Según ha informado a Europa Press Francisca Granados, una de los asesores jurídicos de Rivas, ante el hecho de que el próximo miércoles el Tribunal Constitucional (TC) se reúna para responder a una medida cautelar urgente que pide la paralización de la entrega de los niños, “se están convocando concentraciones en distintas las ciudades de España para reivindicar al sistema judicial español una respuesta adecuada al interés superior de estos menores”.
En este sentido, se han convocado concentraciones en ciudades como Granada (Plaza de la Caleta), Madrid (ante el Ministerio de Justicia) o Murcia (Ronda de Garay).
De otro lado, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Maracena (Granada) ha publicado este sábado una declaración institucional en la que muestra su respaldo a Rivas, y en la cual insta a las instituciones a tomar medidas urgentes “frente a lo que a todas luces constituye una resolución judicial injusta que implica un riesgo tanto para Juana como para sus hijos”.
En ella, el Consistorio maracenero resalta como “inconcebible” el hecho que la denuncia interpuesta por Juana en julio de 2016, “aún no se haya tramitado judicialmente”, algo que han achacado a “la falta de medios”, añadiendo que “el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de manera inmediata, al declararse incompetente para conocer del asunto, debió haber remitido de forma inmediata la denuncia al juzgado competente, en ese caso, a un juzgado de Italia, pero más de un año después, la denuncia sigue en España”.
“MEDIDAS URGENTES”
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Maracena han instado a todas las instituciones públicas que apliquen “de forma inmediata” el pacto de Estado alcanzado en materia de Violencia de Género, así como “de modo inmediato” el envío al juzgado competente italiano, de la denuncia interpuesta por Juana Rivas contra su expareja.
Igualmente, han requerido al Gobierno central como al de la Junta de Andalucía que dote a los Juzgados “de medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la agilización en la tramitación de asuntos entre los juzgados de España y otros países extranjeros o de los estados miembros”.
Finalmente, desde la Corporación Municipal han solicitado al poder legislativo a que realice las modificaciones “oportunas” en materia legislativa, para que cuando se de el supuesto de que un padre haya sido condenado por violencia de género o esté siendo investigado por este asunto, “siempre se tome declaración a los menores en cualquier procedimiento que pudiera afectarles y de igual modo se garantice que el órgano adscrito al juzgado que vaya a evaluarlos sea la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) al ser la unidad especializada en este ámbito”.