El Gobierno no reclamará la titularidad de la Mezquita. Así se recoge en la respuesta escrita que ha dado el Ejecutivo al diputado socialista, quien había preguntado si “reclamará el Gobierno la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, si “impugnará la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba” y si “presentará un recurso de inconstitucionalidad sobre el registro de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia”.
Ante esto y tras afirmar que no ha previsto reclamar la titularidad del histórico templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Gobierno ha añadido que tampoco entra en sus planes “impugnar la matriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba”. Del mismo modo, tampoco pretende presentar ningún recurso de inconstitucionalidad sobre el registro a nombre de la Iglesia. En realidad, la respuesta del ejecutico era previsible a la luz de las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las que aseguraba que “sería un despropósito expropiar la Mezquita”.
La crisis, un motivo para no expropiarla
En otra respuesta parlamentaria por escrito al grupo Izquierda Plural, el Gobierno aseguró que, aunque la Constitución admite que, conforme a las leyes, mediante la correspondiente indemnización y siempre que existan causas justificadas de utilidad pública, se podría expropiar la antigua Mezquita y Catedral de Córdoba, existen “numerosas razones” que “impiden” hacerlo, entre ellas, la “falta de recursos” y la actual situación de crisis económica.
“Sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al conjunto de la sociedad que en la actual situación de crisis, especialmente grave en esa comunidad, las administraciones públicas destinaran una ingente cantidad de dinero, que habría que sustraer de otras partidas más necesarias, a expropiar la Catedral de Córdoba”, precisaba.
Otra razón, según apuntó, sería que no se da ninguna de las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico que justifiquen ese fin social necesario para que se pudiera expropiar.
Además, indicó que, si se expropiara, el coste anual de su mantenimiento y los gastos extraordinarios de conservación también deberían ser asumidos por el Estado, todo ello, sin que se modificara el régimen de acceso a dicho monumento.
Se elimina la ley con la que la Iglesia inmatriculó la Mezquita
Estas respuestas del Ejecutivo se han producido poco después del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 13 de junio, por el que se aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria, en el que se elimina el actual sistema especial de inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. Con la futura normativa se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladarán al procedimiento normal de inmatriculación.
A este respecto el Gobierno ya ha explicado que el actual sistema, “fruto de unas circunstancias históricas y legislativas muy determinadas, ha dejado de tener sentido en la actualidad”. De hecho, en la memoria del proyecto se explica que esta autorización se otorgó en un contexto socioeconómico “muy diferente” del actual, influenciado aún por los efectos de las leyes desamortizadoras.
Además, el Gobierno justifica la desaparición de este tratamiento especial indicando que ha transcurrido “un tiempo suficiente” desde la reforma del reglamento hipotecario de 1998, que ya permitió la inscripción de los templos al culto católico, proscrita hasta entonces. A esto se suma, según ha apuntado ya el Ejecutivo, la “facilidad y normalidad actual en la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes”.
Hay que recordar que la inmatriculación que de la Mezquita-Catedral se realizó por parte de la Iglesia en 2006 para apropiarse de ella por 30 euros. Algo que con el cambio de ley no podría haber hecho.