El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha despedido este jueves al ex ministro socialista de Sanidad, Bernat Soria, que desde 2009 formaba parte de la Fundación Progreso y Salud y dirigía un equipo de investigación con células madres en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Una investigación interna, iniciada por el anterior Ejecutivo socialista, concluye que hubo “un posible fraude laboral” al corroborar que Soria “ocultó” negocios privados del mismo ámbito de investigación que desempeñaba para la Junta y que, por tanto, eran “incompatibles” con su cargo público. El científico valenciano compaginaba su puesto en la fundación con el trabajo en dos empresas privadas, una de ellas administrada por su hija. El patronato de Progreso y Salud, reunido este jueves de forma extraordinaria, ha decidido también rescindir el contrato de otro investigador de su equipo, el británico de origen indio Shom Shankar.
El cese del que fuera ministro de Sanidad del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo ha formalizado el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, pero en realidad venía allanado por una apertura de expediente del anterior Gobierno socialista de Susana Díaz. La ruptura de su contrato se debe a que ha vulnerado el requisito de exclusividad del cargo que desempeñaba para la Administración andaluza, y que ha compatibilizado con su actividad en la empresa privada, según fuentes de la Consejería de Salud. Bernat Soria, “el trabajador de la Junta de Andalucía que más cobra”, en palabras del titular de Presidencia, Elías Bendodo, ingresó 1,2 millones de euros desde 2009 como responsable del Cabimer y director del Plan Andaluz de Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
En este puesto cobraba un plus de exclusividad de 5.000 euros al año, que ha incumplido porque en este tiempo ha estado vinculado a dos empresas cuyo objeto de investigación era el mismo que el del Cabimer. Las sociedades a las que estaba ligado Bernat Soria son Andalucell y Alidober. Un informe encargado por el anterior Gobierno socialista a la auditoría privada PwC (Pricewaterhouse Cooper) sostiene que el ex ministro había diseñado un entramado para ocultar su incompatibilidad, poniendo a su hija como administradora de la empresa Alidober, de la que él aparece como apoderado. La apertura de expediente de investigación contra Bernat Soria es del 8 de enero de 2019, estando aún el Gobierno en funciones. En el caso del investigador Shom Shankar, su apertura de expediente es muy anterior, de octubre de 2018. Su contrato se rescinde porque, en teoría, no vigiló ni denunció la ausencia continuada de un trabajador de la Fundación Progreso y Salud de su puesto de trabajo.
“El Gobierno del cambio va a actuar con firmeza ante posibles fraudes laborales a la Administración, con independencia de cómo se llame el responsable. No podemos tolerar que haya trabajadores fantasma ni sueldos astronómicos sólo por haber sido de un Gobierno anterior o de un partido. Para cobrar hay que trabajar, conforme a la ley, sin excepciones ni trampas”, avisó el titular de Presidencia el pasado martes, dando a entender que Bernat Soria sería fulminado de su puesto este jueves, tras la reunión del patronato Progreso y Salud.
El ex ministro socialista, reconocido mundialmente por su investigación con células madres, fue el gran fichaje del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, que lo rescató para dirigir el Cabimer tras su salida del Gobierno de Zapatero. Luego Díaz le mantuvo en el puesto hasta que hace unos meses se ordenó una investigación contra él y otros miembros de su equipo por vulnerar el principio de incompatibilidad.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó la contabilidad de la fundación Progreso y Salud en 2010, ya alertó sobre el elevado presupuesto que absorbía esta entidad: 170.438 euros brutos anuales, incluyendo las nóminas, dos pagas extras y los incentivos. “Superiores a las establecidas en la tabla retributiva del personal directivo de 2010”, concluyó el informe de aquel año. El sueldo actual del científico valenciano, según fuentes de la Junta, ronda los 150.000 euros al año, el doble de lo que cobraba como ministro (81.155 euros anuales).