonando desde 2019 –su primer ejercicio presupuestario– las ayudas legales a miles de prejubilados salpicados por el caso ERE que el PP y la Junta insisten en incluir en “el robo de 680 millones”. Los populares, aún hoy, usan la cifra de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, que la Junta siguió abonando cuando el PP llegó al poder. Y lo seguirá haciendo hasta mediados de 2026, confirman desde el Ejecutivo andaluz.
“Un fraude de 680 millones de euros en Andalucía”. “Se robaron 680 millones que necesitaban los parados andaluces”. “Que devuelvan los 680 millones de los parados andaluces”. Los principales dirigentes del PP andaluz y del Gobierno de Juan Manuel Moreno llevan días martilleando esta cifra –el cómputo global que aparece en la sentencia condenatoria del caso ERE– al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena por prevaricación contra la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, y otras que se avecinan en similar sentido con el delito de malversación, que han venido a romper los “eslabones necesarios” del caso como dijo el Supremo.
Hablan del “mayor caso de corrupción de la historia”, como hizo el propio Moreno el miércoles pasado en el Parlamento, durante el debate de política general. El presidente andaluz se jactó de que la Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”, y que viene reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa que siguen abiertas.
Lo que no dijo Moreno es que, cada año, su Gobierno consigna una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a los prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. Es decir, mientras por un lado denuncian un “robo” genérico de 680 millones –la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales–; por otro lado siguen abonando esas ayudas a los miles de trabajadores que tenían y tienen derecho a percibirlas. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha amenazado este lunes al PP con querellarse por injurias ante los tribunales si siguen hablando de “robo genérico de 680 millones” y señalando a su partido o a dirigentes concretos ya exculpados.
En su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Gobierno de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE, y en lo que va de año ha pagado 2,02 millones de euros más, detallan fuentes de la Consejería de Empleo de la Junta de acuerdo al estado de ejecución de las pólizas de seguros de rentas, derivadas de las ayudas contempladas en el Decreto Ley de 2012 que puso en marcha la Junta como nuevo de pago de los ERE para regularizar los abonos.
Como ya informó elDiairo.es Andalucía cuando la Audiencia de Sevilla sentenció la pieza política de los ERE, la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones. Si bien parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo, como ahora admite con sus actos el propio Gobierno del PP.
Las ayudas que se concedieron no fueron objeto de aquel mediático juicio, ni su concesión, ni su pago, pero se sentenció que procedían de un dinero malversado (un delito que esta semana que el TC revisará) mientras decenas de piezas desgajadas se siguen instruyendo dentro de la macrocausa. El PP se llegó a descolgar en un momento dado con una cifra que nadie contempló durante la instrucción, llegando a cifrar el fraude en “1.200 millones de euros”.
Fuentes de la Consejería de Empleo calculan que, por las edades de los beneficiarios que aún siguen percibiendo las ayudas, “quedan pagos hasta mediados de 2026”. Se trataría de los reales beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Junta de Andalucía, en torno a unas 6.400 personas en total.
La Junta ha rehuido aclarar cuánto queda por pagar del total de las ayudas de los ERE ni cuánto se ha abonado ya en total. Ese dinero, cabe recordarlo, serían fondos legalmente distribuidos que habría restar al fraude de 680 millones que cifraron la Audiencia de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción. Según las estimaciones realizadas por la misma Consejería de Empleo, desde mayo de 2021, todavía faltaban por abonarse 60,9 millones de euros en ayudas sociolaborales.
Algunas de las defensas también plantearon en el juicio del 'procedimiento específico' que no podía enjuiciarse a los acusados por malversación porque no habían sido llamados al caso los “partícipes a título lucrativo”, es decir, esos más de 6.000 beneficiarios reales de las prejubilaciones.
En mayo de 2015 ya lo planteó una empresa afectada por un ERE pero aún ningún tribunal ha sabido concretar cuánto de ese dinero han cobrado ya aquellos trabajadores que, de buena fe, al margen de los 'intrusos', se acogieron al ERE de su empresa. Los prejubilados de Mercasevilla, sin ir más lejos, siguen buscando a estas alturas una solución extrajudicial con el Ayuntamiento de Sevilla, sin conseguir cerrar el círculo que, involuntariamente, abrieron una vez. La Junta, aunque tardó, adopto el criterio de la jueza Bolaños en los ERE: fueron ayudas a trabajadores, no a empresas.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla no estableció quién ni cómo se devolvía el desvío indebido de dinero público ni si tenían que responder de alguna manera, además de con la cárcel, las diez personas condenadas por delito continuado de malversación de caudales. Tan solo les obligó a pagar entre todos las costas del juicio. El tribunal no entró en el fondo de las ayudas concedidas, solo incluyó qué partidas se destinaron entre 2000 y 2009 a ayudar a empresas de manera fraudulenta.
Alaya elevó la causa al Tribunal Supremo en 2015 con una exposición razonada que cifraba en 855 millones de euros las ayudas fraudulentas. Tomó esa decisión porque parte de los imputados estaban entonces aforados, pero renunciaron a sus actas y el caso volvió a la Audiencia Provincial.
Sin embargo, el Supremo (durante la instrucción) tuvo tiempo para poner en duda esa cifra: dijo que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”. Es decir, que parte de esos 855 millones acabaron en los trabajadores que lo merecían, aunque no por el cauce debido. La tesis del Supremo coincidió con la de las defensas, que rebajaban la cantidad malversada a unos 140 millones de euros.
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