Con el foco de Vox fijo en la nuca de los expertos en la lucha contra la violencia de género que trabajan para la Junta de Andalucía, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha iniciado un plan para profesionalizar más su plantilla y, de paso, “poner orden” en el “descontrol” de los servicios de peritación judicial que tiene subcontratados. Hay dos objetivos claros en este plan, pilotado por el vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Juan Marín, y su equipo en la Consejería de Justicia: el primero es mejorar la administración de los recursos públicos que se destina a la lucha contra la violencia machista; el segundo es arrebatar a Vox la iniciativa política sobre este asunto, “para evitar mezclar su cruzada ideológica con posibles problemas de gestión”. “Queremos mejorar el sistema sin cuestionar el fondo de estas políticas ni a sus profesionales y, sobre todo, sin dejarnos arrastrar por esa obsesión del feminismo supremacista”, explican fuentes próximas al vicepresidente.
Vox fue el primero en plantear como problema las políticas públicas de lucha contra la violencia de género al estrenarse en el Parlamento andaluz reclamando por escrito los nombres y apellidos de los empleados públicos que evalúan a las mujeres víctimas de malos tratos. El líder del grupo ultraderechista, Francisco Serrano, les acusaba de emitir informes “ideológicos” movidos por un “feminismo supremacista”. La Cámara vetó su petición acogiéndose a la Ley de Protección de Datos, y Vox reformuló su pregunta reclamando los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los trabajadores, públicos o subcontratados, que elaborasen informes psicosociales o peritajes judiciales en asuntos de Familia para la Junta.
El grupo ultraderechista pedía estos datos “con indicación de su titulación académica (...), el tipo de vinculación profesional de cada uno: funcionario de carrera o interino, laboral fijo o temporal, o de contratación externa con la Junta en cualquier consejería”. También reclamaba la “situación detallada de cada uno de ellos en sus respectivos colegios profesionales”, detallando “el periodo de alta y baja” de cada empleado. La iniciativa de Serrano fue copiada por algunos ciudadanos que, a través del portal de Transparencia, también pidieron los nombres y apellidos de los trabajadores de violencia de género de Sevilla. La consejería elevó este martes a siete las peticiones de cinco ciudadanos para obtener datos de estos funcionarios.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, denunció este asunto durante el debate electoral en Atresmedia, acusando al Gobierno andaluz de fomentar “listas negras”, y enseñó a la cámara un oficio de la Junta informando a los médicos, psicólogos y trabajadores del Instituto de Medicina Legal sobre el requerimiento de sus datos personales, y el plazo de 15 días para presentar alegaciones, ajustado al protocolo de la Ley de Protección de Datos.
Como la segunda consulta de Serrano a la Junta sobre sus expertos en violencia machista sí se ajustaba a derecho, el gabinete jurídico de la Consejería de Justicia ha supervisado al detalle “hasta dónde podían llegar” en la cesión de información personal. Así, Justicia va a proporcionar a Vox y al resto de grupos parlamentarios el listado de los 130 empleados propios y externos que hacen los informes psicosociales para la Junta, pero sin nombres ni el número de colegiación, sin territorizalizar la información por provincias y, por último, ocultando el sexo de sus trabajadores en el perfil profesional para impedir “que sean fácilmente identificables” y evitar “cualquier cuestionamiento de su labor por razón de sesgo ideológico”.
La propuesta de “camuflar” el género de los trabajadores de violencia de género -una fórmula específicamente pensada para proteger a la plantilla de Vox- surgió de los propios funcionarios de Justicia que han recopilado esta documentación: en lugar de licenciada, se pondrá licenciado/licenciada; y en lugar de colegiada, se pondrá colegiado/colegiada. “Incluso se hizo una consulta a la RAE para saber si debíamos poner médico/médica”, explican fuentes de la Oficina Judicial y Fiscal del Ejecutivo andaluz. Con esta decisión, la Junta trata de cortocircuitar la ofensiva de Vox en contra de las políticas públicas en materia de violencia de género y sus trabajadores, para así centrar el asunto en los posibles problemas de administración que se han encontrado.
Colegiados y licenciados
Y han encontrado bastante “caos”, “descontrol” y “arbitrariedad” en la gestión de las subcontratas de empresas externas que elaboran los análisis psicosociales para la Junta. La Consejería de Justicia ha elaborado dos informes para dimensionar el problema, uno sobre el personal propio y otro sobre esas empresas externas que realizan peritajes judiciales para la Administración: Bajo el foco, de 120 a 130 profesionales entre propios y externos. El primer informe, que adelantó este periódico, supervisó a los funcionarios de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que evalúan a las mujeres maltratadas, y a los miembros de los Equipos de Familia, que valoran a los menores en casos de custodia compartida. El estudio reveló que el 40% de los psicólogos y el 50% de los trabajadores sociales adscritos a estos departamentos “no están colegiados, como exige la ley”. De un total de 75 funcionarios, 23 carecían de colegiación “porque venían desempeñando sus funciones desde mucho antes que la Justicia determinase que la colegiación es un requisito indispensable para los empleados públicos” (según la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013).
A raíz del informe, la Junta ha pedido a estos 23 trabajadores que se inscriban en sus respectivos colegios profesionales (18 psicólogos y 15 trabajadores sociales). No obstante, desde el departamento de Marín señalan que “la estrategia de Vox es cuestionar la profesionalidad de estos trabajadores poniendo el acento en que no pagan una cuota en un Colegio Profesional, como estar colegiado fuera la panacea, cuando la garantía clave es que estén licenciados y todos lo están”.
El segundo informe, desconocido hasta ahora, ha destapado un “descontrol caótico” en la contratación de las empresas que realizan servicios de peritación judicial para la Junta de Andalucía, las que elaboran informes psicosociales que luego se usan como prueba de cargo en litigios de familia (donde se dirime la custodia del menor) o por denuncias de violencia de género. La Consejería de Justicia durante el anterior Gobierno socialista, que dirigía Rosa Aguilar, “no usaba un patrón común para contratar esos informes”, que tenían un coste distinto en cada provincia, con una diferencia de hasta un 37% en el precio.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el anterior Gobierno socialista dejó comprometido un presupuesto de 217.050 euros para costear 748,4 informes psicosociales durante un plazo de ejecución de 24 meses (los contratos externos en algunas provincias están vigentes hasta enero de 2021). Se trata de contratos distintos para cada provincia (aunque se tratase de la misma empresa de peritaje) y con una diferencia del 37% en el precio de cada informe. La Consejería de Justicia licitaba el contrato a concurso público y los precios que pagaba por cada informe oscilan entre los 180 euros de un perito Huelva y los 284,35 euros en Málaga. También el volumen de cada informe psicosocial era distinto, uno podía ocupar diez páginas y otro 200 páginas.
Los servicios están subcontratados a través del contrato público que acaparan dos empresas especializadas en peritajes judiciales (lo mismo hacen informes sobre familia que tasación de vehículos o joyas): Tax Valoración S.L (del grupo Tinsa) y Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía. Sin embargo, hay dos provincias -Cádiz y Jaén- donde la Junta no había sacado a concurso este servicio, lo hacía a través de contratos menores, es decir, pedía un informe psicosocial a través de la Agencia técnica de Peritaciones S.L, y ésta emitía una factura.
El equipo de Juan Marín ha anunciado un aumento de la plantilla de las Unidades Integrales de Violencia de Género en todas las provincias, prevé también mejorar el sistema de contratación de los informes psicosociales con un sistema homogéneo en todas las provincias pero, sobre todo, quiere evitar que Vox ataque a sus trabajadores con sus consignas políticas. “Un juez de Familia puede elegir al perito que hace el informe en un litigio de pareja con un menor, Serrano es juez y lo sabe bien, por eso no tiene sentido ni la pregunta sobre nuestros trabajadores ni su denuncia”, explican desde Justicia.