El Gobierno ha reconocido por escrito, por primera vez, que la joven ciudadana española Maloma Morales se encuentra retenida ilegalmente en los campamentos de refugiados controlados por el Frente Polisario. La Presidencia del Gobierno le ha transmitido a la familia de Maloma que “desde que el 12 de diciembre de 2015 la Señorita (sic) Morales no pudo regresar a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trabaja activamente para ejercer la asistencia y la protección consular a la que, como ciudadana española, tiene derecho”.
Es decir, en su escrito, el gabinete de Mariano Rajoy no sólo reconoce que Maloma se ha visto retenida contra su voluntad, sino que ha activado un dispositivo diplomático para asistirla, como le corresponde a cualquier ciudadano español que vea conculcado sus derechos o tenga cualquier tipo de problema grave en el extranjero.
Asimismo, la Presidencia del Gobierno reconoce que tanto la dirección general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios (dirigida por Cristóbal Valdés), como el Consulado de España en Argel (cuyo cónsul es Cristian Font) y “otras autoridades”, han mantenido “contactos regulares con la interesada”.
El anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya comparó hace un año la situación de Maloma con la de los corresponsales de guerra españoles secuestrados en Siria (Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre).
Recogida de firmas para presionar al Frente Polisario
El Gobierno le ha remitido esta carta, tanto a la coordinadora de las familias de acogida de mujeres secuestradas en el Sáhara, como a las familias adoptiva de Maloma Morales y de acogida de Darya Embarek, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad.
La carta, fechada el 19 de abril, responde a la entrega de más de 4.000 firmas que solicitaban “la suspensión de todas las ayudas de carácter no humanitario, así como el apoyo institucional y político, al Frente Polisario y al movimiento solidario de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui hasta que sean puestas en libertad la española Maloma Morales de Matos y las otras 49 mujeres de origen saharaui residentes en España retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia)”.
Las otras mujeres cuentan con permiso de residencia en España (en el caso de Koria se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Valenciana en el momento de su secuestro), pero el Gobierno asegura que, al no tener la nacionalidad española o no estar adoptadas por familias españolas (como en el caso de Maloma), “nos impide ejercer la protección consular y reduce la fuerza de nuestros argumentos”.
El gabinete de Rajoy confía en que su situación se solucione “con urgencia y se respete su libertad de decisión” de volver a España, como han manifestado en innumerables ocasiones tanto a familias, autoridades, y a organizaciones no gubernamentales.
Se mantienen los programas de ayuda
Aunque la recogida apela específicamente “a la suspensión de las ayudas de carácter no humanitario”, el Gobierno soslaya la petición, asegurando que mantendrán “los programas de ayuda humanitaria a los refugiados” saharauis, algo que no se había solicitado. La Diputación de Valencia ya presionó de esa manera al gobierno saharaui, cuando otra ciudadana española de origen saharaui, Mayuba Mohamed, estuvo tres meses secuestrada por su familia biológica hasta octubre de 2014. Dos semanas después, Mayuba estaba de vuelta en España. “Por desgracia, para que (el Frente Polisario) actúe, les tienen que retirar las ayudas. De allí no se escapa nadie”, señala Batiste Llopis, padre de acogida de Mayuba, a este diario. El Gobierno español apela a los “vínculos afectivos e históricamente irrenunciables con el pueblo saharaui” para no dar una respuesta positiva a la petición popular.
En el escrito que acompaña la recogida de firmas, las familias de mujeres secuestradas subrayan que Maloma Morales, al igual que el resto de mujeres retenidas, se encuentra privada de libertad por la fuerza, privada del reconocimiento de su identidad jurídica (al no reconocerse su identidad jurídica), se encuentra sometida a trato cruel y degradante y está privada de su derecho a circular libremente, así como de su libertad de expresión y de religión.
Además, Maloma Morales, según denunció su familia española de adopción, fue forzada el pasado mes de marzo a casarse en matrimonio de conveniencia. Ellos recuerdan que “Maloma no es libre” y que, por tanto, no pueden creer que acepte “este matrimonio por voluntad propia”.
Este diario no ha obtenido respuesta de las autoridades saharauis acerca de su posición sobre el caso. Hasta la fecha, han mantenido que se trata de “una guerra entre dos familias” y no de un delito (penado en España con hasta siete años de prisión) y una violación de derechos humanos.
Preocupación por el deterioro de los derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) ha mostrado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Argelia, país donde se encuentran los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Lo hizo a principios de abril, de cara al Examen Periódico Universal de Argelia (mecanismo del que se vale la ONU para mejorar los derechos humanos de una cuarentena de países). HRW alude, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, “a la situación de las mujeres saharauis en Tinduf”.
“Una serie de familias en los campos de refugiados saharauis en Argelia impiden que mujeres adultas que quieren abandonar los campos, puedan hacerlo. A pesar de que ha prometido que resolvería los casos, el Frente Polisario se ha mostrado incapaz de garantizarle a estas mujeres la libertad de regresar a España, donde residen legalmente”.
La única vez que la joven de Mairena del Aljarafae ha tenido la ocasión de expresarse con libertad durante este año y medio, Maloma manifestó su deseo de regresar a España. Así lo ha hecho en más de una ocasión cuando ha hablado telefónicamente con su familia y amigos de España. Human Rights Watch no es la única organización que ha denunciado la situación de estas mujeres con residencia en España. El año pasado, Naciones Unidas incluyó su caso en un informe sobre violación de derechos humanos en el Sáhara y su ex secretario general, Ban Ki-Moon, interrogó personalmente al fallecido presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, por las mujeres retenidas.
Asimismo, la semana pasada, la familia de acogida de otro ciudadano español, Azman Mohamed, también vecino de la provincia de Sevilla, denunció que se encontraba retenido contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de Tinduf. La carta del Gobierno no hace mención a su caso.