El ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, ha defendido en Expoliva una “aplicación nacional” de las ayudas comunitarias al campo. Cañete ha explicado que eso servirá para que “todos los agricultores de un determinado cultivo reciban el mismo nivel de apoyo en todas las partes del territorio, y para que no haya distorsiones de las competencias”.
Según el ministro, en la negociación se han eliminado los mayores riesgos para el sector aceitero. Se ha impedido la inclusión de 16 millones de hectáreas de nuevos cultivos –que habría obligado a repartir la ficha nacional entre más productores-, se ha logrado cierto margen de flexibilidad en la aplicación de las ayudas, y se ha clasificado al olivar como “cultivo verde” sin requisitos adicionales.
El ministro se ha mostrado convencido de que la Unión Europea “nos permitirá tener la suficiente flexibilidad para que la aplicación en España de la Política Agraria Común permita mantener los apoyos actuales a todos los cultivos, al olivar en particular”. Eso incluye, según Cañete que los agricultores “puedan seguir trabajando en el territorio con rentabilidad y competitividad”. Ha admitido que la flexibilidad en la aplicación de las ayudas es uno de los argumentos esenciales para el gobierno porque es consciente de que “hay muchas diferencias de coste de producción entre cultivos”.
A finales de junio, la Política Agraria Común (PAC) para 2014-2020 tendrá que estar aprobada y, enseguida, comenzará la negociación interna. Arias-Cañete ha asegurado que serán las 17 comunidades autónomas las que tendrán que definir, en una conferencia sectorial de Agricultura, como se aplicará la PAC. La conferencia está prevista para el mes de julio. De hecho, algunas organizaciones agrarias, como UPÄ ya han expresado su temor a los problemas que pueda ocasionar este debate nacional y las pérdidas que puede ocasionar a Andalucía.
La respuesta en contra del secretario general de UPA Andalucía, Miguel Rodríguez, ha sido inmediata: “Si el reparto es nacional, como pretende el ministro, el olivar, el algodón y el tomate industrial, en ese orden, serán los que paguen la reforma”, asegura. Rodríguez exige “un modelo que garantice que no haya transferencias entre territorios y lo menos posible entre explotaciones”, y advierte que “UPA no dudará en movilizarse de forma inmediata volviendo a sacar los tractores a la carretera”.
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La postura de la Junta de Andalucía
El consejero de Agricultura, Luis Planas, por su parte, ha destacado que es “muy importante” en el proceso de negociación de la PAC “a actualización de los precios de referencia”, es decir, la revisión al alza del valor mínimo del kilo de aceite para activar mecanismos de control sobre el mercado. En el actual sistema de almacenamiento privado del aceite de oliva –las ayudas comunitarias para guardar aceite cuando su valor cae y así forzar una subida - el precio mínimo lleva más de una década sin revisarse. También ha pedido una activación automática de este mecanismo regulador, para eliminar los actuales trámites que alargan los plazos.
Por su parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha evitado las preguntas de los periodistas. Su única intervención en Expoliva ha sido a través de un discurso en una entrega de premios. Ahí ha defendido que la reforma de la PAC que se está negociando debe tener “un presupuesto fuerte, suficiente, justo, sin tasa plana” para fomentar la actividad económica y productiva y que, además, debe ser “exigente con la sostenibilidad”. Griñán ha enfatizado que el olivar genera el 40 por ciento del empleo agrario en Andalucía.